Hospital del IMSS en Chihuahua: seis años de promesas y una verdad incómoda
Por Eduardo Arredondo
La discusión sobre el nuevo Hospital General Regional del IMSS en Chihuahua volvió a colocarse en el centro del debate político. Sin embargo, más allá de los discursos y las descalificaciones, existe un elemento que difícilmente puede ignorarse: la documentación oficial presentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El pasado 15 de julio, el IMSS exhibió documentos emitidos por autoridades del estado de Chihuahua y por el Registro Agrario Nacional que, según el Instituto, demuestran que los terrenos ofrecidos desde 2020 no cumplen todavía con las condiciones legales, técnicas y de protección civil necesarias para iniciar un proyecto hospitalario.
A pesar de ello, diversas voces políticas, entre ellas el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, la dirigente estatal del PAN, Diana Álvarez, y el senador Mario Vázquez, han sostenido que el Gobierno Federal primero debería asignar el presupuesto y posteriormente resolver el tema del terreno.
Ese planteamiento choca con el procedimiento administrativo que rige la construcción de hospitales del IMSS.
La lógica institucional es sencilla: primero debe existir un predio con certeza jurídica, libre de conflictos agrarios, con dictámenes favorables de Protección Civil, uso de suelo y viabilidad técnica. Sólo entonces puede integrarse el expediente inmobiliario y posteriormente gestionarse la factibilidad presupuestal.
No se trata de un tecnicismo burocrático, sino de una obligación administrativa. Ninguna obra pública de esta magnitud puede presupuestarse sobre un terreno cuya propiedad sea incierta o cuyos riesgos no hayan sido plenamente evaluados.
Los documentos dados a conocer por el IMSS apuntan precisamente a esa problemática. Algunas propuestas presentaban registros a nombre de particulares; otras mostraban posibles afectaciones agrarias o carecían de los dictámenes indispensables para garantizar la seguridad del proyecto.
Mientras tanto, el debate político ha optado por buscar responsables antes que soluciones.
Los antecedentes en otras entidades muestran un procedimiento completamente distinto. Oaxaca, Coahuila, Aguascalientes y Querétaro siguieron la misma ruta: primero se aseguró un terreno jurídicamente viable; después se formalizó su donación al Instituto; posteriormente el Consejo Técnico autorizó su incorporación al patrimonio del IMSS y, finalmente, se asignaron recursos para iniciar la construcción.
Es decir, el presupuesto nunca llegó antes que el terreno.
En Chihuahua, seis años después de la primera solicitud del Instituto, ese requisito sigue sin resolverse plenamente.
El problema, entonces, parece menos financiero y más administrativo.
Si los documentos oficiales son correctos, la discusión no debería centrarse en exigir presupuesto para un proyecto que aún carece de un inmueble plenamente regularizado, sino en preguntarse por qué las autoridades estatales no han logrado entregar un predio que cumpla con todos los requisitos legales y técnicos desde hace más de media década.
La salud pública merece algo más que declaraciones cruzadas.
Los derechohabientes del IMSS no necesitan un intercambio permanente de culpas entre niveles de gobierno; necesitan certezas.
Porque un hospital no se construye con conferencias de prensa, sino con expedientes completos, terrenos seguros y decisiones responsables.
Y mientras el terreno continúe siendo el eslabón faltante, cualquier intento de convertir este tema en bandera política sólo prolongará una espera que ya supera los seis años para miles de familias chihuahuenses.
