La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se reconsidere la decisión de eliminar o degradar la Subsecretaría de Minería, ya que la misma, es imprescindible para el buen funcionamiento del sector minero, dado a que corresponde a este, una de las principales actividades económicas del país, o bien dada la incertidumbre actual sobre su estatus, en su caso, se revierta a su condición administrativa original.
Dada la importancia económica que representa la minería para el País y sobre todo al ser uno de los principales sectores reconocidos que aportan para sobrellevar la crisis en que nos encontramos, es que el Legislativo de Chihuahua, hace un pronunciamiento al Gobierno Federal, para que no se regrese a la Subsecretaría mencionada, a carácter de Dirección General.
La diputada Patricia Gloria Jurado Alonso, integrante de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, señaló que, de acuerdo al estudio realizado por la comisión dictaminadora, con fecha 31 de agosto de 2020, la Secretaría de Economía anunció la desaparición de la Subsecretaría de Minería, hecho que entraría en vigor desde el primer día de septiembre del presente año. Esta acción fue sustentada como una supuesta medida de austeridad y racionalidad administrativa.
Este hecho, fue catalogado por representantes de sindicatos del ramo en materia, como una medida equivocada y como una mala señal para los trabajadores, empresarios e inversionistas, ya que se significaría el abandono de la política pública en el sector y podría representar menor canalización de capitales, agregó la legisladora.
Refirió que de acuerdo a cifras emitidas por representantes sindicales, la industria minera genera 379 mil empleos directos y 2.4 millones de indirectos y representa el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional; México ocupa uno de los 10 primeros lugares en el mundo en la producción de 19 minerales.
En ese sentido, la representación minera destacó que es imprescindible mantener los puentes de diálogo de alto nivel con las autoridades. Así mismo, señaló que la Subsecretaría de Minería es un órgano estratégico para la recuperación económica que necesita el país.
Dentro de la exposición, XXXX destacó que en el Proyecto de Egresos de la Federación para el año 2021, a pesar de haber eliminado la subsecretaría mencionada, le asignarán 23 millones 364 mil pesos, lo que genera incertidumbre sobre su desaparición o no, y por ende, nuestra propuesta de Acuerdo tiene esa variante, por la confusión que se da, si desaparece o se degrada, la instancia aludida.
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En Sesión del Congreso del Estado realizada a través de acceso remoto, se exhortó al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, prevea en la medida de su capacidad presupuestal las acciones necesarias a efecto de instalar una Industria Textilera en la comunidad de San José Baqueachi, Carichí, para el beneficio económico de toda la comunidad, cuando ello sea posible dadas las condiciones actuales de pandemia, o se valore en su caso, la posibilidad de que tal impulso en materia textil, se dé por medio del organismo que actualmente tiene por objeto y denominación el Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, y/o las instancias que se consideren convenientes, en los términos de la Ley de Fomento a las Actividades Artesanales del Estado.
Procurar el bienestar de las comunidades indígenas originarios de Chihuahua, es fundamental para el desarrollo humano y social de nuestro Estado, refirió el diputado Jesús Manuel Vázquez Medina, integrante de la Comisión dictaminadora de Economía, Turismo y Servicios, al presentar dicho dictamen.
Agregó que dentro de la exposición de motivos presentados en la iniciativa que dio origen al exhorto aprobado por unanimidad de votos, se señala que en el año pasado tuvo gran revuelo nacional una empresa textil creada en el 2017 por mujeres rarámuris llamada KUSÁ, la cual inició con 3 hermanas de origen rarámuri, quienes se convirtieron en modistas de ropa étnica a la cual añaden un toque de modernidad logrando ganar terreno en la industria textil, al ofrecer innovadores diseños que conservan esencia de su cultura.
