Eduardo Arredondo Informa
Funcionario de Seguridad de Maru Campos estaría ligado al Cártel de Sinaloa
Una nueva polémica sacude al gobierno de Maru Campos luego de que una investigación difundida por El Universal señalara presuntos vínculos entre un alto funcionario del sistema penitenciario estatal y una empresa relacionada con operaciones atribuidas al Cártel de Sinaloa.
¿Quién cuida las cárceles en Chihuahua?
La seguridad pública en Chihuahua vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Esta vez, no por una fuga, un motín o un operativo fallido, sino por los señalamientos que alcanzan directamente a uno de los funcionarios encargados del sistema penitenciario estatal.
La investigación publicada por El Universal sobre Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario de Chihuahua, abrió una nueva crisis política para el gobierno de Maru Campos. El tema no es menor: el funcionario aparece relacionado con una empresa de seguridad privada que fue señalada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con operaciones ligadas al Cártel de Sinaloa.
Aunque hasta ahora no existe una acusación penal formal en su contra, el simple hecho de que un alto responsable de la seguridad penitenciaria aparezca mencionado en documentos mercantiles ligados a una empresa investigada por la OFAC genera preocupación y, sobre todo, dudas.
Porque en política y en seguridad pública no solamente importa la legalidad. También importa la confianza.
Fernández Acosta asegura que desconocía cualquier actividad ilícita y sostiene que fue engañado al integrarse a la empresa. Sin embargo, las preguntas siguen creciendo: ¿cómo llegó un funcionario de este nivel a participar en una compañía que terminó bajo la lupa internacional?, ¿hubo revisión previa de antecedentes?, ¿quién autorizó su permanencia en un cargo tan delicado?
El problema para el gobierno estatal no es únicamente jurídico, sino político. Chihuahua atraviesa uno de los momentos más complejos en materia de violencia, narcotráfico y control penitenciario. Por eso, cualquier sospecha sobre funcionarios de seguridad golpea directamente la credibilidad institucional.
Además, el silencio oficial comienza a pesar. Hasta ahora, el gobierno estatal no ha fijado una postura contundente sobre el tema, mientras crecen las presiones para que exista una investigación clara y transparente.
La ciudadanía merece respuestas. Y más cuando se trata de quienes tienen bajo su responsabilidad las cárceles del estado.
Porque al final, la pregunta que queda en el aire es sencilla, pero contundente: ¿quién vigila a los encargados de la seguridad?
