La plaza, la calle y los 18 millones
Por Eduardo Arredondo
Hay proyectos que se anuncian como símbolos de modernidad, inversión y desarrollo. Y hay otros aspectos que inevitablemente generan preguntas, sobre todo cuando en la conversación aparecen recursos públicos.
La nueva Plaza Comercial Alsuper Plus Universidad se presenta como un ambicioso proyecto que transformará un espacio con seis décadas de historia. Se habla de un supermercado renovado, nuevos locales comerciales, áreas verdes, más estacionamiento, banquetas amplias, cruces peatonales, espacios para taxis, paneles solares y alrededor de 400 empleos directos e indirectos.
Todo eso suena bien.
Pero hay una pregunta que no puede quedar debajo de la alfombra: ¿qué pasó con los 18 millones de pesos del erario público que, según señalamientos, fueron destinados por el Ayuntamiento en relación con la calle Talamantes?
Porque esos 18 millones no pertenecen a un funcionario, ni a un partido, ni a una administración municipal. Son recursos públicos, provenientes de los impuestos y contribuciones de los chihuahuenses.
Si efectivamente existió un pago con dinero público que terminó beneficiando directamente a los propietarios o desarrolladores vinculados con este proyecto, la ciudadanía tiene derecho a conocer todos los detalles: quién autorizó la operación, bajo qué fundamento legal se realizó, cuál fue el avalúo, qué contraprestación recibió el Municipio y por qué se consideró conveniente utilizar recursos públicos de esa manera.
No se trata de estar en contra de la inversión privada. Tampoco de cuestionar que Chihuahua tenga nuevos espacios comerciales.
Se trata de algo mucho más sencillo: transparencia.
Cuando se utilizan millones de pesos del erario, la explicación debe ser pública, clara y documentada.
La nueva Plaza Comercial Alsuper Plus Universidad puede representar una inversión importante para la zona. Puede generar empleos, mejorar la movilidad y ofrecer nuevos servicios. Pero precisamente por la magnitud del proyecto y por los antecedentes relacionados con el terreno y la vialidad, resulta indispensable que las autoridades expliquen qué papel jugó el dinero de los chihuahuenses.
Porque una cosa es promover el desarrollo económico y otra muy distinta sería que el desarrollo privado se apoyara con recursos públicos sin que la sociedad conozca con precisión las razones y condiciones de esa operación.
Dieciocho millones de pesos merecen una explicación de dieciocho millones de pesos.
Los chihuahuenses no están pidiendo un favor. Están pidiendo cuentas sobre su propio dinero.
Y si todo se hizo conforme a la ley, con beneficio público y con plena transparencia, entonces corresponde a las autoridades mostrar los documentos y despejar cualquier duda.
Porque cuando se trata del dinero de todos, la transparencia no debe ser opcional.