El proyecto referido, surgió por la necesidad de generar un ingreso para ellas y sus familias; hasta el día de hoy la gran fuerza con la que ha impactado la línea de ropa ha sido sorprendente para las diseñadoras, han visto cómo se consume su producto en gran medida en ferias y mercados en los que han tenido la oportunidad de presentarse.
Los pueblos indígenas y las comunidades locales son conscientes del valor comercial de sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales y su capacidad para promover el desarrollo económico, pero muchos de los productos basados en conocimientos y expresiones culturales tradicionales que aparecen en el mercado por terceros, sin el permiso de las comunidades.
Muchos de los objetos, imágenes o símbolos comercializados de esta manera tienen gran importancia para las comunidades indígenas, y su uso no autorizado puede causarles daños económicos, espirituales o culturales, es por ello y con la finalidad de procurar el bienestar de las y los habitantes de la zona en mención, que se hace el llamado a la autoridad estatal, para que sea instalada una industria textilera en la región mencionada, que sea apoyo de fuentes de ingresos para el sostén de varias comunidades indígenas.
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-Productos como jabón, gel antibacterial y solución a base de cloro, particularmente a mujeres en zonas rurales, campesinas o en situación de calle
Con la finalidad de apoyar a las población que está en situación de vulnerabilidad, el Congreso de Chihuahua, exhortó al Poder Ejecutivo del Estado, para que de manera complementaria a lo establecido en el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley que Regula el Uso Obligatorio de Cubrebocas y demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad COVID-19, tenga a bien analizar las reasignaciones o transferencias presupuestales necesarias que permitan destinar recursos para la entrega de productos de higiene como jabón, gel antibacterial y solución a base de cloro a las personas en situación de vulnerabilidad, particularmente a mujeres en zonas rurales, campesinas o en situación de calle, con el fin de apoyar a la población durante la crisis generada por la presente pandemia.
En la exposición del dictamen, la diputada Deyanira Ozaeta Díaz, presidente de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables, refirió que el pasado 14 de noviembre del 2020, fue publicada la Ley que Regula el Uso Obligatorio de Cubrebocas y demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad COVID-19 en el Estado, en la cual se establecen como medidas complementarias para evitar el contagio del virus, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como el uso de gel antibacterial.
Dado a lo antes mencionado, es que se hace prioritario apoyar a la población y grupos en situación de vulnerabilidad en general, a fin de amortiguar el impacto económico negativo que pudiera generar las disposiciones señaladas en la Ley en comento.
Ozaeta agregó que, en el Artículo Séptimo Transitorio se prevé que el titular del Poder Ejecutivo Estatal, así como los municipios, instituirán y administrarán un Fondo que será utilizado para la adquisición y entrega de cubrebocas, así como para otras medidas para hacer frente a la contingencia que se integrará por los recursos que se recauden por las autoridades estatales y municipales, por concepto de multas impuestas a quienes incumplan con el ordenamiento de reciente creación.
Es por todo lo antes señalado, que se hace el llamado al Ejecutivo Estatal, para que se analice la viabilidad de reasignar recursos presupuestales para los productos antes señalados, a personas en situación de vulnerabilidad.
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La Sexagésima Sexta Legislatura Congreso del Estado, solicitó al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informe de manera detallada al Poder Legislativo las acciones de supervisión que ha llevado a cabo, con el propósito de garantizar que las empresas del sector agrícola que utilizan mano de obra de personas jornaleras migrantes y no migrantes, dieron cumplimiento a las recomendaciones difundidas en su página web, bajo el título “Recomendaciones ante el Covid-19 para las Empresas Agrícolas”.
Así mismo, para que se redoblen esfuerzos en las acciones de inspección durante el siguiente ciclo agrícola que iniciará el año entrante, para evitar mayores contagios entre la población trabajadora.
