Este jueves, 3 de mayo, la fundación Open Society presentó un informe sobre la situación actual de nuestro país. “Corrupción que mata”, se titula la investigación. No es un secreto que van varios malos años para la seguridad nacional, pero 2017 sí la rompió. Este último año, ha sido el año más violento en dos décadas, con más de 25 mil homicidios; a eso, súmenle que México es el país con la tasa más alta de impunidad en América y es una de las cuatro naciones más corruptas de la región. Según el informe, estos delitos han crecido por “la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables”, sobre todo cuando son funcionarios públicos, o sea, la impunidad que es visible en nuestro país.
De acuerdo a Animal Político, el informe señala que “se ha podido documentar la participación de funcionarios estatales y municipales, en coordinación con cárteles, en crímenes de lesa humanidad, lo que indica ‘una colusión sistémica entre servidores públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México’“.
De acuerdo a las cifras presentadas, los homicidios dolosos aumentaron casi el 150% entre 2015 y 2017. Además, el agregan que la violencia se ha extendido en diferentes latitudes del país. En el año pasado, Guerrero era el estado más violento, luego Baja California, Estado de México, Veracruz y Chihuahua.
También tocaron el tema de la guerra contra el narco que arrancó en 2006. Sobre esto, mencionaron que las políticas fueron aplicadas “sin regulación adecuada del uso de la fuerza y casi sin sanciones por los crímenes perpetrados durante las administraciones de Enrique Peña y Felipe Calderón”. Agregaron que de esa fecha para acá hay más de 34 mil personas reportadas como desaparecidas.
¿Qué pide la organización? La organización que presentó este informe dice que la Fiscalía independiente es una “urgencia”. Además, proponen la creación de un mecanismo independiente para que pueda perseguir “los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados a ellos”.
Después de mencionar la situación actual y las necesidades locales, el informe llega a una preocupante conclusión: “México necesita urgentemente apoyo externo”. RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
EN 2016, OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE junto con cinco organizaciones
mexicanas de derechos humanos publicaron Atrocidades innegables, un informe
que demuestra que hay una base razonable para creer que las fuerzas federales
mexicanas y miembros del cartel de los Zetas han perpetrado crímenes de lesa
humanidad. El informe examinó las razones por las cuales hay tanta impunidad
para estos crímenes y concluyó que el impedimento principal para la rendición
de cuentas es la obstrucción política que existe a múltiples niveles.
Casi tres años después, la situación en México se ha deteriorado aún más.
En 2017, México experimentó su año más violento en dos décadas, con más
de 25,000 homicidios (superando, incluso las cifras de 2011). Los ataques
contra periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado
considerablemente. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas en
México han sido reportadas en los últimos seis años. La tortura sigue siendo una
práctica rutinaria y “generalizada” a nivel estatal y federal – un hecho reafirmado
a comienzos de 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.
La rendición de cuenta para estos crímenes es casi nula. De hecho, la
impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano:
los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de
investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial
cuando estos pueden ser funcionarios públicos.
La impunidad se vuelve un enorme problema a medida que es más evidente
que los crímenes cometidos por los cárteles de la droga se perpetraron
en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos. En México, la
corrupción ha sido reconocida desde hace tiempo como endémica y su
paulatina proliferación ha inspirado en los últimos años una notable lucha
ciudadana para combatirla. Sin embargo, se ha prestado menos atención a
cómo los actos de corrupción, algunos de ellos descritos en este informe, han
contribuido de manera particular a los crímenes atroces. De hecho, a lo largo
de los últimos dos años, la creciente evidencia de colusión entre funcionarios
estatales y municipales en crímenes de lesa humanidad cometidos por los
cárteles hace surgir la interrogante acerca de si ha habido una colusión
sistémica entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado en
varias partes de México. Estos patrones de corrupción no solo son corrosivos
a largo plazo al limitar la gobernabilidad democrática, la inversión económica
y el desarrollo equitativo, sino que también son mortales. Es el tipo de
corrupción que mata.
