– Gobernador de Texas exhibe sumisión de 4 gobernadores mexicanos
– El Gobierno de Chihuahua debe detener migrantes y combatir a los carteles
– El “Divino Armando” ya tiene titulo de licenciado en locución
– Alerta roja en las redes sociales contra agentes violadores
En un artículo de opinión escrito para el sitio web de Fox News, el martes pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, presumió los acuerdos que obligó a firmar a 4 gobernadores mexicanos, para reducir el flujo de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera mexicana por el territorio del estado de la estrella solitaria.
En el artículo intitulado “Es hora de que Biden haga su trabajo: asegurar nuestra frontera”, el radical republicano dijo que la frontera norteamericana está en crisis, porque con la finalización del Título 42 en mayo, esperan una avalancha de 18 mil migrantes por día, que inundarán las comunidades texanas.
Abott aseguró que, por esa razón, se reunió a principios de mes con los 4 gobernadores mexicanos que comparten frontera con Texas: Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, “quienes entienden la importancia de trabajar juntos en estos tiempos difíciles y han prometido tomar medidas extraordinarias para reducir el flujo de inmigrantes ilegales a Texas”, destacó.
El texano no dijo en su colaboración editorial, que las drásticas revisiones que el personal de seguridad de Texas realizaba a los camiones de transporte mexicanos, provocaron una crisis en las operaciones comerciales binacionales, que obligaron a los gobernadores a buscarlo y firmar lo que les pidiera para resolverla, tal y como ocurrió.
“Me senté con cada uno de estos gobernadores y firmé acuerdos que establecen lo que pueden hacer para cumplir con estas circunstancias únicas. Estos estados mexicanos ahora aumentarán la seguridad en sus puertos de entrada a los Estados Unidos y, de manera crucial, a lo largo del Río Bravo, particularmente en los cruces de aguas bajas donde se lleva a cabo gran parte de la migración ilegal, el contrabando de drogas y la actividad de los cárteles,” explicó ufano en su artículo.
Sobre el acuerdo con Chihuahua, Greg Abbott explicó que la gobernadora Campos está implementando la Plataforma Centinela, “un paquete de tecnología de 200 millones de dólares, que permitirá a la Policía Estatal de Chihuahua rastrear vehículos desde el momento en que salen de un parque industrial en Juárez, hasta que cruzan la frontera hacia Texas, asegurando que no se conviertan en vehículos de contrabando para los cárteles. También están utilizando drones para patrullar la frontera y filtros biométricos para ayudar en la captura de los líderes de los cárteles. La gobernadora Campos está comprometida a detener la ola de contrabando ilegal en Texas”.
De igual manera describe los acuerdos con Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y afirma que “cada uno de estos estados se ha comprometido conmigo a trabajar contra los esfuerzos de los cárteles mexicanos de la droga, que hacen fortunas incalculables cada año contrabandeando personas, drogas mortales como el fentanilo, armas y moneda ilegal a través de nuestra frontera sur”.
Si todo lo que dice el gobernador vecino es cierto y quedó firmado en un acuerdo formal, sería bueno saber cómo le va a hacer el Gobierno de Chihuahua para cumplir, si el estado de fuerza de la Policía Estatal apenas es de 300 elementos en Juárez y la famosa torre de Babel, perdón, Centinela, estará en funcionamiento hasta finales del 2023.
Eso, por una parte. Por otro lado, el tema de los migrantes es un asunto de competencia del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional; así como el combate a los carteles de la droga es responsabilidad de la Fiscalía General de la República y del Ejército Mexicano.
Entonces, ¿por qué comprometerse con lo que no se va a cumplir, si nuestras policías estatales no pueden ni con el paquete de los delitos del fuero común?
La balconeada que Abbott les da a los gobernadores mexicanos en su revelador editorial, nos habla de sumisión, obligada por la ineptitud del Gobierno federal para resolver la crisis, pero sumisión a fin de cuentas.