El dictamen fue presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en voz de su vocal, diputada Anna Elizabeth Chávez Mata, quien mencionó que con la intención de coadyuvar en la protección de la salud de la población que habita y trabaja en la Entidad, de las consecuencias negativas de la pandemia, el Gobierno del Estado, a través del Programa de Atención a Personas Jornaleras Agrícolas Migrantes (PROJAM), emitió la información necesaria y las recomendaciones conducentes para las empresas del sector agrícola.
Lo anterior, a través de la difusión en la página web de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Estatal (STPS), de un documento denominado “Recomendaciones ante el Covid-19 para las Empresas Agrícolas”, que contiene información de gran utilidad ante el panorama actual.
Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal (STPS), en coordinación con la Secretaría de Salud (SSA), ha hecho lo propio y para tales efectos elaboraron una Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícolas ante el Covid-19, con el objetivo de orientar a quienes trabajan en el sector agrícola de la República Mexicana sobre las acciones y medidas que deben implementarse para la mitigación de la pandemia.
Agregó que, sí hay información difundida a través de internet sobre las recomendaciones y medidas preventivas citadas con antelación, así como reportes globales o generales de las inspecciones realizadas a los centros laborales para constatar que están cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene correspondientes, en donde se puede observar que los giros supervisados comprenden los sectores comercial, manufacturero, agrícola, agroindustrial y de servicios, con última de fecha de corte al 19 de noviembre de 2020, sin embargo, resulta imposible determinar si se han supervisado al cien por ciento las empresas agrícolas que operan en el Estado, por lo que se hace la petición para que se informe a esta Soberanía respecto al tema mencionado.
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Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ante las múltiples violaciones de derechos humanos en el país, para que atienda a la brevedad las recomendaciones emitidas por los diversos organismos e instancias de derechos humanos.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada del PAN, Blanca Gámez Gutiérrez, quien determinó que dentro del documento, se pide que de igual manera, se rinda un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones antes mencionadas.
Mencionó que también se pide que el Presidente de México, garantice las partidas necesarias para destinarlas a la protección de las personas defensoras y periodistas, asimismo, construya en breve una agenda eficaz y eficiente con perspectiva de derechos humanos.
Se pide que el Ejecutivo Federal incorpore en los planes y programas de estudio de la Educación Básica, la asignación obligatoria de derechos humanos y lleve a cabo campañas de enseñanza en esta materia, con el fin de impulsarlos dentro de la misma sociedad.
Además de esto, se solicita que a la brevedad posible, se implementen políticas públicas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.
En este sentido, la legisladora mencionó que estas acciones se piden realizar, en el marco de la Conmemoración del 72 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que es una idea común por el que los pueblos y naciones deben de esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades.
Recalcó que es necesario que se aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su conocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros, como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Por otro lado, afirmó que este documento histórico proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
“Hoy diez de diciembre precisamente se conmemora el 72 aniversario de dicha declaración, fecha también conocida coloquialmente como Día Internacional de los Derechos Humanos, sin embargo, a pesar de los logros, este día no existe motivo para festejar, la violación de los derechos humanos está presente de manera recurrente, inclusive, se tornan más salvajes, en muchos países y México lamentablemente, no es la excepción, en otras palabras, esta declaración parece solo un sueño muy lejos de convertirse en una realidad, al estar reprobados en materia de derechos humanos”, puntualizó.
Concluyó al mencionar que se deben de atender las violaciones en materia de migración, en el sistema de justicia, ataque a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, feminicidios, trata de personas, discriminación u otras violaciones, que así lo hacen notar varias fuentes informativas que presentan un espectro nada favorable para nuestro país.
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Las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al titular del Ejecutivo del Estado de Chihuahua, a considerar el subsidio del 50 por ciento de la inscripción en la colegiatura del primer semestre del 2021 de los alumnos inscritos en las universidades públicas de la entidad.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Benjamín Carrera Chávez del Grupo Parlamentario de MORENA, quien mencionó que estas acciones se buscan dado al panorama económico producido en las familias chihuahuenses tras la pandemia generada por el COVID-19.
