En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (IDPD), la diputada federal del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, aseguró que parte de las labores del Poder Legislativo es eliminar la posibilidad de cualquier acto de discriminación e impulsar que gobierno federal, estados y municipios tengan una política transversal de inclusión y adaptación.
“En la Cámara de Diputados aprobamos al resectorización del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) a la Secretaría de Bienestar con el objetivo de que la Junta de Gobierno de este organismo pueda implementar políticas integrales y transversales en beneficio de la población con algún tipo de discapacidad”, indicó.
Aguilar Gil señaló que el Censo 2020 del INEGI contó en el rubro de discapacidad a 20 millones 838 mil 108 personas, una cifra que representa el 16.5% de la población de México; mientras que en Chihuahua el 10.5% de la población estatal tiene alguna limitación para realizar alguna actividad cotidiana, 4.5% tiene discapacidad y 1.3% tiene algún problema o condición mental, y finalmente, en Ciudad Juárez, el 15.7 % de la población cuenta con discapacidad, una o más limitaciones en la actividad cotidiana (caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse), y con algún problema o condición mental.
“En su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, el CONEVAL destacó que las personas con discapacidad están en desventaja para el acceso efectivo a sus derechos sociales, como educación y seguridad social, lo que dificulta su inserción social y aumenta sus probabilidades de caer y permanecer en pobreza. Por esto es que esta reforma es tan relevante, pues el acceso a estos derechos no puede discriminar a esta población”, aseguró.
La legisladora federal indicó que el objetivo final de esta y otras reformas en la materia, es lograr una planificación estratégica en lo que respecta a la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad y la observancia de sus derechos humanos, aumentando la accesibilidad y eliminación de barreras jurídicas, sociales, económicas.
