La reciente muerte de Gabriela, de 30 años, tras someterse a tres cirugías estéticas en la Clínica St. John de avenida La Cantera, reaviva el debate sobre la seguridad en el ámbito de la cirugía estética y la necesidad urgente de una regulación más estricta. Este caso, que se suma al de otra mujer fallecida a finales de junio, subraya una preocupante tendencia de negligencia y falta de control en el sector.
Gabriela fue trasladada al Hospital Palmore tras complicaciones derivadas de las intervenciones, pero lamentablemente no sobrevivió. La causa de su muerte, según el Servicio Médico Forense, fue una falla múltiple orgánica provocada por una pérdida significativa de sangre, llevándola a un choque hipovolémico. Esta es la segunda muerte en lo que va del año vinculada a procedimientos estéticos, y plantea serias interrogantes sobre las prácticas y los estándares en este campo.
La Fiscalía de Distrito Zona Centro ha iniciado una investigación por “muerte accidental por riesgo quirúrgico”, pero la situación pone en evidencia una serie de problemas que van más allá de la mera negligencia médica. El hecho de que Gabriela fue operada en una clínica que, según reportes, no contaba con las credenciales necesarias para asegurar procedimientos seguros, resalta una brecha alarmante en la regulación y supervisión de estas prácticas.
La primera víctima, D. I., falleció en circunstancias similares tras una abdominoplastia y lipoescultura realizadas por un médico sin la especialización adecuada. Este caso llevó al cierre del quirófano y área de hospitalización, pero la falta de regulación efectiva y el ejercicio de pseudomédicos siguen siendo problemas persistentes.
El Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua ha reportado 18 casos de negligencia, reflejando una crisis de confianza en el sector. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) también ha alertado sobre el riesgo de recibir procedimientos de manos no calificadas, una problemática que se ha visto exacerbada por la proliferación de “especialistas” sin formación válida.
El doctor Jorge Iván Borunda, presidente del Colegio, ha señalado esfuerzos para coordinarse con el Departamento de Profesiones para mitigar estos problemas, pero la efectividad de estas medidas sigue en entredicho. Es imperativo que las autoridades intensifiquen sus esfuerzos para regular y supervisar las prácticas de cirugía estética, imponiendo sanciones severas a quienes operan fuera del marco legal y garantizando que solo los profesionales debidamente capacitados puedan realizar estas intervenciones.
La pérdida de vidas debido a cirugías estéticas no debería ser un costo aceptable en la búsqueda de la perfección. Es crucial que se implementen reformas robustas y se refuercen los controles para proteger a los pacientes y evitar futuras tragedias. La sociedad y las autoridades deben exigir y garantizar que la seguridad y el bienestar de los pacientes sean la prioridad en todas las prácticas médicas.
