La carne está cara por culpa del gobierno MC.
Sarampión, aumenta el contagio. Está fuera de control.
Más prudencia le pide el estado a Duarte por la bailada que se pegó.
Le llueven denuncias al Municipio de Parral.
El diputado local Francisco Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, criticó al Gobierno de México por el alza en el precio de productos básicos, con énfasis en la carne. El encarecimiento —puntualizó— ocurre debido a la implementación de políticas económicas que no consideran la realidad de los productores.
El legislador denunció que, hoy en día, un kilogramo de bistec aparece a $240 pesos en el mercado a causa de la Cuarta Transformación, de los niveles inflacionarios que ha ocasionado desde el mandato de Andrés Manuel López Obrador y durante los primeros meses de su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo.
«Este es el resultado de una economía atrapada en el populismo, de un gobierno que destruyó las cadenas de suministro, que persigue a los productores con impuestos, y que ha priorizado el control político por encima del desarrollo. «Mientras el gobierno gasta millones en propaganda y subsidios electorales, el trabajador ya no puede comprar carne para su familia», sentenció.
Los contagios de sarampión en el Estado de Chihuahua aumentaron en un 58% durante junio. Mayo cerró con mil 740 casos confirmados, mientras que el último día de junio registró 2 mil 752, que representa mil 12 nuevos de un mes a otro.
Gran parte de la transmisión ocurrió este fin de semana, en medio de las vacaciones de verano: hasta el viernes la entidad federativa reportaba 2 mil 516 casos; sin embargo, la cifra subió en 236 más para el domingo, en un período de dos días.
Según el último Informe Técnico que emite de forma cotidiana la Secretaría de Salud, el virus ha llegado a 44 de los 67 municipios en Chihuahua. De los casos confirmados se han recuperado 2 mil 470 —el 89.75%. De forma que las 282 personas continúan en fase de transmisión activa, con erupción cutánea. Al mismo tiempo, seis pacientes permanecen internados. El secretario General de Gobierno del Estado, Santiago De La Peña, comentó sobre las últimas salidas en público del exgobernador César Duarte. Lo llamó a ser prudente, pues sigue bajo proceso, y a Javier Corral, senador de Morena, a admitir que en su Gobierno existieron omisiones respecto al caso de Duarte.
De La Peña expresó que la Constitución y la legislación penal permiten a Duarte continuar con el procedimiento en libertad, pero mostró su preocupación por la imagen que algunos videos recientes han proyectado sobre él como figura pública bajo proceso legal.
Durante el fin de semana comenzaron a circular videos del exgobernador César Duarte en el bar “Plan B”, en donde se le observó bailando a su estilo. No es la primera vez que el estado le manda a Cesar Duarte mensajes de prudencia.
La Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua, antes Promotora de la Industria Chihuahuense, inició un proceso legal en contra del Gobierno Municipal de Hidalgo del Parral por incumplir el plazo límite para la construcción del nuevo rastro Tipo Inspección Federal (TIF). Esta demanda se suma a la que interpuso Telcel la semana pasada.
En 2016 el Ayuntamiento firmó el contrato de compra-venta del terreno, que se expande por 13 hectáreas, bajo la condición de que el rastro supusiera una inversión de $60 millones de pesos y generara al menos 50 empleos en a más tardar dos años.
No obstante, han transcurrido nueve años de la firma y el Municipio no ha cumplido con lo acordado y la obra permanece detenida, a pesar de su urgencia para el desarrollo económico de la región ganadera; razón por la que el Gobierno del Estado ordenó la restitución del predio. Salvador Calderón Aguirre, alcalde de Parral, informó que la actual administración fue notificada al respecto desde el 9 de mayo.
Dijo. —dijo: «La acción legal no solo responde al incumplimiento de obligaciones contractuales, sino también a observaciones señaladas por la Auditoría Superior del Estado en contra de la Promotora». El señalamiento —mencionó— obliga a dicha entidad estatal a actuar en apego a los principios de legalidad y rendición de cuentas, por lo que el proceso no puede ser detenido ni suspendido de manera discrecional, al tratarse de observaciones vinculantes.
