Primo político del rector acusado de abuso sexual.
¿Discurso o Compromiso Real?
La vinculación a proceso del catedrático Celso Ricardo Ordoñez Licona por el delito de abuso sexual ha colocado a la Universidad Autónoma de Chihuahua frente a una prueba que va mucho más allá de los tribunales. El caso ya no solo involucra la situación jurídica de un docente; hoy pone bajo escrutinio la congruencia institucional de una universidad que durante años ha prometido tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra sus estudiantes.
Durante la audiencia celebrada el pasado 25 de mayo, el juez determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso al académico. La defensa intentó desacreditar la acusación mediante cuestionamientos técnicos, insistiendo en la ausencia de una geolocalización telefónica y buscando diferencias terminológicas entre los conceptos de violencia sexual y abuso sexual. Sin embargo, el juzgador consideró que las declaraciones de las víctimas, respaldadas por otros testimonios y peritajes, eran suficientes para sostener la imputación en esta etapa del procedimiento.
Pero fuera de los tribunales surge una pregunta todavía más incómoda: ¿dónde está la Universidad?
Resulta imposible ignorar que el docente imputado mantiene vínculos familiares políticos con el rector de la UACH, Luis Rivera Campos. Tampoco pasa desapercibido que los hechos señalados ocurrieron en la Facultad de Contaduría y Administración, precisamente la unidad académica cuya dirección encabeza una de las figuras con mayores posibilidades de competir por la rectoría en el futuro cercano.
Y es ahí donde el silencio institucional comienza a generar más dudas que certezas.
Cuando Luis Rivera Campos asumió la rectoría, uno de los compromisos más reiterados fue garantizar espacios seguros para la comunidad estudiantil y actuar con firmeza ante cualquier conducta que atentara contra la integridad de los alumnos. Sin embargo, frente a uno de los casos más delicados que ha enfrentado la universidad en los meses, la respuesta pública ha sido prácticamente inexistente.
Ni la Rectoría ni la dirección de la Facultad han emitido mensajes contundentes para explicar qué medidas se han tomado para proteger a las estudiantes, cuáles son los protocolos activados o cómo se garantiza que las denunciantes puedan continuar su vida académica sin temor a represalias.
La percepción que comienza a instalarse es preocupante: que la defensa institucional de la imagen universitaria está ocupando más espacio que la defensa de la comunidad estudiantil.
Más aún cuando el caso adquirió notoriedad pública únicamente después de que un medio de comunicación lo hizo visible. A partir de ese momento, la discusión dejó de centrarse en la protección de las alumnas para enfocarse en la defensa jurídica del profesor y en minimizar los alcances de las acusaciones. Aunque toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a una defensa adecuada, la universidad también tiene la obligación moral y administrativa de enviar un mensaje claro de respaldo a quienes denuncian.
Aquí no se trata de condenar anticipadamente a nadie. La culpabilidad o inocencia del maestro deberá ser determinada por los tribunales. Pero una institución educativa no puede refugiarse en ese argumento para guardar silencio mientras sus estudiantes observan con incertidumbre cómo se desarrolla un caso de esta naturaleza.
Porque al final, el verdadero juicio no solo será para el catedrático vinculado a proceso. También será para las autoridades universitarias.
La pregunta es sencilla: cuando surgió una denuncia grave que involucraba a un integrante de su propia comunidad y a una persona cercana a los círculos de poder universitario, ¿la UACH actuó con la misma firmeza que prometió o prefirió proteger su estabilidad política?
Hasta hoy, la ausencia de respuestas contundentes deja abierta la duda. Y en temas de abuso sexual, los silencios institucionales suelen ser tan dañinos como los hechos que pretenden ignorar.
