Que lo evalúe la Fiscalía
Por Eduardo Arredondo
La respuesta de Claudia Sheinbaum fue breve, pero dejó una pregunta de fondo sobre la mesa: ¿hasta dónde llegarán las investigaciones por el caso de los presuntos elementos de la CIA en Chihuahua?
“Que lo evalúe la Fiscalía”, respondió la presidenta cuando se le preguntó si Maru Campos también debería ser investigada por su posible responsabilidad en los hechos que hoy tienen bajo la lupa al exfiscal César Jáuregui.
La declaración no significa que la gobernadora esté siendo investigada ni que exista una responsabilidad acreditada en su contra. Pero sí coloca el tema en el terreno donde debe resolverse: el de las instituciones, las pruebas y las responsabilidades que, en su caso, determine la autoridad ministerial.
Y es ahí donde el asunto adquiere otra dimensión.
Maru Campos encabeza el Gobierno de Chihuahua y César Jáuregui estuvo al frente de la Fiscalía estatal. Esa relación jerárquica abre interrogantes políticas y administrativas, pero no basta, por sí sola, para establecer una responsabilidad penal. Para eso se necesitan hechos concretos, elementos de prueba y una investigación que determine quién hizo qué, bajo qué circunstancias y con qué fundamento legal.
Sheinbaum fue cuidadosa al deslindarse de cualquier decisión sobre el destino de la gobernadora. “No depende de mí exonerar a una persona o a otra”, dijo. En otras palabras, la presidenta dejó claro que no le corresponde repartir absoluciones ni señalar culpables desde Palacio Nacional.
La pelota, al menos en el discurso, quedó en la cancha de la Fiscalía General de la República.
Ahora bien, el verdadero reto será saber si las investigaciones avanzan con el mismo rigor para todos los involucrados, sin importar el cargo que ocupen, su filiación política o el nivel de responsabilidad que hayan tenido dentro de las instituciones.
Porque si existen elementos para investigar, deben investigarse. Y si no los hay, también debe quedar claro. Lo que no puede sustituir a la justicia es la especulación, pero tampoco puede utilizarse la falta de información pública como argumento para cerrar anticipadamente un caso.
La audiencia del exfiscal César Jáuregui representa, en ese contexto, un momento relevante para conocer qué pruebas sostienen la imputación y cuáles son los hechos que las autoridades consideran que deben esclarecerse. La información que pueda hacerse pública, respetando las reglas del proceso, será fundamental para entender el alcance real del expediente.
En Chihuahua, donde las decisiones de seguridad y la relación con agencias extranjeras tienen implicaciones políticas e institucionales, la transparencia no es un asunto menor. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió, siempre dentro de los límites que establece la ley.
La pregunta ya no es solamente si Maru Campos debe ser investigada. La pregunta central es si la Fiscalía cuenta con elementos que justifiquen hacerlo y si está dispuesta a seguir las pruebas hasta donde conduzcan.
Sheinbaum dijo que lo evalúe la Fiscalía. Ahora corresponde a esa institución responder con hechos, no con especulaciones.
Porque en un caso de esta naturaleza, la justicia no debe depender de quién está en el poder, sino de lo que pueda probarse.
— Eduardo Arredondo
