¿Dinero público para empresarios? La explicación que el Gobierno debe dar
Mientras miles de chihuahuenses esperan mejores servicios de salud, escuelas dignas, vialidades seguras y obras de infraestructura básica, el Gobierno del Estado ha decidido impulsar un proyecto que inevitablemente genera polémica: la construcción de un edificio para albergar cámaras empresariales.
No se trata de un inmueble cualquiera. Se trata del Centro Empresarial para el Desarrollo y la Competitividad, un edificio de seis niveles que, de acuerdo con los documentos del proyecto, será ocupado por organismos como Coparmex y Canacintra. La inversión estimada podría alcanzar 232 millones de pesos.
La pregunta es tan sencilla como incómoda: ¿por qué los impuestos de todos los chihuahuenses deberían financiar oficinas para organizaciones privadas integradas por algunos de los empresarios más poderosos del estado?
Las cámaras empresariales cumplen una función importante como organismos de representación. Nadie discute eso. Lo que sí merece una explicación es por qué el gobierno tendría que asumir el costo de construirles un inmueble completamente nuevo cuando representan a sectores con capacidad económica suficiente para desarrollar proyectos propios.
Resulta difícil entender cómo una obra de esta naturaleza se convierte en prioridad pública en un estado donde persisten carencias en hospitales, clínicas, medicamentos, escuelas, transporte e infraestructura social.
Cada peso que se destina a un proyecto deja de invertirse en otro. Esa es la esencia del presupuesto público. Por eso, la discusión no es únicamente cuánto costará el edificio, sino qué dejó de hacerse para poder construirlo.
Más aún cuando la obra está programada para concluir prácticamente al cierre del sexenio, en la antesala del proceso electoral de 2027. Ese calendario, por sí solo, obliga a exigir la máxima transparencia.
¿Existe un estudio costo-beneficio que justifique destinar hasta 232 millones de pesos a este proyecto? ¿Cuántos empleos permanentes generará? ¿Qué beneficio directo recibirá la ciudadanía? ¿Las cámaras empresariales pagarán renta por ocupar un inmueble construido con recursos públicos? ¿Habrá un esquema para recuperar esa inversión o será, en los hechos, un patrimonio financiado por los contribuyentes para uso de organismos privados?
Son preguntas que el Gobierno del Estado está obligado a responder.
Porque cuando un gobierno decide construir un edificio para quienes históricamente han concentrado buena parte del poder económico, también envía un mensaje político: revela cuáles son sus prioridades.
Y ese mensaje inevitablemente contrasta con la realidad de miles de familias que siguen esperando una cita médica, una escuela en mejores condiciones o una obra pública que mejore su calidad de vida.
Nadie cuestiona el papel del sector empresarial en el desarrollo económico. Lo que está en debate es otra cosa: si corresponde al erario financiar infraestructura para organizaciones privadas mientras existen necesidades públicas que siguen sin resolverse.
En democracia, cuestionar el destino del dinero público no es un acto de confrontación; es una obligación ciudadana. Si el proyecto realmente representa un beneficio colectivo, el Gobierno debería demostrarlo con datos, estudios y total transparencia.
De lo contrario, la percepción será inevitable: que para algunos siempre hay recursos, mientras que para las necesidades más urgentes de la población la respuesta sigue siendo que “no alcanza el presupuesto”.
