Rocha: cuando el poder ya no alcanza para apagar las dudas
Por Eduardo Arredondo
Hay momentos en la política en los que un regreso al poder termina explicando más que una renuncia.
El caso de Rubén Rocha Moya es uno de ellos.
Volvió a la gubernatura de Sinaloa y, apenas un día después, volvió a pedir licencia. Un movimiento políticamente extraño que dejó una pregunta sobre la mesa: ¿qué necesidad había de regresar, si la separación del cargo era nuevamente la salida?
La respuesta no la tiene el columnista. La tiene que dar la autoridad.
Y ahí está precisamente el centro del asunto.
Claudia Sheinbaum confirmó que la FGR mantiene investigaciones contra 10 personas señaladas por autoridades de Estados Unidos, entre ellas Rocha Moya. La Presidenta fue cuidadosa: estar bajo investigación no significa ser culpable. La responsabilidad, si existe, tendrá que probarse.
Pero también lanzó un mensaje político contundente: cuando existen investigaciones abiertas, lo prudente es apartarse y permitir que las instituciones hagan su trabajo.
Y eso fue justamente lo que Rocha pareció no entender.
El poder no puede convertirse en escudo.
El cargo no puede utilizarse como refugio.
Y el fuero —si esa hubiera sido la intención, algo que la propia Presidenta se negó a especular— no puede estar por encima de una investigación.
Aquí no se trata de condenar anticipadamente a Rocha.
Se trata de algo más elemental:
que nadie tenga que preguntarse si el poder sirve para enfrentar una investigación o para evadirla.
La política mexicana está llena de personajes que confundieron el respaldo de un partido con una carta de impunidad. Pero los tiempos han cambiado. Hoy las investigaciones pesan, los expedientes permanecen y las instituciones tienen que demostrar que nadie está por encima de la ley.
Sheinbaum también marcó distancia.
No habló de ruptura personal. Habló de desacuerdo.
Y a veces un desacuerdo presidencial pesa más que una ruptura pública.
Porque el mensaje es claro: el gobernador no puede anteponer sus intereses personales a los intereses de los sinaloenses.
Rocha regresó.
Sheinbaum cuestionó.
Rocha volvió a pedir licencia.
Y la FGR sigue investigando.
El episodio puede tener muchas lecturas políticas, pero una debe quedar perfectamente clara:
no corresponde a Palacio Nacional absolver a Rocha, ni condenarlo. Tampoco a Morena.
Corresponde a la Fiscalía investigar.
Y si existen pruebas, que se presenten.
Si no existen, que se diga.
Pero mientras tanto, el poder debe hacerse a un lado.
Porque cuando un gobernante está bajo investigación, la verdadera prueba no es cuánto poder conserva.
La verdadera prueba es si está dispuesto a confiar en las instituciones cuando ya no puede controlar el resultado.
Ese es el mensaje central.
Y Sinaloa está esperando la respuesta.