6 CORRUPCIÓN QUE MATA
POR QUÉ MÉXICO NECESITA UN MECANISMO INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD
La violencia extraordinaria que México sufre y las preguntas que surgen
sobre la colusión entre actores estatales y el crimen organizado, exigen una
respuesta proporcional con la dimensión y la gravedad del problema. México
necesita un mecanismo internacional, basado en el país, integrado por
personal nacional e internacional, con autoridad para investigar de manera
independiente y eventualmente perseguir, los crímenes atroces y los actos
de corrupción relacionados a ellos. Este mecanismo podrá complementar
y apoyar ciertos procedimientos penales genuinos, a nivel estatal y federal,
a través de asistencia técnica, abriendo el camino para incrementar los
niveles de rendición de cuentas en todo el país. Si la impunidad continua, y
México no se compromete a la creación de este tipo de mecanismo, otros
organismos internacionales, como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
(que ya ha recibido numerosas comunicaciones por parte de ONGs) podrían
intervenir. Sin embargo, de acuerdo con el principio de complementariedad
del Estatuto de Roma, la principal responsabilidad yace en el gobierno
mexicano que debe investigar y perseguir estos crímenes. La asistencia y la
participación internacional son componentes esenciales para garantizar la
independencia de las investigaciones y reestablecer la confianza del público
en el sistema de justicia penal mexicano.
ESTE INFORME TIENE TRES OBJETIVOS. En primer lugar, proporciona
indicadores clave para mostrar cómo, al final del mandato del presidente
Enrique Peña Nieto, los crímenes violentos han aumentando en todo México.
Aunque al inicio de su mandato Peña Nieto prometió cambiar la estrategia
de militarización de su predecesor y contener la escalada de violencia en
México, su administración ha mantenido el mismo enfoque militarizado de
una mortal y mal concebida “guerra contra las drogas”, mientras continúa
apuntando a los líderes de los cárteles. Como resultado de estas políticas, los
últimos seis años han sido más letales para los civiles mexicanos. A lo largo
de 2016 y 2017, los homicidios no solo superaron las cifras históricas de 2011,
sino que se extendieron por más áreas del país. El número de desapariciones
reportadas oficialmente también aumentó en este tiempo, nuevamente
excediendo las cifras de 2011. Los grupos del crimen organizado continúan
practicando la tortura como táctica de terror e intimidación, al igual que la
policía y otras autoridades de investigación quienes la utilizan para forzar
“confesiones”, extraer información o imponer castigos extrajudiciales.
El número de casos procesados y de condenas se ha mantenido
constantemente bajo para todos estos crímenes.
En segundo lugar, en el informe se analiza evidencia fiable que sugiere
la colusión de ciertos funcionarios públicos en el estado de Coahuila en
la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de los Zetas. En
particular, se analizan detalladamente dos de los episodios más brutales
7 CORRUPCIÓN QUE MATA
POR QUÉ MÉXICO NECESITA UN MECANISMO INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD
perpetrados por los Zetas en Coahuila durante el apogeo de su poder:
el asesinato de aproximadamente 300 hombres, mujeres y niños en el
municipio norteño de Allende y pueblos cercanos (incluyendo, Piedras
Negras) durante un período de tres días en 2011; y la desaparición y el
asesinato de aproximadamente 150 personas dentro de los muros de la
prisión de Piedras Negras durante el período 2009-2012, cuando la prisión
sirvió como centro de operaciones de los Zetas.
Situado en la región norte de México, directamente al sur de la frontera con
Estados Unidos, Coahuila es un “narcoestado” por excelencia. Desde mucho
tiempo dominado políticamente por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Coahuila se convirtió en parte de la fortaleza septentrional de los Zetas
en la década de 2000. En un principio, los Zetas se mudaron a Coahuila para
reforzar la autoridad del Cartel del Golfo. Sin embargo, una vez en el área,
tomaron el control, adquirieron propiedades y actividades comerciales, se
casaron con familias locales, monopolizaron actividades ilegales y asesinaron
a quienes intentaron resistirse.
En Allende, la abrumadora violencia contra la población civil en marzo de
2011 parece haber sido una forma de venganza de los Zetas quienes creían
haber sido traicionados por unos antiguos miembros de su organización.
