Patrimonio universitario en riesgo
Por Eduardo Arredondo
La crisis financiera de la Universidad Autónoma de Chihuahua ya dejó de ser solamente un problema administrativo. Hoy amenaza con convertirse en un conflicto legal, político y social que pone en entredicho la quienes deben cuidar el patrimonio público universitario y no administrarlo como si se tratara de activos privados disponibles al mejor postor.
La decisión del Consejo Universitario de autorizar la venta de propiedades de la UACH bajo el argumento de pagar adeudos con Pensiones Civiles del Estado no solo encendió alarmas entre sectores académicos y productores agrícolas; también exhibió una preocupante ligereza institucional frente al marco legal que protege los bienes públicos.
El problema no es únicamente financiero. El verdadero fondo del asunto es la forma en que se pretende resolverlo: desprendiéndose del patrimonio universitario sin que exista claridad total sobre los procedimientos legales, la transparencia de las operaciones ni la responsabilidad de quienes llevaron a la universidad a este nivel de endeudamiento.
La Ley Orgánica de la UACH es clara. Los bienes universitarios no pueden venderse mientras permanezcan bajo dominio público. Para hacerlo se requiere un proceso formal de desafectación con participación del Consejo Universitario, el Ejecutivo estatal y el Congreso del Estado. No es un trámite menor ni un simple tecnicismo burocrático. Se trata de mecanismos diseñados precisamente para impedir que decisiones apresuradas o discrecionales comprometan bienes construidos durante décadas con recursos públicos.
Por eso resulta preocupante que la universidad haya avanzado en acuerdos de venta antes de transparentar si cuenta con todas las autorizaciones legales necesarias. Más grave aún es que desde Rectoría se intente suavizar la polémica hablando de “permutas” mientras crece la incertidumbre sobre ranchos, terrenos e inmuebles estratégicos para la formación académica y la investigación.
El caso del predio de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales en Delicias es ejemplo claro. Para muchos productores y estudiantes no se trata de un simple terreno; representa infraestructura académica, desarrollo regional y patrimonio educativo del estado. Su posible pérdida no solo tendría impacto económico, sino también simbólico.
La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿cómo llegó la UACH a necesitar vender patrimonio público para enfrentar sus obligaciones financieras? Porque detrás de cada terreno puesto en venta existe una cadena de decisiones administrativas que nadie ha explicado con claridad.
Mientras tanto, la solicitud de una auditoría especial por parte de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua parece no solo pertinente, sino necesaria. Cuando el patrimonio público entra al mercado, la transparencia deja de ser opción y se convierte en obligación.
La universidad necesita soluciones financieras, sí. Pero también necesita credibilidad. Y esa no se recupera vendiendo terrenos, sino rindiendo cuentas.
