VAN POR ALITO: EL CERCO SE CIERRA
Dos detenidos, un expediente de desafuero y una pregunta que ya no puede esconderse debajo de la alfombra
Por Eduardo Arredondo
En política, las casualidades suelen ser demasiado convenientes.
Primero cae Luis Antonio Espinosa Campos, señalado como operador financiero ligado al entorno de la familia Moreno Cárdenas. Después, apenas unos días más tarde, aparece esposado Carlos Alberto Medina Hernández, quien fuera vocero de Alejandro “Alito” Moreno durante su gobierno en Campeche.
Dos nombres. Dos detenciones. Un mismo pasado político.
Y de pronto, el viejo expediente de Alito vuelve a salir del cajón.
Porque mientras el dirigente nacional del PRI intenta mantener el discurso de que todo se trata de una persecución política, en Campeche las autoridades están moviendo las piezas por la vía judicial.
A Medina Hernández se le relaciona con una investigación por el presunto desvío de 36 millones de pesos del erario estatal. La Fiscalía campechana sostiene además que habría actuado en complicidad con Espinosa Campos y que ambos estarían relacionados con operaciones mediante empresas que facturan operaciones simuladas.
Hasta aquí, que quede claro: una acusación no es una sentencia. Los detenidos tendrán derecho a defenderse y será un juez quien determine responsabilidades.
Pero políticamente el golpe es enorme.
Porque cuando empiezan a caer los hombres que estuvieron cerca del poder, inevitablemente aparece la pregunta que nadie en el PRI quiere escuchar:
¿Hasta dónde llega la cadena de responsabilidades?
Y ahí es donde aparece nuevamente Alejandro Moreno.
La Fiscalía de Campeche ya había solicitado en julio de 2025 su desafuero ante la Cámara de Diputados por presuntos delitos relacionados con uso indebido de atribuciones y peculado, señalando un probable desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su administración como gobernador.
El expediente sigue vivo.
Y Morena se encargó esta semana de recordárselo a todos.
ALITO, ENTRE EL FUERO Y EL FUEGO
El problema para Moreno no es solamente jurídico.
Es político.
Porque cada detención de un colaborador cercano vuelve a poner sobre la mesa los años en que Alito gobernó Campeche y, con ellos, las cuentas pendientes que su adversarios llevan años utilizando como arma política.
Moreno puede gritar persecución.
Puede acusar a Morena de querer desaparecer a la oposición.
Puede denunciar desde la tribuna que existe una embestida contra el PRI.
Pero hay algo que ya no puede controlar desde un micrófono:
lo que ocurre en los tribunales.
Y aquí comienza la verdadera batalla.
Porque si el proceso de desafuero avanza, Alito tendrá que defender algo más que su liderazgo dentro del PRI. Tendrá que defender su propia condición de senador y, eventualmente, responder ante las autoridades por las acusaciones que pesan sobre su administración.
La política le ha permitido resistir.
El fuero le ha dado tiempo.
Pero el tiempo, en política, también se acaba.
EL PRI MIRA HACIA OTRO LADO
Mientras tanto, el PRI observa.
Y observa con preocupación.
Porque Alejandro Moreno no solamente es un senador: es el hombre que controla buena parte de la estructura nacional del priismo.
Si el golpe llega hasta él, el problema no será únicamente personal.
Será un terremoto dentro de un partido que ya viene caminando sobre terreno minado.
Por eso el verdadero titular no es solamente que detuvieron a dos excolaboradores.
El verdadero titular es otro:
el expediente de Alito volvió a caminar.
Y cuando un expediente político comienza a caminar acompañado de detenciones, acusaciones financieras y una solicitud de desafuero pendiente, la pregunta deja de ser si el tema existe.
La pregunta es:
¿Quién será el siguiente en caer?
Porque esta vez, el cerco sobre Alito ya no parece estar dibujado solamente en el discurso de Morena.
Ahora tiene nombres, expedientes y detenidos.
Y en política, cuando el pasado regresa con documentos bajo el brazo, ni el fuero alcanza para esconderlo eternamente.
