JAEL ARGÜELLES ACUSA A MARU CAMPOS Y MARCO BONILLA POR PRESUNTA PRIVATIZACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO
La diputada de Morena cuestiona la venta de una calle pública, contratos millonarios y la enajenación de 167 viviendas; exige aclarar quiénes resultaron beneficiados.
CHIHUAHUA.— Una nueva controversia política se abre en Chihuahua luego de que la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, señalara presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con bienes públicos, contratos de obra y desarrollos inmobiliarios durante las administraciones de la gobernadora Maru Campos y del alcalde Marco Bonilla.
La legisladora cuestionó si estas operaciones respondieron al interés público o si terminaron favoreciendo a empresarios con presuntos vínculos con el financiamiento de campañas políticas del PAN y el PRI. Se trata de señalamientos que requieren documentación y verificaciones para determinar posibles responsabilidades.
VENTA DE UNA CALLE Y CONTRATOS MILLONARIOS
Entre los asuntos expuestos por Argüelles se encuentra la desincorporación y venta de una calle pública autorizada por el Ayuntamiento de Chihuahua. La diputada cuestionó las condiciones de la operación y sostuvo que el resultado habría beneficiado a un empresario relacionado, según sus declaraciones, con el financiamiento político.
Otro de los puntos bajo cuestionamiento es un contrato superior a los 155 millones de pesos para concluir el Hospital de Ginecobstetricia de Parral. De acuerdo con la denuncia de la legisladora, la obra permanece inconclusa, por lo que pidió revisar el destino de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Argüelles también mencionó contratos adicionales por aproximadamente 7.6 millones de pesos, presuntamente otorgados a empresas relacionadas con un exlegislador panista, así como licencias para desarrollos inmobiliarios.
Los señalamientos colocan bajo la lupa los procedimientos de contratación, la supervisión de las obras y los posibles conflictos de interés que, en su caso, tendrían que acreditarse.
167 VIVIENDAS, BAJO CUESTIONAMIENTO
La venta de 167 viviendas en Chihuahua representa otro de los temas centrales de la denuncia.
Según Argüelles, los inmuebles habrían sido vendidos a desarrolladores privados a un precio promedio cercano a 269 mil pesos por vivienda, para después comercializarse a precios considerablemente mayores.
La diputada cuestionó los criterios utilizados para determinar el valor de las propiedades y planteó si esos inmuebles pudieron destinarse a atender necesidades de vivienda de la población.
Para evaluar la operación es necesario conocer los avalúos, las condiciones de venta, la identidad de los compradores, los procedimientos de adjudicación y los precios finales de comercialización.
¿QUIÉN RESPONDE POR EL PATRIMONIO DE CHIHUAHUA?
Los señalamientos de la legisladora abren preguntas sobre la administración de los bienes públicos y el uso de los recursos estatales y municipales.
¿Quién autorizó las operaciones? ¿Cómo se determinaron los precios de venta? ¿Qué empresas recibieron los contratos? ¿Se cumplieron las obras comprometidas? ¿Existieron conflictos de interés?
Son interrogantes que requieren respuestas sustentadas en documentos, contratos, auditorías y expedientes oficiales.
Las acusaciones de Argüelles no constituyen por sí mismas una resolución sobre la existencia de irregularidades o responsabilidades legales. Corresponde a las autoridades competentes investigar y, en su caso, determinar si hubo incumplimientos o daños al patrimonio público.
La exigencia de fondo es la transparencia: que la ciudadanía conozca cómo se administran sus bienes, a quiénes se adjudican los contratos y qué beneficios concretos obtiene Chihuahua de estas decisiones.