Dijo que se pide a los Órganos Máximos de las Universidades Públicas del Estado de Chihuahua, a la condonación del 50 por ciento del total de las inscripciones del primer semestre 2021, así como a otorgar mayor porcentaje y número de becas a los estudiantes.
En este sentido, el diputado citó al Artículo Tercero Constitucional, en el que se establece, que: Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. En este orden de ideas, es necesario ser conscientes de la importante labor que las universidades públicas dotan a los jóvenes, lo que les brinda herramientas que les permitan aportar al desarrollo del país una mejor fuerza laboral.
Dijo que el Presidente de la República, presentó iniciativa en la que se reformó el artículo citado con antelación, derivado de este la educación superior deberá ser universal, gratuita, laica, obligatoria, un derecho humano, democrática, integral, equitativa y de excelencia.
“Los jóvenes de nuestro país han sido punta de lanza en la defensa de sus derechos, hoy los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, han unido esfuerzos para que la Universidad les otorgue mayores estímulos para el pago de las cuotas de inscripción y aumente el número y porcentaje de becas, hasta el día de ayer al medio día medio millar de alumnos han plasmado su voluntad para solicitarlo”, afirmó.
Determinó que en Chihuahua existen varias universidades públicas, como lo son: U.A.Ch., U.A.C.J., Universidades Politécnicas, Tecnológicas etc. Y que si bien, se reconoce que la aportación en inscripciones representa parte de la operatividad de las Universidades, también es necesario que contemplemos que desde el mes de marzo a la fecha el gasto corriente de energía, eléctrica, agua, teléfonos etc. Ha disminuido en relación con la suspensión de los alumnos por cuestión de la contingencia sanitaria.
“En el caso particular de México, un incremento sustancial en la matrícula a corto y mediano plazo requeriría de la gratuidad como estrategia ante la baja inversión en educación de las familias mexicanas. Menester es recordar que solo estoy solicitando el 50 por ciento de reducción o condonación de las inscripciones, no la gratuidad”, concluyó.
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Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Poder Legislativo de Chihuahua, a efecto de que se etiqueten 100 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, para el desarrollo de programas integrales que atiendan las causas que detonan la violencia, las adicciones y el abandono de la educación.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Gustavo De La Rosa Hickerson de MORENA y quien determinó que estas problemáticas señaladas deberán de atacarse en tempranas edades, mismo que se distribuyan entre la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación y Deporte, así como el DIF Estatal, para su atención.
“Durante toda mi vida profesional como abogado, siempre he estado inclinado por los jóvenes en situación de riesgo de pandillerismo, lo que me ha llevado a hacer diferentes alianzas con organizaciones y asociaciones civiles en diferentes causas que hemos emprendido, siempre con el propósito de crear programas y estrategias que permitan a esas organizaciones y a las diferentes dependencias en buscar que los jóvenes, juarenses y de todo el estado, tengan oportunidades de construir una vida digna para ellos y sus familias”, inició el diputado en su exposición de motivos.
Dijo que la juventud se construye en el encuentro con lo público, en la diferenciación de sus prácticas con otros grupos de edad, y bajo ese enfoque, las organizaciones de la sociedad civil con más de 20 años de experiencia en el tema, participantes de esta iniciativa, han promovido programas y proyectos hacia las juventudes con factores de riesgo graves para la prevención y atención de las adicciones, la prevención de la violencia y la reinserción social – educativa.
Reiteró que a pesar de las complicaciones de la Contingencia Sanitaria por el COVID-19, los programas señalados son de éxito y que en la actualidad, se atienden aproximadamente a 3 mil 560 adolescentes y jóvenes de la entidad.
Comentó que las personas usuarias de estos programas y/o modelos de intervención, son jóvenes (mujeres y hombres) entre los 12 y los 29 años, algunos de los cuales presentan por lo menos tres de los siguientes indicadores de riesgo: consumo de drogas, pobreza extrema, cercanía a redes delictivas, relaciones familiares y redes de apoyo inestables o conflictivas, embarazos a temprana edad, violencia de género, en conflicto con la ley, exposición a la violencia.