En Piedras Negras, después de obtener el control efectivo del Centro
de Reinserción Social (CERESO) el cártel lo utilizó como un campo de
exterminio de facto y una base de operaciones para promover su reinado
de terror. El presente informe se centra en estos dos incidentes, ya que son
indicativos de la escala y la organización de los crímenes cometidos por
los Zetas, y debido a la creciente evidencia que existe de que funcionarios
públicos pudieron estar coludidos para la comisión de estos crímenes.
Ahora está claro que muchos de los encargados de proteger la integridad y
la vida de las personas – por ejemplo, miembros de la policía local – pudieron,
por el contrario, haber permitido los homicidios.
Aunque algunos policías locales y empleados penitenciarios han sido
arrestados y procesados, la complicidad oficial parece extenderse más allá
de estos funcionarios de bajo nivel. De hecho, hay evidencia que indica que
al menos algunos altos funcionarios electos sabían de antemano acerca de
los crímenes y acordaron no intervenir. Tal parece que otros funcionarios se
enteraron de los crímenes mientras ocurrían y no intervinieron o no realizaron
las investigaciones adecuadas después de los hechos. Independientemente
de la forma, tal corrupción tuvo el mismo resultado mortal.
Ahora se necesita una investigación detallada para responder a las numerosas
preguntas planteadas sobre la aparente complicidad de los funcionarios
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POR QUÉ MÉXICO NECESITA UN MECANISMO INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD
públicos de Coahuila en estos crímenes y, para exponer las redes de
corrupción que existen entre ellos, sus colaboradores y el crimen organizado.
El informe vincula el análisis de los ataques en Coahuila con crecientes
indicios de que la corrupción, y los crímenes violentos que abriga, se han
extendido en varios estados de México, desde Veracruz hasta Tamaulipas,
desde Guerrero hasta Chihuahua. De hecho, existen motivos convincentes
para creer que la complicidad de funcionarios públicos corruptos en
crímenes atroces cometidos por carteles puede ser un patrón generalizado
y recurrente. Las razones por las cuales actores estatales o federales
deciden coludir con los carteles pueden variar, al igual que los modos de
perpetración; no obstante, la colusión misma, de ser probada, señalaría a una
responsabilidad penal tanto para actores estatales como no estatales.
En tercer lugar, el informe explica cómo algunas reformas importantes
del sistema de justicia penal, en particular la propuesta de una Fiscalía
autónoma y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, no garantizan
actualmente la independencia institucional necesaria o la competencia para
investigar crímenes atroces o las redes de corrupción entre funcionarios
públicos y el crimen organizado. La aparente colusión de funcionarios
públicos en la comisión de crímenes atroces, y los fuertes lazos que tienen
con otras autoridades de alto nivel, ponen en duda la capacidad del gobierno
mexicano para investigar de manera independiente estos crímenes por sí
solo. Asimismo, como ha sido el caso en otros países, la existencia de un
mecanismo de investigación internacional puede contribuir a la consolidación
de la independencia de las nuevas instituciones.
EN CONJUNTO, LAS CONTINUAS DEBILIDADES en el sistema de justicia
penal de México, así como la influencia corruptora del crimen organizado,
reafirman la necesidad urgente de un organismo que pueda investigar de
manera competente si los funcionarios públicos y los miembros del cártel
participaron en los incidentes analizados en este informe, y cómo lo hicieron,
así como las atrocidades y actos de corrupción relacionados cometidos en
otras partes de México. En virtud del derecho nacional e internacional, México
tiene la obligación de investigar y, cuando las pruebas lo justifiquen, sancionar
estos crímenes. Un mecanismo internacional podría comenzar a romper los
círculos de impunidad, al emprender sus propias investigaciones, preparar
casos para la persecución del delito por iniciativa propia o por parte de la
Fiscalía recién creada, y proporcionar asistencia y apoyo técnico que podrían
orientar el camino hacia un mayor nivel de rendición de cuentas en todo el
país. La participación y el apoyo internacional son esenciales para combatir
los bloqueos políticos y los intereses partidistas que actualmente obstaculizan
el funcionamiento del sistema penal mexicano. En pocas palabras, México
necesita asistencia internacional si realmente se desea que algún día se haga
justicia por la corrupción que hace posible la comisión de crímenes atroces.
