La participación del Colegio de Abogadas y Abogados Agraristas de Chihuahua permitió llevar al ámbito nacional las conclusiones del primer Congreso Agrarista realizado en el estado.
Chihuahua, Chih.– El pasado miércoles 28 de octubre se llevó a cabo, en el Senado de la República, el XXVIII Congreso Nacional y VIII Internacional de Derecho Agrario, un encuentro que reunió a colegios de abogados agraristas, especialistas, académicos, estudiantes, instituciones públicas y representantes de los tribunales agrarios de distintas entidades del país.
El Congreso fue presidido por el magistrado doctor Rubén Gallardo Zúñiga y se desarrolló mediante plataformas digitales, lo que permitió la participación de especialistas y representantes de diversas regiones de México, así como de invitados internacionales.
Durante las jornadas se abordaron temas fundamentales para el presente y futuro del campo mexicano, entre ellos una visión integral del derecho agrario, los nuevos paradigmas jurídicos, la relación entre legislación y medio ambiente, la situación del derecho agrario en las entidades federativas, las perspectivas de los congresos regionales y las nuevas aportaciones de académicos y universidades.
También se analizaron los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo y su relación con los conflictos agrarios. Como parte de las actividades se realizó la entrega de reconocimientos y de la presea Andrés Molina Enríquez, en reconocimiento a las aportaciones al desarrollo del derecho agrario.
Jorge Pazos lleva la voz de Chihuahua al debate nacional
En representación del Colegio de Abogadas y Abogados Agraristas de Chihuahua, su presidente, Jorge Pazos Linares, tuvo una participación relevante al exponer la importancia de fortalecer el derecho agrario y su vinculación con otras ramas jurídicas, particularmente frente a los nuevos desafíos económicos, sociales y territoriales que enfrenta México.
Uno de los temas centrales de su intervención fue la relación entre la minería y la propiedad social de la tierra, un asunto que consideró de especial importancia para el futuro de los ejidos y comunidades agrarias.
Pazos Linares explicó que es necesario comprender la distribución de las actividades mineras y distinguir entre los recursos energéticos reservados al Estado, como los hidrocarburos y el litio, y aquellos minerales cuyo aprovechamiento puede desarrollarse mediante concesiones a particulares, conforme al marco constitucional y legal.
En este sentido, destacó que el petróleo y los hidrocarburos representan una fuente importante de ingresos para el país, mientras que el litio continúa en una etapa de desarrollo y exploración, por lo que todavía existen importantes retos para determinar su aprovechamiento económico.
Asimismo, señaló que la legislación minera contempla mecanismos mediante los cuales los ejidatarios pueden participar en los procedimientos relacionados con las concesiones; sin embargo, existen dudas e incertidumbre sobre las condiciones reales para que los propietarios sociales de la tierra puedan incorporarse como participantes o copropietarios de los proyectos mineros.
Advirtió que la explotación minera requiere inversiones considerables y que no necesariamente genera utilidades inmediatas, por lo que resulta indispensable establecer mecanismos jurídicos que permitan a ejidatarios y comuneros participar en condiciones justas, sin quedar al margen de los beneficios económicos derivados del aprovechamiento de los recursos existentes en sus territorios.
El presidente del Colegio Agrarista de Chihuahua consideró que las disposiciones actuales todavía presentan vacíos y áreas de incertidumbre que pueden convertirse en fuentes de conflictos entre empresas, propietarios de tierras y comunidades agrarias. Por ello, planteó la necesidad de fortalecer y revisar el marco jurídico minero, particularmente en su relación con la legislación agraria.
La deuda pendiente con los pueblos indígenas
Otro de los asuntos relevantes abordados durante el Congreso fue la legislación indígena y los pendientes que existen para garantizar certeza jurídica a los pueblos y comunidades originarias.
Jorge Pazos Linares señaló que todavía existen interrogantes que deben resolverse, especialmente en lo referente a las indemnizaciones que pudieran corresponder a quienes actualmente poseen legítimamente determinadas tierras, antes de que se definan procesos de restitución o reconocimiento de derechos territoriales a comunidades indígenas.
Consideró que es indispensable establecer criterios jurídicos claros para determinar quiénes son verdaderamente los pueblos originarios y cómo deben reconocerse sus derechos, evitando que la falta de claridad legislativa genere nuevos conflictos sociales y agrarios.
Chihuahua abre camino con su primer Congreso Agrarista
La participación de Jorge Pazos Linares en este encuentro nacional e internacional también permitió compartir las experiencias y conclusiones del primer Congreso Agrarista realizado en la historia de Chihuahua, organizado por el Colegio de Abogadas y Abogados Agraristas del estado apenas 20 días antes de este encuentro.
Este primer ejercicio estatal representó un esfuerzo por reunir a especialistas, abogados, académicos y representantes de distintos sectores para discutir los desafíos actuales del campo chihuahuense y la necesidad de construir una visión integral del derecho agrario.
Los planteamientos surgidos en Chihuahua encontraron un espacio de exposición y reflexión en el Congreso Nacional e Internacional, particularmente en temas como la propiedad social, la minería, los recursos naturales, los derechos de los pueblos indígenas y la certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra.
Finalmente, Jorge Pazos Linares destacó que el derecho agrario no puede permanecer limitado a los conflictos tradicionales de ejidos y comunidades, sino que debe evolucionar para responder a las nuevas realidades económicas, ambientales y sociales del país.
La participación de Chihuahua en este Congreso reafirma la importancia de impulsar una nueva visión del derecho agrario, en la que la defensa de la propiedad social, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y los derechos de las comunidades sean parte fundamental del desarrollo nacional.
