Por [ el chismoso ]
22 de octubre de 2025
La confrontación entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, es mucho más que un simple cruce de declaraciones: es una muestra clara de cómo el discurso político se ha judicializado, y cómo la arena pública se transforma cada vez más en un tribunal mediático donde lo importante ya no es probar, sino acusar con fuerza y cálculo electoral.
Luisa Alcalde, en su rol de nueva lideresa de Morena, ha salido con tono firme a señalar lo que considera una continuidad del “saqueo” en estados gobernados por la oposición. No es casualidad que entre sus primeros blancos esté Maru Campos, una figura que ha logrado consolidarse en el norte del país y cuyo nombre comienza a sonar —aunque aún muy lejos— en la baraja de 2030.
La acusación de encubrir a César Duarte, exgobernador priista y símbolo de la corrupción rampante de la vieja guardia, no es menor. Pero tampoco es nueva. Maru Campos ha lidiado con ese fantasma desde antes de asumir la gubernatura, aunque legalmente no se ha demostrado su participación en actos ilícitos relacionados con Duarte.
Campos, por su parte, no se quedó callada. Ha anunciado una demanda por daño moral contra Alcalde, asegurando que se trata de una campaña de difamación orquestada desde el poder central. La jugada es arriesgada, pero revela algo importante: la oposición no está dispuesta a quedarse en silencio frente al discurso punitivo de Morena, que durante años ha capitalizado el combate a la corrupción como su principal bandera.
Sin embargo, este choque nos deja una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el discurso anticorrupción es un verdadero compromiso y no solo una estrategia de desgaste político? Porque si algo ha quedado claro en la historia reciente es que la lucha contra la corrupción, sin una justicia imparcial y sin pruebas claras, se vuelve sólo una herramienta retórica.
La política no puede —ni debe— reducirse a un intercambio de acusaciones sin consecuencias claras. Si hay pruebas contra Maru Campos, que se presenten ante un juez. Si no las hay, entonces el linchamiento mediático se convierte en otra forma de violencia política, una que también erosiona la democracia.
Y mientras tanto, Chihuahua —como otros estados— sigue enfrentando problemas reales: inseguridad, crisis hídrica, desigualdad. Problemas que no se resuelven con ruedas de prensa ni demandas cruzadas, sino con políticas públicas responsables.
Quizá lo que más preocupa no es el tono de la disputa, sino lo poco que tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos. Porque al final del día, entre demandas y acusaciones, la política nacional sigue girando alrededor de los mismos nombres y las mismas batallas de siempre.