“Etiquetar recursos para el desarrollo de programas que ofrezcan oportunidades para esta población tiene como sustento las siguientes consideraciones: hablar de educación, implica a hablar de los derechos humanos; es decir, si se incluyen en los programas y políticas públicas dirigidas para que la infancia y juventud cursen y concluyan su educación básica y media superior. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, corresponde al objetivo 4 relativo a una educación de calidad que establecen los objetivos de desarrollo sostenible 2030 del cuál México forma parte”, concretó.
Por último, puntualizó que la deserción escolar temprana, acelera los procesos de exclusión social y exposición a situaciones de riesgo. Precarizan las experiencias de vida y producen un empobrecimiento cultural, afectaciones en las formas de relacionarse, problemas de aprendizaje y ausencia de estructuras de vida (alimentación deficiente, poca capacidad para seguir instrucciones, dificultad para tener un horario, poca motivación al logro, falta de voluntad para esforzarse por algo, etc.) lo que hace difícil la inserción educativa y laboral de estas poblaciones.
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Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortó a la Secretaría de Educación Pública y a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, a fin de que desarrollen e implementen talleres virtuales para padres de familia en los que se dé a conocer y se concientice sobre los peligros a los que está expuesta la niñez al hacer uso excesivo de internet y redes sociales.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada de MORENA, Leticia Ochoa Martínez, quien mencionó que el uso de estas herramientas socio-digitales se ha incrementado por el desarrollo de la Contingencia Sanitaria provocada por el COVID-19.
“La sociedad actual vive en una constante vorágine, el ilimitado acceso a internet y redes sociales, nos ha atrapado en una situación en la que pareciera que la sociedad siempre va un paso atrás y la tecnología, un paso adelante, por lo que sólo nos toca dejarnos llevar por las corrientes informáticas”, concretó.
Mencionó que en México, los usuarios de las redes sociales como Facebook, YouTube y Whatsapp rondan los 90 millones, es decir 72 por ciento del total de la población del país, de ellos el 95 por ciento tiene acceso a estas redes desde sus teléfonos inteligentes o tablets. Como país, Lo anterior nos coloca en el tercer lugar a nivel mundial en este ámbito.
“Las variadas actividades a las que se dedican las madres y los padres en la actualidad hacen que disminuya considerablemente el tiempo que dedican a la familia y coloca en gran riego a las niñas, niños y adolecente quienes se ven con mayor libertad para buscar contenidos en internet y uso de las redes sociales, en la gran mayoría de las ocasiones, sin la supervisión adecuada de quien debiera cuidarlos derivando ello en facilitar acceso a material que en muchas ocasiones no es el adecuado para su edad y desarrollo psicológico”, expresó la legisladora.
Apuntó que con el acceso fácil a dichas herramientas, la niñez se expone constantemente a material sumamente nocivo para su desarrollo como lo es la pornografía en sus diversas modalidades, violencia de distintos tipos, ciberacoso, doxing, grooming, sexting, en dinámicas de diversos retos o la llamada prueba de amor, entre otros muchos.
“Como consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19, nuestros educandos han tenido que recibir su formación académica mediante sesiones virtuales, poniéndolos en riesgo de ocasionar adicción pues ocasiona que de las sesiones virtuales educativas se pasen a las redes sociales y viceversa invirtiendo tiempos excesivos frente a la computadora, celulares o tabletas electrónicas”, concretó.
Por último, Ochoa Martínez dijo que es necesario que como sociedad, se visualice y cuide el entorno de las niñas, los niños y los adolescentes, mismos que se vuelven vulnerables y por lo que se tiene que implementar programas tendientes a minimizar los riesgos mencionados.
