– Estrategia sin seso, locura en exceso
– Encabeza Chihuahua muertes por Covid-19 en el norte
– Trece jueces penales bailan en la cuerda floja
– Calles sucias, uno de los principales problemas en Juárez
– Iniciativa para castigar el abandono de mascotas
Un básico ejercicio de minería de datos sobre los atentados incendiarios del jueves, revela dos hechos: primero, que los delincuentes lograron captar la atención de la población con sus ataques para infundir miedo, y dos, que las autoridades policiacas fueron vergonzosamente sorprendidas y rebasadas por los grupos criminales, porque carecen de coordinación y mucho más de servicios de inteligencia.
Lo ocurrido pone sobre la mesa una grave realidad: quienes deberían de proporcionarnos seguridad simplemente no tienen una estrategia. Que ahora vengan con el cuento de que van a modificar la estrategia de seguridad en Juárez después de los atentados, solo corrobora lo dicho, y deja en evidencia el trabajo que hasta ahora se ha hecho en la materia.
¿Acaso lo más importante no es activar los sistemas de inteligencia, que hasta ahora no han funcionado, para así estar en condiciones de anticiparse a lo que puede o va a suceder?
Si es un secreto a voces que los bandidos tienen soplones en todas las corporaciones y su información les permite actuar con total impunidad, al amparo de la sorpresa, con alevosía y ventaja, ¿por qué entonces su cambio de estrategia no lo inician con la depuración de las corporaciones pertinentes?
Lo que ocurrió el jueves fue una táctica de guerra de guerrillas, de pega y huye, que ejecutaron en horario estelar para captar la atención de la opinión pública y generar también el caos en las corporaciones, que ya no sentían lo duro, sino lo tupido; resultaría muy interesante hacer un análisis sobre la distancia a la que estaban las patrullas de cada una de las ubicaciones donde prendieron fuego, y sobre el tiempo que tardaron en llegar las primeras unidades.
Probablemente de estos datos podríamos desprender que, para llevar a cabo estos ataques simultáneos, los responsables tuvieron que contar con información de primera mano de los sectores patrullados, para que los pirómanos actuaran con toda libertad y tuvieran tiempo de escapar. No hay de otra.
Estas elementales conjeturas le deberían ser aclaradas a la ciudadanía, dejando de lado las clásicas conferencias de prensa donde solo se sale a hacer un recuento de los daños y a justificar lo injustificable, con patrañas que pueden llegar al extremo de sostener que los delincuentes están respondiendo de esta forma debido al fuerte combate por parte de la Policía.
Si así fuera, y atendiendo a las leyes de la física clásica, de que a toda acción corresponde una reacción, para el caso que nos ocupa tendríamos que pensar que a una acción frontal y efectiva de la Policía contra la delincuencia tendría que venir el repliegue y la captura de los actores generadores de violencia en Juárez, pero por lo que vimos el jueves, eso es, por ahora, solo un sueño guajiro.
Volviendo al tema de la pandemia que nos trae con los ojos pelones, informes de la Universidad de Medicina Johns Hopkins, colocan al estado de Chihuahua en el primer lugar de muertes por Covid sobre todos los estados del norte del país.
De acuerdo con los datos del Tablero Covid-19 de la Universidad de Baltimore, la medición se basa en un parámetro del registro de los últimos 28 días y se actualiza cada hora.
Este registro revela que, en ese periodo, Chihuahua registró 13 mil 257 nuevos contagios y tuvo 377 fallecimientos, muy superiores a los decesos que tuvo Coahuila con 206, Sonora con 287, Durango con 60, Sinaloa con 101 y Nuevo León con 125.
Con excepción de Nuevo León que tiene un registro de nuevos contagios de 17 mil casos, Chihuahua supera al resto de las entidades en este campo, pues Coahuila registra 11 mil 869, Sonora 9 mil 658, Durango 5 mil 171 y Sinaloa 7 mil 722.
Esos datos duros son por entidad federativa, ya que el tablero en cuestión no maneja información a nivel municipal del territorio mexicano, únicamente de los Estados Unidos, donde vemos que la ciudad de El Paso, Texas, tiene un registro de 17 mil nuevos casos en los últimos 28 días, con 202 muertes por Covid-19.
El acumulado desde el inicio de la pesadilla sanitaria en la ciudad hermana es de 182 mil casos, cifra que supera al total de todo el Estado de Chihuahua y nos revela de paso el alto nivel de propagación viral que hay en este condado.
Estas cifras que son públicas y de libre acceso en el sitio https://coronavirus.jhu.edu/map.html pone en contexto una realidad que muchos necios se niegan a aceptar y a respetar, para contener los contagios.
Si estamos en semáforo naranja del control epidemiológico y somos el estado con más muertos del norte de México, algo estamos haciendo mal para que los focos de alerta no se apaguen.
El Centro de Recursos sobre Coronavirus de Johns Hopkins, es la fuente más actualizada y confiable sobre datos Covid-19 en el mundo.
