Chihuahua, 28 de mayo de 2025 — En un comunicado emitido por el Lic. Juan Carlos Mendoza Luján, abogado y representante legal del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, se expuso su postura respecto a una intervención reciente realizada por personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Fiscalía General del Estado en el rancho conocido como El Saucito.
El abogado confirmó que el pasado 26 de mayo fue notificado por Conagua sobre una orden administrativa para ejecutar una obra dentro del citado predio, propiedad de su representado. No obstante, argumentó que ni Duarte ni su defensa tienen posesión actual del rancho, ya que este se encuentra asegurado judicialmente, por lo que consideraron la notificación como improcedente.
Según el abogado, durante la madrugada del día siguiente, personal de ambas dependencias irrumpió en el lugar sin contar con la autorización de ninguna parte legitimada para otorgarla. Además, denunció que la intervención se realizó pese a la existencia de una suspensión provisional otorgada por una juez de distrito, producto de un amparo promovido no por Duarte, sino por ejidatarios e integrantes de comunidades indígenas que dependen del agua que cruza la propiedad.
Uno de los puntos más críticos del comunicado fue la respuesta a las imágenes presentadas durante la conferencia matutina de la Presidencia de la República, en las que se mostró la demolición de una estructura identificada como una barda de mampostería. El abogado Mendoza Luján aclaró que dicha barda —de apenas 1.20 metros de altura y construida de forma rústica hace más de 40 años— no tenía la capacidad física para almacenar los 700 mil metros cúbicos de agua que se le atribuyeron, cifra que representa, según afirmó, el 10% de la capacidad total de la Presa El Rejón.
Finalmente, lamentó lo que calificó como un acto de “desinformación” hacia la Presidenta de la República, quien —a juicio de la defensa— habría recibido datos imprecisos sobre la naturaleza y magnitud de la estructura destruida.
El caso continúa generando controversia en el estado, en donde confluyen acusaciones legales, preocupaciones ambientales y reclamos de comunidades locales.