Ahora resulta que el exalcalde y diputado plurinominal de Morena, Armando Cabada Alvídrez, ya tiene una licenciatura cuya cédula está inscrita en el Registro Nacional de Profesiones de la SEP, desde el 2021.
De acuerdo con la información que aparece en este sitio, Cabada es licenciado en locución por el Instituto Ejecutivo Mexicano, de la Ciudad de México, quien le expidió el título en el 2021.
Si la memoria no le falla a Mirone, desde el 2016, cuando ganó la alcaldía de Juárez, Cabada declaró que sus estudios se limitaban a la preparatoria, los cuales dejó truncos en el Instituto Tecnológico de Monterrey.
Así lo dijo en varias ocasiones y hay constancia en las hemerotecas locales; como también hay evidencia de que, en mayo de 2021, cuando aspiraba a la diputación por Morena, el “Divino Armando” reportó al Instituto Nacional Electoral que su grado máximo de estudios era la licenciatura.
En aquella ocasión, #ChihuahuaVerifica lo desmintió públicamente, citando que en repetidas ocasiones declaró en documentos oficiales que no había concluido la preparatoria. Entonces, por lógica, si no hay preparatoria, no hay licenciatura.
Entre los datos presentados en la plataforma oficial del INE en el 2021, se indicaba que su grado máximo de estudios era una licenciatura y que estaba titulado, sin informar la carrera que supuestamente había estudiado, lo cual fue desmentido por ser complemente falso, de acuerdo con la organización #Chihuahua Verifica.
Por lo mismo, no se explica cómo pudo revalidar en menos de un año todos los estudios truncos de preparatoria, aprobar este nivel y cursar cuando menos tres años de licenciatura en 9 niveles, que ofrece el Instituto Ejecutivo Mexicano.
La única ruta lógica para titularse, salvando todos estos obstáculos de tiempo, capacidad y antecedentes registrados, sería por la vía ilegal, lo cual también es un delito tipificado como usurpación de profesiones y uso ilegal de documentos oficiales.
La ley es muy clara en este sentido y señala que para obtener título profesional es indispensable acreditar que se han cumplido los requisitos académicos previstos por las leyes aplicables.
La premura para obtener un titulo en una institución patito por la vía fast track, o sea, billete de por medio, nos dice que el tristemente célebre exalcalde sigue pensando en lo que llama su proyecto nacional y piensa que con el documento académico superará por default sus limitaciones intelectuales.
Alguno de sus asesores chalanes que todavía tiene incrustados en la nómina municipal, debe recordarle aquella máxima de que: lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta.
Después de la captura de un agente de Vialidad violador en la ciudad de Chihuahua, varios grupos de mujeres activistas en redes sociales, lanzaron alertas de seguridad para prevenir lo que las autoridades responsables no han podido.
Uno de esos grupos precisa en su narrativa: “Todas las chicas que han sufrido violación pasan por casi exactamente lo mismo. Van solas manejando en la madrugada y las detiene Vialidad por cualquier tontería, piden papelería como su INE, papeles de auto, etc.
Las amedrentan y las bajan de sus autos a la fuerza amenazadas de que las van a arrestar, las bajan y literal en vía pública abusan de ellas entre 2 oficiales de vialidad.
Hacen que te orilles y se fijan que vayas sola, que no haya cámaras de donde te orillas, y te amenazan con que saben tu dirección (por los papeles que te pidieron) y tu información para que no los denuncies. A la última chica que le pasó, la sacaron del cabello por la ventana de su auto y abusaron de ella sobre el cofre de la patrulla entre los dos oficiales”.
Las alertas en cuestión vienen acompañadas de iniciativas para exigir, mediante las redes sociales, que se revisen los expedientes de cada elemento de Policía y Vialidad en el estado, para detectar a los chacalones que se han colado con piel de cordero.
De no realizar dichas revisiones y depurar las corporaciones, las organizaciones de feministas y derechohumanistas, amenazan con tomar las calles para que las autoridades cumplan con su obligación constitucional de dar seguridad a la ciudadanía.
