Un edificio para los empresarios… ¿y para los ciudadanos qué?
El Gobierno del Estado de Chihuahua proyecta construir el Centro Empresarial para el Desarrollo y la Competitividad, un edificio de seis niveles que albergará a cámaras empresariales como Coparmex y Canacintra, frente a Expo Chihuahua.
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) prevé iniciar la obra el 28 de agosto de 2026 y concluirla 360 días después, prácticamente un mes antes de que termine la administración estatal. De acuerdo con la documentación del proyecto, la inversión podría oscilar entre 99 y 232 millones de pesos, aunque el monto definitivo aún no ha sido confirmado.
El inmueble contará con oficinas, elevadores, aire acondicionado, sistemas contra incendios e infraestructura para el funcionamiento de organismos empresariales.
Hasta aquí, los hechos.
Ahora vienen las preguntas.
¿Por qué la gobernadora María Eugenia Campos tendría que destinar recursos públicos para construir un edificio prácticamente a la medida de las cámaras empresariales que agrupan a algunos de los empresarios más fuertes de la ciudad?
Si el proyecto se financia con dinero de todos los chihuahuenses, la discusión va más allá de la legalidad. La pregunta de fondo es si esa inversión responde al interés general o si representa un subsidio indirecto para organizaciones que, por su naturaleza y por el perfil de sus integrantes, cuentan con capacidad económica para desarrollar infraestructura propia.
Porque si hay recursos para edificar un moderno complejo para organismos empresariales, también es válido preguntarse por qué esos millones no podrían destinarse a clínicas, hospitales, escuelas, estancias infantiles, obras de agua potable o infraestructura que impacte directamente en la calidad de vida de la mayoría de la población.
Hay otro aspecto que tampoco puede ignorarse. La obra estaría terminada en agosto de 2027, apenas semanas antes de concluir el actual gobierno y en un contexto político rumbo al proceso electoral. Ese calendario inevitablemente abre espacio para cuestionamientos.
¿Existe alguna justificación técnica que explique por qué esta obra es prioritaria? ¿Qué beneficio económico o social obtendrá la ciudadanía? ¿Habrá algún esquema de pago o contraprestación por parte de las cámaras empresariales que ocuparán el inmueble? ¿Se evaluaron otras alternativas antes de comprometer recursos públicos en este proyecto?
Plantear estas preguntas no significa afirmar que exista un propósito electoral o un trato preferencial hacia el sector empresarial. Significa ejercer el derecho ciudadano de cuestionar cómo y en qué se invierten los recursos públicos.
Precisamente por ello, corresponde al Gobierno del Estado responder con absoluta transparencia. Si el proyecto representa un beneficio para Chihuahua, debería poder demostrarse con estudios, indicadores y argumentos sólidos, no únicamente con planos arquitectónicos.
Cuando una obra pública puede costar hasta 232 millones de pesos, las explicaciones deben ser tan grandes como la inversión.
Porque al final del día, el dinero no pertenece al gobierno ni a las cámaras empresariales. Pertenece a los ciudadanos, y son ellos quienes tienen derecho a saber por qué sus impuestos financiarían un edificio para organismos privados mientras persisten necesidades urgentes en materia de salud, educación y servicios públicos.
