“Punto sin retorno”: 36 países ratifican la creación de un tribunal especial para juzgar a Putin
Treinta y seis países, en su mayoría europeos, se han adherido a un tribunal especial para juzgar al presidente ruso Vladímir Putin por el crimen de agresión contra Ucrania, que tendrá su sede en la ciudad holandesa de La Haya.
El compromiso conjunto se formalizó el viernes durante la reunión anual de ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa, organización de derechos humanos que ha tomado la iniciativa de abordar el vacío jurisdiccional dejado por la Corte Penal Internacional (CPI).
Los ministros aprobaron una resolución que establece la estructura y las funciones del comité de gestión que supervisará el tribunal. Entre sus tareas, el comité aprobará el presupuesto anual, adoptará las normas internas y elegirá a los jueces y fiscales. Los países se comprometen a respetar la independencia de los procedimientos judiciales.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, que participó en la ceremonia, saludó el momento como “un punto de no retorno” en los años de búsqueda de responsabilidades.
“El Tribunal Especial se convierte en una realidad jurídica. Muy pocos creían que llegaría este día. Pero ha llegado”, dijo Sybiha en las redes sociales, evocando el espíritu de los juicios de Núremberg, que sentaron precedente y llevaron a juicio a los dirigentes supervivientes de la Alemania nazi. “Putin siempre ha querido pasar a la historia. Y este tribunal le ayudará a conseguirlo. Pasará a la historia como un criminal“, añadió.
Los países firmantes
La resolución del viernes fue firmada por Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Moldavia, Rumanía, San Marino, Suecia, Suiza y Ucrania. Australia y Costa Rica fueron los únicos signatarios no europeos.
La Unión Europea también respaldó la iniciativa, aunque cuatro de sus Estados miembros, Bulgaria, Hungría, Malta y Eslovaquia, no añadieron sus nombres a la resolución del viernes. La lista sigue abierta a la adhesión de otros países, europeos o no.
Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, instó a los participantes a completar sus procedimientos legislativos y asignar los fondos necesarios para que el tribunal pueda empezar a funcionar lo antes posible. La UE ya ha comprometido 10 millones de euros.
EE.UU. no se compromete
La falta de compromiso de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump ha suscitado anteriormente inquietud por las carencias presupuestarias. La presión de Trump a favor de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia también ha puesto en duda el objetivo principal del tribunal: un polémico borrador de 28 puntos del año pasado planteaba la idea de una amnistía general para los crímenes de guerra.
“Se acerca rápidamente el momento de que Rusia rinda cuentas por su agresión. El camino que tenemos por delante es el de la Justicia, y la Justicia debe prevalecer”, declaró Berset en la reunión.
El tribunal se complementará con el Registro de Daños, que recoge las reclamaciones presentadas por las víctimas de la agresión rusa, y la Comisión Internacional de Reclamaciones, que revisará esas reclamaciones y decidirá el pago correspondiente.
Juzgar a Putin
El establecimiento de un tribunal especial ha sido una prioridad acuciante para Ucrania y sus aliados desde que el Kremlin ordenó la invasión a gran escala en febrero de 2022. La iniciativa se consideró necesaria porque la CPI sólo puede enjuiciar el crimen de agresión cuando se atribuye a un Estado parte. Rusia no es signataria del Estatuto de Roma y puede utilizar su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear cualquier cambio.
A diferencia de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, que se aplican a los individuos que cometen las atrocidades, el crimen de agresión es un crimen de liderazgo que recae sobre las personas encargadas en última instancia de controlar al Estado agresor.
En la práctica, esto abarca a la llamada troika -el presidente, el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores- junto con los mandos militares de alto rango que han supervisado el asalto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Putin, el cerebro de la invasión y el principal promotor de su narrativa revisionista, es el objetivo más buscado. Pero es poco probable que se le juzgue pronto.
Y lo que es más importante, la troika seguirá siendo inmune a los juicios en rebeldía -es decir, sin la presencia física del acusado- mientras permanezca en el cargo. El fiscal aún podría presentar una acusación contra Putin y su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, pero la sala mantendrá en suspenso el proceso hasta que los acusados abandonen sus cargos.
El juicio en rebeldía puede llevarse a cabo contra personas ajenas a la troika que entren en el ámbito del crimen de agresión, como Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas; Serguéi Kobylash, comandante de las Fuerzas Aéreas rusas; y Serguéi Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad. Los condenados de esta manera tendrán derecho a un nuevo juicio si alguna vez comparecen en persona.
También podrían ser procesados oficiales de alto rango de Bielorrusia y Corea del Norte, dos países que han colaborado directamente en la guerra de Rusia. El tribunal tendrá potestad para imponer fuertes penas a los declarados culpables, entre ellas cadena perpetua, confiscación de bienes personales y multas monetarias, que se canalizarán hacia el fondo de compensación para las víctimas.
“No habrá paz justa y duradera en Ucrania sin que Rusia y los autores de los horribles crímenes cometidos contra el pueblo ucraniano rindan cuentas”, declaró la alta representante Kaja Kallas en un comunicado. “Rusia eligió atacar e invadir un país soberano, matar a su pueblo, deportar a niños ucranianos y robar tierras ucranianas. Rusia debe enfrentarse a la Justicia y pagar por lo que ha hecho“.
