Entre el voto y el plomo
Mientras que en las oficinas de la capital el aire huele a encuestas, marketing y ambiciones electorales, en las brechas y carreteras de Chihuahua el aroma es a pólvora y abandono. La desconexión entre la clase política y la realidad del Estado ha alcanzado un punto crítico, donde la seguridad pública parece haberse convertido en un “pasatiempo” de medio tiempo para quienes deberían garantizarla.
Campaña en el Olimpo, Infierno en la Sierra
Resulta paradójico —por no decir insultante— que mientras el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, y el fiscal general, César Jáuregui, parecen tener la mirada puesta en las boletas de la próxima elección (uno suspirando por la gubernatura y el otro por la alcaldía), el estado que juraron proteger registra sus jornadas más sangrientas.
Las cifras no mienten, aunque el discurso oficial intente matizarlas. Los reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son una bofetada de realidad: 14 ejecuciones en apenas tres días. Chihuahua encabezó la lista negra nacional el pasado fin de semana, sumando muertos mientras los encargados del orden suman simpatías.
Cielos de fuego y Caminos tomados
Lo ocurrido en la sierra de Guadalupe y Calvo parece sacado de una narrativa de guerra que creíamos superada, pero que hoy está más viva que nunca. El ataque a balazos contra una avioneta en el Triángulo Dorado, que obligó a un aterrizaje de emergencia de personal minero, evidencia que el control del territorio no está en manos del Estado, sino de los grupos que disparan desde la maleza con total impunidad.
A este caos se suma el frente social. Eraclio “Yako” Rodríguez ha vuelto a poner el dedo en la llaga del campo. Al calificar como una “burla” los apoyos federales, el líder agrario expone una brecha estadística criminal: presumir ayuda a 40 mil productores cuando casi 5 millones languidecen en el olvido no es gestión, es propaganda. La toma de carreteras no es solo una protesta, es el síntoma de un sector primario que se siente traicionado tanto por la Federación como por la falta de mediación estatal efectiva.
El Alamillo: La impunidad a domicilio
Quizás el caso más emblemático de esta vulnerabilidad sea el de la familia LeBarón. Que 12 sicarios irrumpan en el domicilio de Julián LeBarón en El Alamillo “con total impunidad” —palabras del propio activista— desnudó la fragilidad de las promesas oficiales. César Jáuregui ha salido al paso asegurando que atiende el caso personalmente y que no permitirá ataques contra la comunidad. Sin embargo, para los LeBarón y para miles de chihuahuenses, las promesas de la Fiscalía ya no alcanzan para frenar las balas.
La Agenda de la Realidad
Chihuahua no necesita candidatos con placa de policía; necesita policías y fiscales de tiempo completo. No se puede pacificar un estado con una mano en el escritorio y la otra estrechando manos en mítines anticipados.
El despliegue de operativos tras los hechos consumados (como el de la avioneta o los homicidios del fin de semana) es siempre una reacción tardía. La prevención y la justicia requieren de una atención que la ambición política suele nublar. Hoy, entre avionetas derribadas, líderes amenazados y una agricultura en pie de guerra, la pregunta para Loya y Jáuregui es obligada: ¿Qué Chihuahua piensan gobernar mañana, si hoy se les deshace entre las manos?
