Verificación vehicular: ¿solución ambiental o negocio político?
Por Eduardo Arredondo
En Chihuahua, cada vez que se menciona la palabra “verificación”, la reacción ciudadana no es de alivio… es de sospecha. Y no es para menos.
La propuesta del gobierno estatal, encabezada desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología por Gabriel Valdez, parte de un argumento técnicamente válido: los vehículos contaminan y regular sus emisiones puede mejorar la calidad del aire. Hasta ahí, nadie discute la lógica.
El problema empieza cuando esa lógica se queda a medias.
Porque mientras se plantea revisar a miles de automovilistas —que, en su mayoría, ya realizan mantenimiento básico para poder circular y asegurar sus unidades—, poco se dice del papel que juegan las grandes industrias. Las maquiladoras, las plantas de producción masiva, las embotelladoras… todas operando a gran escala, consumiendo recursos y generando emisiones que difícilmente pasan desapercibidas.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿de verdad el problema central son los carros?
La percepción ciudadana apunta en otra dirección. Y es una percepción peligrosa para cualquier gobierno: la de que estas medidas no buscan únicamente mejorar el medio ambiente, sino abrir una nueva fuente de ingresos. Porque cuando se habla de verificación, no solo se habla de revisar autos; se habla de cobros, centros autorizados, concesiones… dinero.
Y ahí es donde el tema se contamina —pero políticamente—.
No son pocos los ciudadanos que consideran que, detrás de estos programas, las ganancias terminan beneficiando a grupos vinculados al poder. Tal vez no haya pruebas contundentes en cada caso, pero la desconfianza no surge de la nada: es el resultado de años de decisiones públicas donde los costos recaen en la población y los beneficios no siempre son claros.
Si realmente se quiere hablar de una política ambiental seria, el enfoque no puede ser selectivo. No se puede cargar la responsabilidad únicamente sobre el ciudadano mientras los grandes emisores quedan en segundo plano. Eso no es estrategia ambiental; es comodidad política.
El discurso oficial insiste en mejorar la calidad del aire. La ciudadanía, en cambio, pide algo más básico: piso parejo.
Porque al final, el problema no es verificar o no verificar vehículos. El problema es cuando una medida que debería ser técnica termina percibiéndose como recaudatoria.
Y en Chihuahua, hoy por hoy, la confianza está tan deteriorada que cualquier programa nuevo enfrenta el mismo juicio anticipado: ¿es por el medio ambiente… o por el dinero?
