MARU LANZA GRAVE ACUSACIÓN CONTRA ARIADNA MONTIEL; ¿DÓNDE ESTÁN LAS PRUEBAS?
Eduardo Arredondo | EGO Chihuahua
Acusar no es probar. Los señalamientos de la gobernadora contra la dirigente nacional de Morena abren un nuevo frente político, pero también plantean una pregunta fundamental: ¿qué pruebas respaldan sus palabras?
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, elevó el tono de la confrontación política al asegurar que Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, está vinculada con el crimen organizado.
Durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, transmitida por Latinus, Campos sostuvo que había reclamado directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por los presuntos vínculos que atribuye a Montiel.
La mandataria estatal también mencionó supuestas propiedades de la dirigente morenista en Chihuahua capital y Guachochi, además de referirse a la situación de seguridad en Guadalupe y Calvo, la Sierra Tarahumara y Ciudad Juárez.
Pero una cosa son las declaraciones de una gobernadora y otra muy distinta son los hechos acreditados mediante documentos, investigaciones y pruebas verificables.
¿Presentó Maru Campos pruebas públicas que acrediten los presuntos vínculos criminales que atribuye a Ariadna Montiel? En la entrevista reportada por los medios no se exhibieron elementos documentales que permitieran comprobar esa acusación.
Si la gobernadora dispone de información concreta, lo procedente es presentarla ante las autoridades competentes para que se investigue. Si existen denuncias, deben conocerse su contenido y estado procesal. Y si no hay pruebas suficientes, la acusación no puede convertirse automáticamente en una verdad pública.
La misma exigencia debe aplicarse a cualquier partido, funcionario o gobernante, sin importar si pertenece al PAN, Morena o cualquier otra fuerza política.
El enfrentamiento ocurre en medio de las tensiones entre Campos y Sheinbaum por la seguridad en Chihuahua, la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas y las acusaciones cruzadas entre actores políticos.
En ese escenario, los señalamientos sobre presuntos nexos criminales pueden tener consecuencias políticas y afectar reputaciones. Por eso, la obligación de documentarlos es todavía mayor.
La pregunta no es quién levanta más la voz ni quién lanza la acusación más escandalosa. La pregunta es quién puede demostrar lo que afirma.
