WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos asestó el miércoles un golpe grave a los sindicatos, tras fallar que los empleados públicos no pueden ser obligados a contribuir con cuotas a las organizaciones gremiales que los representan en las negociaciones colectivas. Las organizaciones laborales son un baluarte político para los demócratas.
La mayoría conservadora en el tribunal anuló así una decisión de 41 años de antigüedad que permitía a los a los estados requerirle a los empleados públicos pagar cuotas a los sindicatos que los representan aun cuando los empleados no deseen incorporarse.La decisión, de cinco votos a favor y cuatro en contra, satisfizo un antiguo deseo del sector derechista de eliminar la norma en que personas que no son miembros de sindicatos pagan una mensualidad, vigente en una veintena de estados.El tribunal falló que la ley viola la Primera Enmienda al obligar a empleados a contribuir con sindicatos con los que no necesariamente están de acuerdo.
“Los estados y los sindicatos del sector público no podrán cobrarle cuotas a empleados sin su consentimiento”, escribió el magistrado Samuel Alito al expresar la opinión de la mayoría.
Es el caso más reciente en que el magistrado Neil Gorsuch, designado por el presidente Donald Trump, da el voto decisivo para la victoria del sector conservador.
El mismo Trump tuiteó su aplauso hacia la decisión, aun cuando Alito estaba todavía en el estrado leyendo el resumen. “¡Esta es una gran derrota podrá las finanzas de los demócratas!“, escribió el presidente.
En el disenso, la magistrada Elena Kagan escribió: “No hay manera de ponerle buena cara a este resultado. La mayoría ha anulado una decisión consagrada en las leyes de esta Nación _y en su economía_ desde hace más de 40 años. Como resultado le impide al pueblo estadounidense, a través de los funcionarios locales y estatales, tomar decisiones importantes en cuanto a sus condiciones laborales. Y lo hace convirtiendo la Primera Enmienda en un arma, de tal manera que los jueces, ahora y en el futuro podrán inmiscuirse en políticas económicas y regulatorias”.
