¡MARU LE MARCA DISTANCIA A JÁUREGUI! «SE LO DIJE OCHO VECES»… ¿Y AHORA QUIÉN RESPONDE?
Por Eduardo Arredondo | EGO Chihuahua
El exfiscal está en el centro de una tormenta judicial y política. La gobernadora asegura que le advirtió de los riesgos, mientras el panismo exige respaldo. La pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la lealtad cuando las consecuencias dejan de ser políticas y se vuelven judiciales?
¡Vaya enredo en el panismo chihuahuense! César Jáuregui Moreno, quien durante años fue uno de los hombres cercanos a Maru Campos, enfrenta un proceso judicial y ahora la propia gobernadora sale a contar que le advirtió hasta ocho veces sobre los riesgos que corría.
¡Se lo dije, se lo advertí, estaba avisado! Ese es el mensaje que queda después de las declaraciones de Maru.
Pero en política las palabras pesan, y más cuando vienen de quien encabeza el Gobierno del Estado. Si la gobernadora sabía que existían riesgos, ¿cuáles eran exactamente? ¿Qué le advirtió? ¿Se trataba de riesgos jurídicos, políticos o de las consecuencias de la operación en la que participaron agentes estadounidenses?
Esas preguntas necesitan respuestas claras, no solamente frases que permitan repartir responsabilidades cuando el problema ya estalló.
¡UNA COSA ES LA AMISTAD Y OTRA LA RESPONSABILIDAD!
Maru Campos sostiene que no colocó a Jáuregui en una posición para protegerlo y que las investigaciones se realizaron de manera conjunta. También ha cuestionado la actuación federal contra el exfiscal.
Sin embargo, el hecho de que la gobernadora diga que lo advirtió no resuelve la cuestión central: qué sabía cada funcionario, qué decisiones tomó y qué responsabilidades pueden acreditarse.
Si Jáuregui decidió seguir adelante pese a las advertencias que Maru asegura haberle hecho, tendrá que explicarlo ante las autoridades correspondientes. Pero si existieron decisiones de otros funcionarios que también deben investigarse, nadie debería quedar fuera del escrutinio por su cargo, cercanía política o amistad.
La responsabilidad no se determina por quién es amigo de quién, sino por los hechos y las pruebas.
«¡CÉSAR NO ESTÁ SOLO!», GRITA EL PANISMO
Mientras simpatizantes y militantes panistas expresan su respaldo al exfiscal, el caso comienza a exhibir tensiones dentro del propio partido.
Las consignas de apoyo contrastan con el discurso de las advertencias previas. Unos reclaman solidaridad; la gobernadora insiste en que Jáuregui conocía los riesgos.
¿Se trata de una ruptura política? ¿De una manera de deslindar responsabilidades? ¿O de una defensa de la gobernadora ante un caso que amenaza con extender sus consecuencias al Gobierno estatal?
Por ahora, sería prematuro afirmar que Maru abandonó a Jáuregui o que existe un acuerdo para sacrificarlo políticamente. Lo que sí puede decirse es que sus declaraciones colocan en el centro de la discusión la cadena de decisiones que condujo al caso.
Y hay algo más: Jáuregui tiene derecho a defenderse, a conocer las acusaciones en su contra y a que se respete el debido proceso. El respaldo político no sustituye la defensa jurídica, pero tampoco una acusación equivale a una sentencia definitiva.
MARU TAMBIÉN ABRE OTRO FRENTE: LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
La gobernadora calificó de «estúpida» la Ley de Seguridad Nacional, al argumentar que sus disposiciones burocratizan la cooperación con autoridades estadounidenses y dificultan el combate al crimen organizado.
Pero el debate no puede reducirse a si una ley gusta o disgusta a un gobernante. La colaboración internacional en materia de seguridad requiere coordinación, controles y respeto a las competencias constitucionales.
La pregunta es cómo garantizar una cooperación eficaz sin vulnerar la soberanía nacional ni permitir que funcionarios estatales rebasen sus atribuciones.
Ese es el fondo del problema. Y ninguna descalificación sustituye una explicación jurídica.
LA PREGUNTA QUE SIGUE EN EL AIRE
Maru dice que advirtió. Jáuregui debe responder por los hechos que se le atribuyen. La Fiscalía debe sostener sus acusaciones con pruebas y los tribunales tendrán que resolver conforme a derecho.
Lo que Chihuahua merece es conocer la secuencia de decisiones, las responsabilidades de cada funcionario y los elementos que sostienen las investigaciones.
Porque cuando todo marcha bien, abundan las fotografías, los elogios y las declaraciones de unidad. Pero cuando llega una crisis, la ciudadanía tiene derecho a preguntar quién tomó las decisiones, quién estaba informado y quién debe rendir cuentas.
¡En Chihuahua nadie debería ser intocable, pero tampoco condenado por anticipado!
Y si Maru se lo advirtió ocho veces, como afirma, la pregunta no termina ahí: ¿qué le dijo exactamente, qué riesgos identificó y qué hizo cada funcionario después de esas advertencias?
Ahí está la historia que falta por aclarar. de facilitar el intercambio de información y la coordinación con Estados Unidos, al considerar que las condiciones de seguridad en la frontera demandan comunicación directa entre las corporaciones de ambos países.
EGO Chihuahua | Eduardo Arredondo.
