Hugo R. Sánchez G.
El 11 de mayo de 2020, el ciudadano presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emite el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente, para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, lo que sabemos es que ninguna de las cinco condiciones de dicho acuerdo se ha cumplido, además, el 26 de marzo de 2019 se reformó la Constitución para definir y dar estructura a la Guardia Nacional, una autoridad que debe ser civil; sin embargo, bajo el pretexto de que dicha institución no se conformaría de manera inmediata, en uno de sus transitorios, la Ley de la Guardia Nacional faculta a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad hasta por cinco años, hasta la consolidación de la nueva fuerza policial, lo que significa que para el 2024, por Ley de la Guardia Nacional, y por Acuerdo Presidencial, las fuerzas armadas regresan a sus cuarteles, puede sonar muy simple, pero desde el gobierno de Ernesto Zedillo no se han regresado, intentado cada sexenio su permanencia en la Seguridad Pública.
Lo que sucedió el pasado 24 de noviembre es que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debía analizar la controversia constitucional 90/2020 enviada por la Cámara de Diputados, proyecto a cargo de la ministra Ríos Fajart, análisis respecto a que si el presidente López Obrador invade competencias del Poder Legislativo, pero dicho análisis fue enviado al pleno de la SCJN, por lo que ahora quedará en manos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora bien, que este acuerdo del presidente sea declarado inconstitucional o no, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería una de nuestros menores problemas, ya que de encontrar vida dicho acuerdo, les pondría fecha de caducidad a las Fuerzas Armadas en seguridad pública, lo que realmente sería un grave problema para la invasión e intromisión a la vida ciudadana, es que la propuesta de reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a formar parte (en Constitución), de la Secretaría de la Defensa Nacional, lograra mayoría y aprobación en las cámaras del legislativo donde no existe intervención de la SCJN.
Al día de hoy, la Ley de la Guardia Nacional se encuentra en una total autonomía y con funciones que extralimitan su participación en seguridad pública, por ejemplo, la aplicación de sanciones por faltas administrativas, tal Ley, es pensada para que poco a poco los militares sustituyan a los policías estatales y municipales, claro, comenzaron por los federales, tampoco busca la colaboración y coordinación con estados y municipios, tres años de fracaso de ejemplo para tal caso, sometiendo a los niveles de gobierno a la voluntad militar, ya que hoy no es necesario convenios de colaboración con los dos órdenes de gobierno siguientes para el despliegue de Fuerzas Armadas, pero sí les obliga a que los estados y municipios financien ese despliegue militar y de la GN, se les done terreno, se les entreguen instalaciones, se les apoye con alimento, y los mismos, no requieren invitación.
Por ello es tan importante que la SCJN invalide este Acuerdo presidencial que carece de toda legalidad, y que las cámaras tanto Baja y Alta, no permitan que nuevamente se reforme la Constitución a modo militar, sólo requerimos recordar al presidente que durante su juramento de toma de protesta, con vitalidad y gran voz pronunció, “Prometo guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
El acuerdo no escrito entre gobierno y milicia es muy claro, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 20 de noviembre, 235 militares fueron ascendidos, entre ellos ocho que obtuvieron el grado de general de división, el más alto rango dentro del Ejército, entre quienes obtienen este grado inmediato se encuentran, al grado de general de división, el general de brigada Inocente Prado López, actual titular de la Jefatura General de Coordinación Policial de la Guardia Nacional (GN), René Trujillo Miranda, actual director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), quien se desempeñó como presidente del Comité de Administración de dicho proyecto, además, Emilio Avendaño García, actual jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Mexicana, además, en el marco de la conmemoración del Día del Ejército Mexicano, el presidente López Obrador, en su calidad de Comandante Supremo, hizo un reconocimiento al general Sandoval ante integrantes de las Fuerzas Armadas y del gabinete, de cuyo nombramiento afirmó que no se equivocó, “[…] decidí nombrarlo porque en todo su expediente, en toda la información que pedí, decía que era incorruptible, por eso es secretario de la Defensa”.
Dicho general Sandoval, de manera indirecta, reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas para el proyecto del presidente López Obrador, e invitó al pueblo de México a unirse a este proyecto, mencionando “debemos estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha”, faltando así al artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que señala: “Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes”.
Con esto se deja entrever que gobierno federal y fuerzas armadas se benefician mutuamente, pero lo más grave, es que ahora que los militares son empresarios, policías, constructores y demás, y con un presupuesto recibido mayor a los 200 mil millones de pesos, difícilmente se regresarán a sus cuarteles, difícilmente serán transparentes, y difícilmente se conformarán con poseer tanto poder que sólo dure este sexenio.
*Especialista en Seguridad Pública, Instructor certificado en Derechos Humanos por el CICR.
Mtro., en Juicios Orales, Contacto: silverado_hr@hotmail.com
