eduardo arredondo La narrativa oficial se rompió. Y cuando eso pasa, lo que sigue no es control de daños… es control político.
La postura de Claudia Sheinbaum Pardo frente al caso Chihuahua no deja espacio a interpretaciones: la renuncia de César Jáuregui Moreno no cierra nada. Apenas abre una etapa más incómoda, más profunda y, sobre todo, más peligrosa para quienes pensaban que el escándalo podía diluirse con un relevo.
Porque aquí no se está discutiendo solo un operativo fallido. Se está cuestionando algo mucho más delicado: quién manda realmente en la seguridad y bajo qué reglas se permite la intervención de agencias extranjeras como la CIA en territorio mexicano.
Y ahí es donde el discurso empieza a incomodar.
Sheinbaum habla de soberanía, pero el mensaje de fondo es político: no se va a tolerar que desde los estados se abran puertas sin control. Sin decirlo directamente, la presión apunta hacia María Eugenia Campos Galván, en un momento donde el margen de maniobra se le reduce conforme avanzan las investigaciones.
El problema es que esta historia tiene más capas de las que se quieren admitir.
Por un lado, se condena la intromisión. Por otro, la estrategia de seguridad sigue dependiendo —en buena medida— de la coordinación con Estados Unidos. Y en ese equilibrio incómodo se mueve Omar García Harfuch, operando con agencias extranjeras mientras el discurso público insiste en la defensa de la soberanía.
Esa contradicción no es menor. Es estructural.
Porque si algo deja claro el caso Chihuahua es que no hay reglas transparentes sobre cómo, cuándo y bajo qué condiciones participan actores externos en operativos dentro del país. Y cuando no hay reglas claras, lo que hay es discrecionalidad. Y donde hay discrecionalidad… hay crisis.
La caída de Jáuregui, en ese contexto, no resuelve nada. Es apenas la primera ficha que se mueve en un tablero que todavía no termina de acomodarse. Un intento de contención frente a una presión que ya no es local, sino nacional.
Pero el verdadero problema sigue intacto.
Porque más allá del escándalo, lo que queda expuesto es un modelo de seguridad que funciona en zonas grises: cooperación sin transparencia, operativos sin claridad y responsabilidades que se diluyen cuando las cosas salen mal.
Y eso, en política, siempre cobra factura.
La pregunta ya no es quién permitió la entrada de la CIA.
La pregunta es quién va a asumir el costo de haber perdido el control.
