El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un claro beneficiario de la llamada “ventana de Overton”. Es decir, muchas de las acciones extremas y rupturistas que impulsa terminan haciendo que situaciones que antes habrían parecido escandalosas se perciban como algo normal o poco llamativo.

Ese parece ser el caso de la negociación de Trump para obtener miles de millones de dólares del Gobierno federal destinados a un fondo contra la “instrumentalización”. El presidente intentó que el Gobierno que él mismo controla le pagara US$ 10.000 millones, aunque finalmente aceptó US$ 1.776 millones destinados a personas (aliados de Trump) que aseguran haber sido perseguidas injustamente por el Gobierno anterior.

El acuerdo establece explícitamente que ninguno de esos fondos irá directamente a Trump ni a su familia. Por eso, podría no parecer algo especialmente grave. El Gobierno compensa regularmente a personas que considera perjudicadas.

Pero sí es importante y altamente problemático por varias razones.

Nuevos detalles divulgados discretamente este martes refuerzan por qué.

El Gobierno, sin anuncios ni publicidad, añadió silenciosamente términos muy relevantes al acuerdo que resultan extraordinariamente favorables para Trump y su entorno.

Los términos indican que el Gobierno queda “PERMANENTEMENTE IMPEDIDO y EXCLUIDO” de presentar reclamaciones contra Trump, su familia o sus empresas por asuntos fiscales previos hasta la fecha del acuerdo alcanzado esta semana.

Si estos términos permanecen vigentes, Trump, su familia y sus compañías quedarían efectivamente inmunes frente a “reclamaciones” o “auditorías” relacionadas con asuntos pendientes ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), incluidas declaraciones fiscales ya presentadas.

Los términos fueron añadidos discretamente este martes mediante un enlace incorporado al comunicado original publicado el lunes por el Departamento de Justicia.

La portavoz del Departamento de Justicia, Natalie Baldassarre, defendió la inclusión de esas cláusulas al señalar que era apropiado resolver la denuncia de Trump sobre la filtración no autorizada de sus declaraciones fiscales, tema central de su demanda original por US$ 10.000 millones contra el IRS.

(Un contratista del IRS se declaró culpable en 2024 de filtrar las declaraciones fiscales de Trump y de otras personas y fue condenado a cinco años de prisión).

Baldassarre destacó que Trump aún podría enfrentar investigaciones por asuntos fiscales futuros posteriores a la fecha del acuerdo.

Pero esto está lejos de ser un procedimiento habitual. Se trata de un Gobierno controlado por Trump que, en la práctica, le está otorgando inmunidad.

Y es un tipo de inmunidad que, según muestra la historia, podría resultarle muy útil.

The New York Times describió en 2018, en una extensa investigación, que Trump participó en “esquemas fiscales dudosos durante la década de 1990, incluidos casos de fraude abierto”. Un juez determinó en 2023 que Trump y sus hijos eran responsables de fraude. Y en 2024 Trump fue declarado culpable de 34 cargos penales por falsificación de registros comerciales.

Además, The New York Times informó este martes que los términos del acuerdo también librarían a Trump de una auditoría específica cuyo resultado adverso podría haberle costado US$ 100 millones.

(Trump, como candidato presidencial en 2016, prometió publicar sus declaraciones de impuestos, como habían hecho todos los candidatos de los principales partidos desde 1980. Pero luego incumplió esa promesa alegando que estaba bajo auditoría).

Pero incluso antes de que se añadieran los nuevos términos este martes, los detalles conocidos del acuerdo ya representaban un enorme beneficio para Trump.

Por un lado, aunque el acuerdo señala que él y sus hijos “no recibirán ningún beneficio económico de este acuerdo”, eso no significa que no obtenga nada valioso. Muy por el contrario.

El texto establece que Trump “recibirá una disculpa formal de Estados Unidos”. Nuevamente, este no es un acuerdo normal. Es uno en el que el presidente, esencialmente, está en la cima de ambas partes del acuerdo y logra que una de ellas emita una disculpa oficial que fortalece sus afirmaciones de haber sido víctima de persecución.

Recompensar a aliados

Pero el aspecto más significativo es que Trump puede utilizar el fondo para recompensar a decenas de aliados que hicieron todo tipo de cosas en su nombre, incluidas algunas ilegales.

Ese es especialmente el caso de quienes, en muchos casos, literalmente se levantaron en armas por Trump el 6 de enero de 2021. El vicepresidente J. D. Vance se negó este martes a descartar pagos económicos a muchos de los ya indultados participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero que atacaron a policías, sugiriendo que algunos de ellos también podrían haber sido “maltratados”.

Agentes de seguridad que protegieron el Capitolio de Estados Unidos ese día demandaron este miércoles al Gobierno de Trump para bloquear la implementación del fondo, argumentando, entre otras cosas, que podría utilizarse para financiar organizaciones paramilitares.

El fondo también podría beneficiar a personas que se negaron a proporcionar información a investigadores que pudiera perjudicar a Trump.

Por ejemplo, el exjefe de campaña de Trump Paul Manafort llegó en su momento a un acuerdo para cooperar con los investigadores y luego mintió inexplicablemente, exponiéndose a varios años más de prisión. Trump, quien en repetidas ocasiones insinuó la posibilidad de indultos para quienes le son leales, terminó indultándolo.

Ahora, infringir la ley de maneras que beneficien a Trump también podría traer una compensación económica.

Eso fortalece políticamente a Trump, incluso si el dinero nunca llega directamente a sus cuentas personales. Basta pensar en el mensaje que esto envía a otros aliados sobre cómo los protegerá y recompensará.

Y luego está el nivel de control que Trump tendrá sobre el fondo.

Los términos del acuerdo establecen que será administrado por cinco miembros designados por la secretaria de Justicia, incluida una designación realizada en consulta con líderes del Congreso. El secretario de Justicia interino Todd Blanche fue abogado defensor de Trump y tendrá la facultad de nombrar unilateralmente a cuatro de los cinco integrantes.

Además, Trump podrá destituir a cualquier miembro “sin causa” en cualquier momento.

Eso significa que esas personas responderán ante Trump, quien en muchos aspectos ha convertido al Departamento de Justicia encabezado por Blanche en una extensión de su operación política.

Los reportes sobre quiénes recibirán compensaciones también serán “confidenciales”, lo que en la práctica protege al Gobierno del escrutinio público. Y el acuerdo no permite “apelaciones, arbitrajes ni revisión judicial de reclamaciones, ofertas u otras determinaciones” realizadas por los administradores del fondo.

Es un nivel enorme de control centralizado bajo Trump que se asemeja mucho a un fondo discrecional.

Eso recuerda a su Junta de Paz, que básicamente otorga a Trump el control efectivo sobre miles de millones de dólares aportados por países que buscan ganar su favor.

(La carta constitutiva de la Junta de Paz otorga a Trump autoridad para vetar resoluciones aprobadas por el organismo y para adoptar unilateralmente “resoluciones u otras directrices… para implementar la misión de la Junta de Paz”. También lo convierte en la “autoridad final” para interpretar cualquier aspecto de la carta).

Ese esfuerzo, al igual que el fondo “anti-instrumentalización”, implicó que Trump utilizara su autoridad oficial en el Gobierno para obligar a otros a darle control sobre un fondo multimillonario que fortalece su poder político.

Y en el caso de este fondo, el acuerdo que Trump obtuvo del Gobierno que él mismo dirige también le otorga un beneficio personal sumamente importante: inmunidad para él y su familia.

Puede que no sean US$ 10.000 millones directamente en su bolsillo. Pero sin duda tiene todos los elementos de un escándalo.

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