Jael Argüelles revienta nombramientos en la Fiscalía y exhibe posibles delitos
Chihuahua. – La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, advirtió que los nombramientos en la Fiscalía General del Estado están bajo serios cuestionamientos jurídicos y acusó al gobierno de María Eugenia Campos de anteponer decisiones políticas al cumplimiento de la ley.
Mediante un punto de acuerdo, la legisladora exhortó al Poder Ejecutivo a respetar los requisitos constitucionales y legales en sus designaciones, y solicitó a la Fiscalía Anticorrupción investigar los hechos para determinar si existe responsabilidad penal.
Argüelles Díaz, cuestionó el nombramiento de Gilberto Loya como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, así como la designación de Daniel Abraham Terrazas como fiscal de Distrito de la Zona Centro, ante las dudas expuestas sobre el cumplimiento de los requisitos profesionales y de antigüedad exigidos por la legislación.
“Las deudas partidistas no pueden estar por encima de la ley, ni la lealtad política puede sustituir la capacidad profesional”, sostuvo la diputada, al advertir que los cargos encargados de procurar justicia no pueden convertirse en espacios para pagar favores políticos ni premiar lealtades personales.
La legisladora señaló que la Fiscalía debe ser una institución sólida, profesional y confiable, no una dependencia sometida a decisiones discrecionales que comprometan su credibilidad.
Subrayó que las designaciones cuestionadas deben analizarse con rigor jurídico y que corresponde a las autoridades competentes determinar si se cometieron irregularidades o delitos. “Chihuahua merece una Fiscalía que haga cumplir la ley, no una que parezca encontrar la manera de evadirla”, enfatizó.
Además, puso bajo cuestionamiento los resultados de la procuración de justicia en el estado. De acuerdo con las cifras citadas por la diputada, durante 2025 se registraron 73 mil 762 carpetas de investigación, mientras que, según su planteamiento, apenas se inició una carpeta por el 6% de los delitos. A ello sumó una confianza ciudadana de 60.5%, indicadores que, sostuvo, obligan a revisar el funcionamiento de las instituciones y la atención que reciben las víctimas.
