MORELIA, Mich. (apro).- A nueve años de la represión contra habitantes de la comunidad indígena de Arantepacua, en la que murieron cuatro personas, este jueves un juez de control del fuero local en Michoacán emitió una orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, contra su secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y contra 14 policías estatales.
Los exfuncionarios públicos son señalados por la Fiscalía General del Estado por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura contra habitantes de Arantepacua, comunidad purépecha ubicada en el municipio de Nahuatzen.
El 5 de abril de 2017, bajo el argumento de recuperar unidades de transporte retenidas en la comunidad, la administración encabezada por Silvano Aureoles instrumentó, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la entonces Procuraduría del Estado, un operativo con más de 300 elementos de seguridad que, a punta de disparos, irrumpieron en Arantepacua.
El saldo entonces fue de cuatro ejecuciones extrajudiciales –incluida la de un menor de edad–, una decena de casos de tortura y 37 lesionados. La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no atraer la investigación en 2022, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 42/2020, documentó exhaustivamente la represión sufrida por la comunidad.
Víctor Manuel Serrato Lozano, comisionado Estatal Ejecutivo de Atención a Víctimas Michoacán, informó que tras los trabajos de reparación de daños que se han venido realizando en lo particular y colectivo en Arantepacua, hace dos semanas la comunidad empezó a presionar por justicia.
Reconoce que quedaba por atender, en estricto sentido, el tema de acceso a la justica, es decir, el castigo o la sanción a los responsables de la represión, y los homicidios.
“Es una exigencia de la comunidad y finalmente forma parte de la reparación: acceder a la verdad y a la justicia de lo que realmente sucedió en aquel fallido operativo. Esto, además, implica cumplir también con la recomendación de la CNDH, que exigía abrir carpetas de investigación. La propia Comisión dio vista en su momento a los órganos de control, a las contralorías y a la Fiscalía General del Estado”, apunta.
En el caso de la Comisión de Víctimas refiere que se ha dado seguimiento a la recomendación de la CNDH, implementado reparaciones de daño individuales y colectivas.
Entre las acciones más relevantes destaca la construcción del Hospital Comunitario de Arantepacua, que ya opera en consulta externa y continúa en desarrollo con dos etapas pendientes. También avanza la creación de un memorial con esculturas en honor a las cuatro personas fallecidas, incluido un adolescente, como parte de las medidas de memoria, justicia y reparación.
