¡CIA EN CHIHUAHUA! TRES OPERATIVOS ANTIDROGAS BAJO LA LUPA; ¿SE VIOLÓ LA CONSTITUCIÓN?
Por Eduardo Arredondo | EGO Chihuahua
Agentes estadounidenses habrían participado en tres acciones contra el narcotráfico durante 2026; el presunto uso de uniformes de la Agencia Estatal de Investigación abre interrogantes sobre la soberanía nacional, los límites de la cooperación bilateral y la responsabilidad de las autoridades mexicanas.
CHIHUAHUA.— La presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en al menos tres operativos antidrogas realizados en Chihuahua durante 2026 ha colocado bajo el escrutinio público la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con un reporte de Los Angeles Times, retomado por La Jornada, personal de inteligencia estadounidense habría participado directamente en acciones contra objetivos vinculados con el narcotráfico, en coordinación con autoridades estatales.
La información plantea preguntas que las autoridades mexicanas deben aclarar: ¿quién autorizó la participación de agentes extranjeros?, ¿bajo qué facultades actuaron?, ¿qué dependencia tenía el mando operativo y qué mecanismos de supervisión se aplicaron?
UNIFORMES DE LA AEI Y AGENTES EXTRANJEROS EN CAMPO
Uno de los aspectos más delicados del reporte es la afirmación de que agentes estadounidenses habrían utilizado uniformes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) durante los operativos.
Según la publicación, al menos cuatro agentes de la CIA habrían participado directamente en una de estas acciones, dentro de una serie de intervenciones que sumarían tres durante el año.
De confirmarse estos señalamientos, la discusión iría más allá del intercambio de información entre agencias: sería necesario establecer si el personal extranjero actuó únicamente como apoyo de inteligencia o si intervino materialmente en tareas reservadas a las autoridades mexicanas.
La diferencia es fundamental. La cooperación internacional contra el crimen organizado no significa que cualquier agente extranjero pueda ejercer funciones policiales en territorio nacional sin las autorizaciones y los límites establecidos por la legislación mexicana.
DOS AGENTES ESTADOUNIDENSES MUERTOS
El reporte también relaciona la información con un operativo reciente en una zona montañosa, durante el cual habrían muerto dos agentes estadounidenses.
De acuerdo con los testimonios citados por el medio, otros participantes intentaron auxiliarlos después del incidente, aunque el apoyo habría llegado tarde. Las circunstancias precisas de los fallecimientos y las responsabilidades correspondientes deben esclarecerse mediante investigaciones oficiales.
La muerte de los agentes añade interrogantes sobre la naturaleza de la misión, la cadena de mando, las condiciones en las que se desarrolló el despliegue y el conocimiento que tenían las autoridades mexicanas sobre la presencia de personal extranjero.
Hasta que existan resultados oficiales verificables, las versiones periodísticas deben tratarse como señalamientos sujetos a confirmación.
Porque una cosa es compartir inteligencia para combatir a las organizaciones criminales y otra, muy distinta, es permitir que personal extranjero participe directamente en operaciones dentro de México sin que estén claras sus atribuciones y responsabilidades.
¡Agárrense, porque el asunto no es menor! Si los señalamientos publicados por Los Angeles Times se confirman, Chihuahua podría estar frente a uno de los episodios más delicados de cooperación en materia de seguridad: la presunta participación directa de agentes de la CIA en operativos antidrogas dentro de territorio mexicano.
Los Angeles Times, agentes estadounidenses habrían participado en al menos tres operativos durante 2026, en coordinación con autoridades estatales. La publicación también señala que personal de la CIA habría utilizado uniformes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
¡Vaya expediente para Chihuahua!
Ahora las explicaciones deben dejar de ser generales. Hay que reconstruir la cadena de decisiones, revisar las comunicaciones entre autoridades estatales y federales y determinar si alguien rebasó sus atribuciones.
Porque si hubo errores administrativos, deben documentarse. Si existieron responsabilidades penales, corresponde acreditarlas ante los tribunales. Y si las decisiones se tomaron sin autorización, la ciudadanía merece saber cómo ocurrió.
MARU CAMPOS Y EL GOBIERNO ESTATAL, BAJO EL ESCRUTINIO PÚBLICO
La controversia también coloca bajo presión política al Gobierno de Chihuahua. No se trata de declarar culpable a la gobernadora Maru Campos por hechos que deben investigarse, sino de exigir claridad institucional sobre lo ocurrido dentro de una estructura de seguridad que depende del ámbito estatal.
¿Quién estaba informado? ¿Qué mandos conocían la presencia de los estadounidenses? ¿Qué se reportó a la Federación y en qué momento? ¿Por qué surgieron versiones distintas sobre la función de los agentes?
Esas preguntas no se responden con lealtades partidistas ni con ataques entre gobiernos. Se responden con documentos, testimonios y resultados de investigación.
La soberanía nacional no debe convertirse en una consigna que se invoca cuando conviene y se olvida cuando se trata de rendir cuentas.
JAQUE MATE: LA SEGURIDAD NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY 
Combatir a los cárteles exige coordinación, inteligencia y cooperación internacional. Pero también exige límites claros, mando legal y responsabilidad pública.
Si la CIA participó en tres operativos, como publicó Los Angeles Times, las autoridades deben esclarecer qué ocurrió en cada uno y si todos contaron con las autorizaciones correspondientes. La investigación debe establecer hechos, no fabricar culpables ni proteger a funcionarios por conveniencia política.
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