POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
Ya es una costumbre que tanto el fiscal Cesar Augusto Peniche como el mismo Javier Corral, cuando las resoluciones de los jueces no les son favorables, reclamen airadamente las decisiones, con declaraciones que atentan directamente a la persona del juzgador, con expresiones como que existe corrupción entre quien preside las audiencias y los abogados defensores, incluso la MP Liliana Mediano, llamó inepta a la juzgadora, azuzada por las declaraciones de sus superiores, con el afán de congraciarse, cuando los jueces son el resultado del concurso que avaló el propio mandatario.
Es vergonzante la postura del tribunal para los litigantes que conocemos la integridad de los juzgadores, que también tenemos claro que las resoluciones no son la última palabra porque existen recursos que hacer valer, pero la mansedumbre del poder judicial ante las acciones del Ejecutivo, le impiden contestar como se debería: Defendiendo la libertad y autonomía de sus jueces.
Cuando las resoluciones son acordes a las pretensiones del ejecutivo, no dicen absolutamente nada o destacan la sapiencia y buen juicio del juzgador, pero cuando resuelven en contra, los acusan hasta de prevaricación e incapacidad para el cargo, sin que nadie del tribunal sea capaz de sacar la cara por ellos…que vergüenza.
Pero no solo eso, sino que, además, el tribunal toma acciones en contra de los juzgadores, como en el caso de Cuauhtémoc, donde el fiscal denunció corrupción entre la juez y el defensor para dictar un auto de no vinculación a proceso, el tribunal realizó un enroque con un juez de tribunal de enjuiciamiento con la juez responsable, a petición del mismo fiscal Peniche.
Mismo resultado se espera con la juez que liberó a Oswaldo por falta de elementos para vincularlo, cuando el mismo gobernador llamara la investigación “robusta, completa y muy profesional”.
Y así quieren procesar al vulgar ladrón, cuando no existen condiciones de un juicio imparcial…que vergüenza
La captura de Cesar Duarte en la ciudad de Miami Florida, en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la casa Blanca, se había anunciado el 10 de Enero por parte del mismo mandatario federal en su gira por Ciudad Juárez, cuando dio a conocer que el Gobierno de Donald Trump había autorizado la extradición, y que se había retrasado por irregularidades cometidas no por el Gobierno de Chihuahua, sino por deficiencias de la PGR en la anterior administración de Enrique Peña Nieto.
Es necesario reconocer el enorme trabajo de la fiscalía del Estado para mantenerse en la postura de cubrir todos los requisitos legales necesarios para alcanzar primero la detención del ex gobernador en terreno estadounidense, y ahora, la parte más difícil sin duda como es la extradición.
Este tema resulta muy escabroso, dado que los Estados Unidos, hasta hace relativamente poco, había mantenido una política migratoria de dar asilo político a aquellas personas que venían huyendo de sus países, tanto por la violencia, como por su ideología que los convertía en perseguidos políticos, incluso se les dotaba de permisos para trabajar y eventualmente se integraban como parte de su propia comunidad.
Como se recordará, desde el inicio de su administración Javier Corral se ha encargado de promover local, nacional e internacionalmente las fechorías cometidas por el vulgar ladrón que cometió los latrocinios más escandalosos en la historia del Estado, sumando ordenes de aprehensión, incautando propiedades, ranchos, ganado y en general todas aquellas riquezas que a lo largo de los 6 años que gobernó la entidad, acumuló de manera extraordinaria, ya que con su salario, jamás podría haber alcanzado el nivel de riqueza con el que se ostentaba.
A pesar de que el gobernador cuenta con motivos suficientes para sentirse confiado de que Cesar Duarte pagará lo que debe ante la justicia Chihuahuense, el proceso de extradición apenas comenzó este día en Miami y es seguro que los abogados defensores tratarán de demostrar el efecto corruptor que desde que llegó a la gubernatura ha promovido Javier Corral, señalándolo como responsable aún a pesar de no haberse iniciado ningún proceso, de haber colocado espectaculares con la leyenda de se busca como ladrón de Chihuahua, cuando ni siquiera ha tenido la oportunidad de defenderse, y hasta un museo Expo Impunidad, el saqueo de Cesar Duarte, protegido del régimen, en la casa Chihuahua de la Ciudad de México, donde expuso fotografías de todos los bienes incautados y reiteradamente lo menciona como responsable de saquear las finanzas del Estado.
No se trata de hacer de Cesar Duarte el mártir de la inocencia, ni tampoco tratar de justificar su comportamiento al frente del gobierno de Chihuahua, pero si es necesario, que si se habla del debido proceso, de la presunción de inocencia y de los derechos humanos, la fiscalía del Estado tiene la gran responsabilidad de llevar a la práctica lo que establece el artículo 20 constitucional, que en su apartado A, fracción primera establece que el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
En este sentido, el peor enemigo de la Fiscalía del Estado, relacionado con el tema de Cesar Duarte, es el propio Gobernador Javier Corral, porque siempre lo ha señalado como responsable.
No hay que pasar por alto que el primero que denunció a Cesar Duarte y a su secretario de finanzas Jaime Herrera Corral, fue el licenciado Jaime García Chávez, quien al frente de Unión Ciudadana presentó una denuncia que utilizó Javier Corral como bandera para posesionarse entre el electorado chihuahuense.
Fue el mismo Javier Corral quien traicionó al movimiento, al pactar con Jaime Herrera Corral, su total impunidad para convertirse en testigo protegido, ya que como representante del banco que fundó con el dinero del gobierno del Estado, supo convencer también a los ricos del Pueblo para que se convirtieran en socios del mismo y de esta forma convencer a Corral de que era pieza clave para denunciar a todos quienes saquearon a Chihuahua.
La incongruencia de que los peces grandes y gordos denuncian a los charales por impunidad, solamente se ha dado en el gobierno de Javier Corral.
No es difícil afirmar que no le tocará a este gobierno el procesar a Cesar Duarte, por el tiempo que dure el juicio de extradición, además de que no se garantizaría un juicio justo; sin embargo, en caso de que se pudiera llevar a cabo, le favorecería a Cesar Duarte a quien le concederían todos los amparos que promoviera, como ha ocurrido con los expedientes X y seguirá ocurriendo…
¡Ojalá y la Fiscalía del Estado pueda concretar las esperanzas de toda la sociedad chihuahuense que aspira a que se regrese todo el recurso extraído ilegalmente de las arcas del Estado…ojalá!
