Richard Halliday, agente de EU asesinado en Chihuahua en 2025; su familia denuncia a Maru Campos ante la FGR
Por Eduardo Arredondo
CHIHUAHUA.— El caso de los agentes estadounidenses muertos en la sierra de Chihuahua sigue levantando polvo político y ahora suma un nuevo frente: la familia de Richard Halliday denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora Maru Campos, al sostener que existen documentos que presuntamente demostrarían que tenía conocimiento previo de operaciones de inteligencia estadounidenses en la entidad.
La pregunta ya no es solamente quién autorizó el operativo antidrogas en el que murieron dos agentes vinculados con la CIA. La interrogante de fondo es otra: ¿qué sabían las autoridades estatales, desde cuándo lo sabían y quién debe responder si hubo coordinación con personal extranjero al margen de la ley?
De acuerdo con una investigación publicada por Animal Político el 21 de octubre de 2026, la familia Halliday afirma que la gobernadora habría recibido reportes de inteligencia sobre actividades estadounidenses en Chihuahua desde al menos un año antes del accidente ocurrido en abril de 2026.
Se trata de señalamientos graves que deberán ser acreditados ante las autoridades. Pero, por su alcance, merecen una investigación exhaustiva, transparente y sin privilegios políticos.
EL DISCURSO OFICIAL, BAJO ESCRUTINIO
Después del accidente en la sierra, Maru Campos declaró que desconocía la presencia de agentes estadounidenses o de la CIA en el operativo. La mandataria sostuvo que su administración colaboraba con las autoridades para esclarecer los hechos.
Sin embargo, según la denuncia citada por Animal Político, los familiares de Halliday aseguran contar con documentación que pondría en duda esa versión y piden a la FGR investigar si hubo conocimiento previo de las actividades extranjeras.
Aquí está el punto político más delicado: si existieron informes de inteligencia, comunicaciones oficiales o acuerdos operativos, las autoridades deben establecer quién los recibió, qué contenían y si se actuó conforme al marco constitucional mexicano.
No basta con las declaraciones de una parte ni con las acusaciones de la otra. Se necesitan documentos autenticados, testimonios verificables y una investigación que permita distinguir los hechos comprobados de las versiones todavía bajo investigación.
RICHARD HALLIDAY: UNA MUERTE QUE EXIGE RESPUESTAS
La familia de Richard Halliday sostiene que el militar estadounidense fue asesinado en circunstancias relacionadas con presuntas redes criminales y operaciones irregulares. También vincula sus acusaciones con hechos asociados al tiroteo de El Paso, Texas, ocurrido en 2019.
Esas afirmaciones forman parte de la versión de los familiares y no deben presentarse como hechos judicialmente acreditados.
No obstante, su denuncia plantea preguntas que la FGR tendrá que examinar: ¿qué ocurrió con Halliday?, ¿qué información posee el gobierno estadounidense sobre su fallecimiento?, ¿existen documentos que relacionen su caso con operaciones realizadas en Chihuahua?
La clasificación de su muerte como ocurrida en acto de servicio, registrada por el Departamento del Ejército estadounidense en enero de 2025, constituye un antecedente que requiere análisis, pero por sí sola no demuestra las circunstancias que la familia denuncia.
LA CIA, EL OPERATIVO Y LA RENUNCIA DE JÁUREGUI
El accidente que costó la vida a los agentes Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black destapó una controversia sobre la posible participación de personal extranjero en un operativo antidrogas sin autorización del gobierno federal.
El caso provocó la renuncia del entonces fiscal estatal César Jáuregui Moreno, quien posteriormente fue detenido y enfrenta acusaciones penales relacionadas con estos hechos, de acuerdo con la información publicada por Animal Político.
La investigación federal deberá determinar las responsabilidades individuales y establecer cómo se organizó el operativo, qué autoridades participaron y si hubo incumplimientos legales.
Pero hay una cuestión adicional: si la familia Halliday entregó documentos que apuntan a posibles comunicaciones previas entre autoridades estatales y agencias estadounidenses, ¿serán incorporados y examinados con el mismo rigor que las demás pruebas?
La respuesta corresponde a la FGR, no a las especulaciones políticas.
SOBERANÍA NACIONAL: ¿QUIÉN AUTORIZÓ Y QUIÉN INFORMÓ?
La Constitución mexicana establece límites a las relaciones que las entidades federativas pueden establecer con gobiernos extranjeros. Además, la cooperación en materia de seguridad debe respetar las competencias de las autoridades federales y las disposiciones legales aplicables.
La controversia obliga a esclarecer si los acuerdos de cooperación entre Chihuahua y Texas se mantuvieron dentro de esos límites y si existieron comunicaciones o actividades operativas que debieron ser conocidas por el gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que la cooperación en seguridad con Estados Unidos debe canalizarse a través del gobierno federal. Por su parte, Maru Campos ha negado conocer la presencia de los agentes estadounidenses en el operativo hasta el día del accidente.
Ambas posturas deben contrastarse con las pruebas que obren en los expedientes.
LA FGR TIENE LA PALABRA
La denuncia de la familia Halliday abre una nueva línea de investigación en un caso que involucra seguridad nacional, cooperación internacional y responsabilidades públicas.
La autoridad federal debe determinar si la documentación entregada es auténtica, si existen registros de comunicaciones previas y si algún funcionario permitió o facilitó actuaciones contrarias a la legislación mexicana.
Porque la soberanía nacional no puede depender de versiones contradictorias, y la transparencia no puede detenerse cuando las preguntas alcanzan a los más altos niveles del poder estatal.
Si hubo irregularidades, deberán acreditarse y sancionarse conforme a derecho. Si las acusaciones no se sostienen, también deberá aclararse públicamente.
En Chihuahua, la pregunta sigue abierta: ¿quién sabía de la presencia de agentes estadounidenses, quién autorizó sus actividades y qué información falta por conocer?
La respuesta debe salir de las pruebas, no de las conveniencias políticas.
Fuente de referencia: Animal Político, investigación publicada el 21 de octubre de 2026.
