Chihuahua vuelve a ocupar un lugar que nadie quisiera presumir. Mientras los discursos oficiales hablan de estrategias, coordinación y resultados, la realidad en las calles sigue escribiéndose con sangre. El fin de semana dejó 12 personas ejecutadas en el estado, una cifra que coloca nuevamente a la entidad entre las más violentas del país y que confirma que la delincuencia continúa imponiendo su propia agenda.
El Informe Diario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revela que entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio se registraron tres homicidios el viernes, tres el sábado y seis el domingo. Doce asesinatos en apenas 72 horas. Chihuahua empató con Sinaloa como el estado con mayor número de víctimas de homicidio doloso durante ese periodo.
Los números son fríos, pero detrás de cada estadística hay familias destrozadas, comunidades que viven con miedo y autoridades que siguen sin ofrecer respuestas contundentes. Porque una cosa es presentar cifras cada mañana y otra muy distinta recuperar la tranquilidad de los ciudadanos.
El caso ocurrido la noche del domingo en el fraccionamiento La Ciudadela, en Cuauhtémoc, resume el momento que atraviesa el estado. Dos hombres fueron ejecutados a balazos en plena vía pública, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego. Cuando las corporaciones policiacas llegaron, únicamente pudieron confirmar que ambos habían perdido la vida.
Como ocurre con demasiada frecuencia, la escena fue acordonada, los peritos hicieron su trabajo, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación y los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense. El protocolo se cumple una y otra vez. Lo que sigue faltando son los resultados: detenciones, sentencias y, sobre todo, prevención.
La violencia ya dejó de sorprender. Ese es quizá el dato más preocupante. Las ejecuciones aparecen diariamente en los reportes policiacos hasta convertirse en parte de la rutina informativa. Lo extraordinario sería pasar un fin de semana sin asesinatos, no contabilizar una docena de víctimas como si fuera un dato más en una hoja estadística.
Las autoridades insisten en que los homicidios están relacionados con la disputa entre grupos criminales. Puede ser. Pero esa explicación ya no basta para una sociedad que observa cómo las balaceras, las ejecuciones y los ataques armados se acercan cada vez más a colonias, negocios y espacios públicos.
La seguridad no puede medirse únicamente por conferencias de prensa ni por comparativos mensuales. Se mide por la posibilidad de que una familia salga de casa sin temor a quedar atrapada en un hecho violento; por la confianza de que un crimen será investigado y castigado; por la certeza de que el Estado mantiene el control del territorio.
Hoy, Chihuahua sigue enviando un mensaje preocupante al resto del país. Doce ejecuciones en un fin de semana no son una coincidencia ni un hecho aislado. Son el reflejo de una violencia que continúa desafiando a las instituciones y de una estrategia que, al menos por ahora, no logra contener el avance de la criminalidad.
Mientras las cifras siguen creciendo y los expedientes se acumulan, la pregunta permanece sin respuesta: ¿cuántos fines de semana más tendrán que pasar para que dejar de encabezar las estadísticas de violencia se convierta en una prioridad que trascienda el discurso político?