El diputado federal juarense Hiram Hernández Zetina subió a tribuna la iniciativa que propone una reforma al Código Penal federal para tipificar como delito el abandono de animales domésticos, mascotas, y para castigarlo hasta con 10 años de cárcel y multas hasta de 3 mil salarios mínimos.
La propuesta del legislador fronterizo se sustenta en el hecho de que en México hay alrededor de 50 millones de perros callejeros, que representan un daño ecológico y un peligro sanitario, ya que las poblaciones de gatos y perros de la calle se convierten en agentes invasores que sobreviven con la caza de especies endémicas y protegidas, además de ser agentes transmisores de enfermedades.
La propuesta de Hernández Zetina se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación.
Con motivo de la pandemia, las mascotas domésticas se convirtieron en el soporte emocional de millones de personas en México y en todo el mundo, principalmente cuando el virus obligó a la reclusión y al aislamiento.
Aun así, son miles de perros abandonados los que deambulan por las calles, famélicos, con frío y todo tipo de enfermedades. Muchos son recogidos por organizaciones altruistas que trabajan por los derechos de los animales, pero cientos encuentran su fin en la vía pública.
De convertirse en ley, la iniciativa de Hiram será la principal arma de los protectores de animales para frenar la irresponsable actitud de muchos desalmados con estos seres indefensos.
Como si no fueran suficientes la inseguridad y la pandemia, otro de los grandes problemas de los juarenses es el exceso de basura que hay por las calles de la ciudad. Es para dar vergüenza.
No es una invención de Mirone. En la reciente encuesta de satisfacción con los resultados de la gestión ambiental, el rubro de basura en las calles recibió un espantoso 4.04 de calificación.
La encuesta es la base del informe sobre servicios públicos que cada año presenta el Plan Estratégico de Juárez Asociación Civil.
En la parte de satisfacción con el medio ambiente, los otros rubros no salieron tan mal evaluados como la basura en las calles. La “calidad del aire” obtuvo un 7.03 y la “calidad del agua” un 6.89, por lo que la libraron de panzazo, mientras que la “cantidad de árboles” también reprobó con un 5.95 de calificación.
En el mismo tema de la limpieza, que es de lo que más le duele a Juárez, el servicio de recolección de basura también fue mal evaluado. La encuesta se levantó entre noviembre y diciembre del 2021, ya con nuevas autoridades municipales y estatales. La calificación fue de 6.33, con todo y las presiones del Ayuntamiento para que PASA mejore su servicio.
Aquí llama la atención que el servicio ha ido en picada desde la gestión de Armando Cabada. La calificación en 2017 fue de 8.55, de 8.35 en 2018, de 7.76 en 2019 y de 7.31 en 2020.
En cuanto a la insatisfacción con los servicios públicos, el único tema adicional que le gana a la recolección de basura en el muro de la ignominia, es el de la pavimentación de calles. Los juarenses reprueban ese servicio con un 5.24.
Esperemos que vengan nuevos tiempos para Juárez. El relevo de administraciones cumplió ya más de cuatro meses.
Fuentes bien informadas del Poder Judicial adelantaron a Mirone que al menos 13 de los 28 jueces penales que fueron ratificados el jueves por el Consejo de la Judicatura, no han sido perdonados por los pecados acumulados durante la gestión de Pablo Héctor González como presidente del Tribunal Superior.
Aunque ayer fueron ratificados conforme a los plazos legales y en seguimiento a su nombramiento inicial de hace tres años, no pueden cantar aún victoria, ni afirmar que son inamovibles como jueces. El Consejo de la Judicatura justamente se encarga de evitar que adquieran esa condición juzgadores que se tuercen en el camino o que no muestran perfiles éticos adecuados.
Ya están abiertos los expedientes y será iniciada la etapa de instrucción desde la Comisión de Vigilancia para, ahora sí, revisar con lupa las quejas acumuladas e integrar todos los elementos que no fueron incluidos en el proceso de ratificación.
No hay que olvidar que fue todavía durante la anterior administración de González, cuando, desde la Presidencia del Tribunal, se abrió el proceso de instrucción en agosto de 2021, para cerrarse en septiembre.
Es decir, las y los nuevos jerarcas del Poder Judicial no estuvieron en esa parte y por eso ahora hablan de que les dejaron expedientes incompletos, sin materia para haber procedido a la no ratificación. Así ocurrió pese a que, afirman, sí había quejas sobre irregularidades de gran calado que no fueron incluidas.
De ahí que no les haya quedado otra a los integrantes del Consejo de la Judicatura que votar por la ratificación. Tampoco comen lumbre y saben que cualquier juez les puede tumbar una decisión por la vía del amparo.
De hecho, este Mirone supo que al menos uno de los jueces no ratificados en materia civil, ya utilizó el recurso para obtener la protección de la justicia federal. Es decir, ya mostró el caminito que fácilmente podrían seguir los jueces penales, si es que no eran ratificados.
Así que en el Poder Judicial está la grilla a todo lo que da por la pelea de espacios y los ajustes de cuentas, mientras se despliegan las estrategias jurídicas de todos los involucrados en el conflicto. La guerra apenas empieza.
