Serían al menos cien personas las que están involucradas, entre empresarios y políticos: fiscal
Chihuahua— A partir de la próxima semana habrá más detenciones de personas relacionadas con la ‘nómina secreta’ que supuestamente se pagó durante la administración de César Duarte, así lo indicó el fiscal César Augusto Peniche Espejel, quien manifestó que ya se tiene debidamente ubicados a quienes deberán responder ante la justicia las acusaciones que enfrentan.
Ayer, el fiscal César Augusto Peniche Espejel sostuvo una reunión durante varias horas en Palacio de Gobierno y trascendió que el asunto a tratar era lo relacionado a la operación justicia y los denominados “expedientes x”, pero al ser cuestionado al respecto indicó que fueron reuniones de trabajo y que en los últimos días no se habían tenido encuentros con testigos protegidos o personas que se acogieron a los criterios de oportunidad.
Manifestó que las investigaciones de la llamada ‘nómina secreta’ son sólidas y el hecho de que ya haya personas que reconocieron haber recibido dinero y que lo hayan regresado, establece la existencia de tal hecho y serían al menos cien personas las que están involucradas, entre empresarios, políticos y de otros sectores de la población.
Hasta el momento se tiene la detención de Christopher James, exdirigente juvenil del PRI Nacional, quien fue acusado de haber recibido hasta 2.6 mdp a través de pagos mensuales cercanos a los cien mil pesos, sin desempeñar una función dentro de la administración estatal que encabezaba César Duarte.
El fiscal se reservó la identidad de las personas que podrían ser detenidas en los próximos días e indicó que una vez que se concreten se podrán conocer los detalles de las acusaciones, así como los montos que habrían recibido.
Cabe señalar que el propio gobernador Javier Corral Jurado ha indicado que en dicha ‘nómina secreta’ se encuentra la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, así como el secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui, quienes habrían recibido hasta 10 mdp.
Además figura el nombre del senador Cruz Pérez Cuéllar, a quien se le pagaron cerca de 2 mdp y contra quien se presentó una solicitud de desafuero ante el Congreso de la Unión para proceder a su investigación.
