LA NACION
WASHINGTON.- Una organización financiada por la Heritage Foundation, una fundación conservadora, ha elaborado y publicado en internet una “lista de vigilancia” de empleados del gobierno federal norteamericano a quienes no debería confiárseles el control de las fronteras de Estados Unidos y que deberían ser despedidos, señal de que los partidarios de la política inmigratoria de Donald Trump ya se están preparando para ayudarlo a neutralizar las instituciones de gobierno que en su opinión intentaron frustrar su primera presidencia.
La “lista de vigilancia de burócratas del Departamento de Seguridad Nacional” —un sitio web lanzado en el último tramo de una campaña presidencial marcada por la cuestión inmigratoria— menciona por su nombre a 51 expertos en políticas federales y funcionarios de alto rango, la mayoría de los cuales son empleados públicos de carrera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras dependencias del Estado. Y para justificar su inclusión en la lista, el grupo se basó mayormente en los comentarios de esos funcionarios en las redes sociales, su experiencia laboral previa y los registros de sus aportes de campaña.
En cuanto a los comentarios de esos funcionarios, el grupo cita sus posteos celebrando la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, o sus elogios a los logros de inmigrantes indocumentados, y también apuntan contra aportes de apenas 10 dólares para los candidatos demócratas. Uno de los sindicatos de empleados públicos equiparó ese intento de desenterrar las opiniones personales de los empleados con la campaña del senador Joseph McCarthy en la década de 1950 para purgar a trabajadores del gobierno federal acusándolos de comunistas.
El fundador del sitio, un excongresista republicano llamado Tom Jones, le dijo a The Washington Post que él y su personal siguen agregando nombres a la lista y que han enviado más de 500 emails a empleados federales pidiéndoles su ayuda para identificar a colegas que en su opinión no estén comprometidos con mantener a los inmigrantes indocumentados fuera del país.
Según Jones, su objetivo es exponer a las personas que tienen “un sesgo profundo y de larga data” en materia de política inmigratoria. Además de rastrear sus publicaciones en las redes sociales y sus aportes de campaña, Jones también está hurgando en sus opiniones del pasado, en busca de indicios que los delaten como defensores de los inmigrantes, del uso de pronombres de género alternativos, o de su apoyo a programas de diversidad, inclusión y equidad.
“En el Estado hay una gran cantidad de empleados que han dedicado el trabajo de su vida a ayudar a los migrantes a quedarse en Estados Unidos”, señaló Jones, y agregó que era “ilusorio” creer que esas personas se iban a dar vuelta para aplicar el plan de Trump de deportar a decenas de millones de personas y cerrar las fronteras de Estados Unidos, tal como ha prometido.
“Esas personas no solo no lo van a aplicar, sino que lo van a socavar”, disparó Jones, y agregó que respaldará cualquier iniciativa similar que apunte a los empleados de otras carteras, incluido el Departamento de Defensa, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
El excongresista niega estar trabajando en coordinación con el equipo de campaña de Trump ni con los equipos de transición, pero espera que sea cual sea el gobierno entrante, tome nota de su trabajo y lo use para identificar a los empleados a despedir.
De hecho, su lista ya logró la atención de los aliados de Trump en el Congreso: cuatro legisladores republicanos de la Cámara de Representantes le escribieron al director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos para exigirle que se despida al empleado señalado por hablar bien de los inmigrantes indocumentados.
Si bien muchos funcionarios de alto nivel son designados por los presidentes y están alineados políticamente con él, casi la totalidad de la planta laboral del gobierno federal norteamericano está compuesta por unos 2,2 millones de empleados de carrera que trabajan en agencias con sede en Washington y con reparticiones en todo el país, donde ponen en práctica las políticas públicas y se ocupan del día a día del funcionamiento del país, independientemente del partido ocupe el poder.
En 2020, Trump emitió una decreto presidencial que eliminaba la protección laboral de decenas de miles de funcionarios públicos, reclasificándolos bajo una nueva categoría llamada “Schedule F”. El decreto no entró en llegó a entrar en vigor antes de que Biden asumiera el cargo y lo anulara. Trump ya prometió que si el reelecto firmará ese mismo decreto el primer día de su segundo mandato y se comprometió a “echar a los burócratas rebeldes y a los políticos de carrera”.
Los voceros de los equipos de campaña y de transición del candidato Donald Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.
Contactados por The Post, varios de los empleados afectados prefirieron no hablar por temor a perder su trabajo y por la seguridad de sus familias. Otros hablaron bajo condición de anonimato para evitar atraer más atención sobre sí mismos o violar la política de la dependencia en la que desempeñan funciones. En general, tienen miedo de que figurar en una lista pública los exponga a amenazas, y de que eventualmente se los llame para manifiesten lealtad a Trump y su partido. “Obviamente esto está pensado para amedrentar a los funcionarios de carrera, que son los empleados públicos que intentan cumplir con la misión de la cartera para la que trabajan, sea cual sea el gobierno, y hacerlo con integridad”, dijo un empleado apuntado en la lista.
Otro dijo que le preocupa el efecto de la lista en los empleados jóvenes, en particular los LGBTQ+, “que ahora empiezan a preguntarse si es seguro ser quiénes son en su lugar de trabajo.”
La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE), un sindicato que solo en el Departamento de Seguridad Nacional representa a unos 86.000 trabajadores, trazó un paralelo con el senador McCarthy, que afirmaba que en el Departamento de Estado había cientos de empleados comunistas traidores y luego usó su posición en el Congreso para investigarlos.
“El objetivo es intimidar y asustar a los funcionarios públicos por comprometerse con en el servicio a su país”, dijo el vocero del sindicato, Andrew Huddleston.
Los funcionarios del DHS dijeron haberse comunicado con los empleados cuestionados para brindarles apoyo y seguridad. “Estamos inmensamente orgullosos de los más de 260.000 funcionarios públicos del DHS que todos los días se dedican a brindar seguridad de todos los estadounidenses. Condenamos en los términos más enérgicos cualquier intento de acosar o intimidar a nuestros empleados públicos”, dijo en un comunicado el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro N. Mayorkas.
Algunos de los empleados mencionados trabajan en el Departamento de Justicia (DOJ) o en la Oficina de Administración y Presupuesto. El jueves, un equipo de empleados del DOJ que se ocupa de la equidad de género le escribió a los jefes del Departamento haciendo mención a la lista de vigilancia y advirtiendo sobre “los devastadores efectos psíquicos, profesionales, personales, y sobre las finanzas y la seguridad física de los trabajadores” que puede tener la difusión de esas listas.
Un portavoz del DOJ dijo que el Departamento de Justicia toma en serio la seguridad de sus empleados y alienta a los trabajadores a informar a sus superiores sobre cualquier sensación de amenaza. La Oficina de Presupuesto, por su parte, no respondió a la solicitud de comentarios.
Jones negó que la lista de vigilancia presente un riesgo de seguridad para los empleados nombrados. “Es un sitio web que te informa sobre las personas que trabajan en el Estado en base a documentos públicos”, dijo Jones. “Por lo tanto, no debería haber controversia alguna.”
Por Jonathan O’Connell, Leigh Ann Caldwell y Lisa Rein
Traducción de Jaime Arrambide
