Así quedó demostrado a principios de junio en Ciudad Guzmán _un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación_, cuando una multitud de hombres y mujeres rodearon dos camionetas que transportaban marinos armados. Los habitantes se burlaron de los militares, les arrojaron piedras y botellas de agua y patearon varias veces a un marino mientras dos camaradas lo rescataban.La multitud _protestando presuntamente por la desaparición de un joven_ pintó luego las iniciales del cártel en un vehículo destrozado de la Armada.Este tipo de delitos “socializados” o “masivos” se están extendiendo en México a medida que comunidades enteras vacían trenes de carga o roban miles de litros de combustible en oleoductos.
“La lógica de la gente es ver que los políticos y los funcionarios roban en grande”, dijo Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y experto en temas de seguridad. “Ellos perciben que el presidente para abajo roban y que ellos también tienen el mismo derecho de robar que el político de arriba”.
En mayo, hombres armados rompieron las cerraduras de dos supermercados en la ciudad de Arcelia, en el sureño estado de Guerrero, y permitieron que los vecinos los saquearan. La policía no apareció durante horas.
El portavoz de seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez, dijo que los dueños de las tiendas rechazaron las demandas de extorsión de una división local del cártel de La Familia y que el saqueo era un castigo por no pagar.
Entretanto, diariamente se abren en promedio 42 grifos ilegales en oleoductos _una operación llamada localmente “huachicoleo”_ y el transporte, almacenamiento y venta del combustible robado suele significar una importante fuente de ingresos ilícitos en muchas comunidades rurales.
Ante las quejas de los grupos empresarios de que estos delitos atentan contra el empleo y la inversión, la secretaría de Gobernación los atribuyó al empleo creciente de la población local por parte de pandillas.
La secretaría sostuvo que el fenómeno se debe en gran medida a la diversificación de las organizaciones que comenzaron con el narcotráfico y que ahora tienen intereses en el robo de combustible. En muchos casos han obligado a los residentes a obstaculizar la acción policial para detener a muchos de los que participan en los robos.
El politólogo Jesús Silva Herzog lo compara con el surgimiento de la piratería en Somalia, donde el gobierno central no controla buena parte del país.
“Creo que nos remite a estampas de estados fallidos, en donde no es simplemente que haya un delincuencia organizada, sino que ya es un pueblo criminal organizado, con una base social muy extendida”, dijo Herzog.
Según Buscaglia, estos crímenes masivos suceden en partes de Nigeria y Afganistán, no así en lugares donde existen “mecanismos sociales de control” como los consejos de ancianos en Afganistán.
México carece también de mecanismos sociales de control, de autocontrol. Existen en algunas comunidades que pertenecen a una etnia muy definida, pero en ciudades y en pueblos no. Entonces México está lamentablemente en el peor de todos los mundos”, dijo.
Durante el primer trimestre del año, los ladrones bloqueaban o aflojaban vías de ferrocarril, lo que provocaba descarrilamientos. En esos casos, abren los vagones cargados de granos o de otros bienes y la gente los asalta en masa, mientras la policía o los soldados, superados en número y armas, solo pueden observar.
En un incidente del año pasado en el estado central de Puebla, presenciado por The Associated Press, la policía señaló a vigías que se hacían pasar por agricultores, mientras gente en decenas de camionetas llenaban bidones de plástico con combustible robado de un ducto que cruzaba un maizal.
La policía se limitaba a observar a 100 metros de distancia a la espera de los soldados que vendrían a respaldarlos, pero el ejército, recordando un incidente anterior en que la gente local los emboscó, no se hizo presente.
Tal vez el “crimen social” más común en México es el cultivo de droga. Como dijo un agricultor que cultiva la amapola del opio en la aldea de Tenantla, en Guerrero, “no hay trabajo. De haber otro trabajo lo haríamos”.
Sea por falta de entrenamiento o por no querer enfrentar a civiles, el ejército muchas veces se limita a observar. Cuando decide intervenir, suelen producirse abusos de los derechos humanos.
El 25 de marzo, infantes de Marina sufrieron tres emboscadas cuando patrullaban las calles de Nuevo Laredo, en la frontera. Uno de sus efectivos murió y varios resultaron heridos.
Un helicóptero de apoyo disparó desde el aire y alcanzó el auto de una familia, matando a una mujer y dos de sus hijos. En las semanas siguientes se presentaron quejas de unas 28 personas desaparecidas, algunas presuntamente detenidas por los infantes de Marina.
Buscaglia dijo que si no hay medidas serias para castigar la delincuencia y la corrupción de arriba abajo, los crímenes masivos seguirán aumentando.
“Esta situación es cancerosa, va a expandirse cada vez más con toda la inestabilidad social y política que esto atrae”, dijo. “Lo que tú tienes ahora son cientos de miles, pueden llegar a ser millones que empiezan a portarse así. Adicionalmente, vas a tener una inestabilidad social espantosa”.
