Javier Corral Jurado sigue insistiendo en que no le preocupa el juicio político que el Congreso del Estado aprobó en su contra, sin embargo, ha emprendido una intensa defensa mediática, centrada en descalificar al abogado que promovió el recurso y en acusar a la gobernadora Maru Campos, de que lo persigue por venganza y para distraer la atención de su incompetencia y corrupción.
Esas dos líneas mantienen el exgobernador en todas las entrevistas que ha concedido sobre el tema, en las que insiste en calificarse como un gobernador excepcional, casto y honesto, que cruzó el pantano de la corrupción sin mancharse.
Eso es lo que pregona en todas las tribunas que le han abierto espacios, porque además es muy hábil para echar rollo, pero en los hechos, claramente dejó sus huellas en ese turbio pantano, porque la incompetencia que mostró para administrar financieramente bien el estado, la sumisión con el crimen organizado, la omisión para castigar a los cómplices de asesinato de la periodista Miroslava Breach y el desastre en que dejó a Juárez con obras abandonadas, entre otras linduras, son también parte del catálogo de corrupción por el que debe responder.
Está muy claro, que por ahora está concentrado en lo único que le sale bien, hablar mucho y en tono rebuscado para confundir, para cuando llegue el momento del juicio tener cuando menos una carga positiva de la opinión pública a su favor, que, por ahora, solo le ha expresado su desprecio, sobre todo la del sector panista.
El hecho de que insista en que el juicio político es consecuencia del combate a la corrupción que hizo durante su quinquenio contra el duartismo, donde Maru fue cómplice y beneficiaria, no aclara ninguna de las irregularidades que le están endilgando en materia de manejo de recursos y del cumplimiento de sus responsabilidades como servidor público.
Cuando se le vengan en cascada todas las denuncias que tiene acumuladas en su contra, de nada le va a servir la defensa de lengua, ni los gritos que peguen sus amigos del partido naranja desde el Congreso de la Unión, y mucho menos lo que digan sus tristemente célebres fieles escuderos Lucha Castro y Gustavo Madero.
Le harán falta elementos tangibles para neutralizar todas esas pruebas de cargo, que le han juntado y contra las que la retórica, que es su única virtud, no funciona. Al tiempo.
Al interior del Marugobierno “hay tiro”, como diría AMLO. Nada bien cayó al secretario de Hacienda, José Granillo, la declaración del secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, de que no se aplicarían multas a automovilistas sin placas nuevas.
Nos dicen Mironianas fuentes que la declaración pública de Jáuregui le cayó como endodoncia sin anestesia al secretario de Hacienda, pues el acto de cobrar o no un concepto de ingreso le corresponde a esa secretaría, si no es que al Congreso del Estado mediante una reforma a la Ley de Ingresos.
Por lo demás, el acto administrativo de detener a un automovilista y entregarle una multa por no traer placas actualizadas correspondería, en su caso, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Pero ese sería otro “tiro” del que ya hablaremos.
El estira y afloja empezó desde el desafortunado día cuando al secretario Granillo se le ocurrió decir que, concluido el plazo para hacer el cambio de placas viejas por las nuevas, se aplicarían multas por un monto equivalente a 50 UMAS. Es decir, unos 4,811 pesos, a razón de 96.22 pesos en que está cotizado ese instrumento.
Como la fecha límite establecida por la Secretaría de Hacienda ya se acerca, que es el miércoles 31 de agosto, comenzaron a brotar cual hongos en temporada de lluvia las peticiones de que se alargue el plazo y no se cobre la multa de a casi 5 mil pesos.
La bancada de Morena, ni tarda ni perezosa, se subió a la tribuna del Congreso a pedir que se diera todo el resto del año para hacer el canje. Al menos ya no pidieron que se cancelara el replaqueo.
Días después, Jáuregui, sin consultarle al secretario de Hacienda, salió a declarar a los medios de comunicación que no se cobraría la dichosa multa.
Sin embargo, el 1 de agosto, la SH informó que a esa fecha ya iban 839 mil 308 trámites, y reiteró que el plazo termina el 31 de agosto.
Vamos a ver quién gana ese “tiro”: si Hacienda, que necesita para pagar gasto público y casi dos mil millones de pesos de créditos a corto plazo, o Jáuregui, que también necesita para pagar el capital político que ha perdido con tanto fierro en la lumbre que nomás no acaba de enfriar.
