La nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 del gobierno de Estados Unidos plantea condicionar la asistencia antidrogas a México a resultados concretos contra los cárteles, entre ellos arrestar, procesar y extraditar a líderes de organizaciones designadas como terroristas extranjeras, así como desmantelar laboratorios de drogas sintéticas.

El planteamiento aparece en la página 151, dentro del Apéndice D, “2026 Counternarcotic Border Strategies”, en el capítulo dedicado a la estrategia antidrogas para la frontera suroeste de Estados Unidos. Ahí, Washington señala que buscará una cooperación “robusta, sostenida y medible” del gobierno mexicano para combatir a organizaciones criminales transnacionales y grupos designados como terroristas que operan en su territorio.

“This assistance will be conditioned on tangible results”, dice el documento. Es decir, que esa asistencia estará condicionada a “resultados tangibles”, entre ellos tomar medidas para arrestar, procesar y extraditar a líderes de esas organizaciones, además de desmantelar laboratorios de drogas sintéticas.

El apoyo mencionado incluye capacitación para autoridades mexicanas de seguridad y justicia, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y respaldo a operaciones conjuntas. Por ello, la estrategia no habla de condicionar toda la ayuda bilateral de Estados Unidos a México, sino la cooperación antidrogas y de seguridad.

Desde el inicio, la Casa Blanca presenta la estrategia como una ofensiva de seguridad nacional. Trump señala que designó a cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y al fentanilo ilícito y sus precursores como armas de destrucción masiva, mientras que el plan plantea usar “todo el peso” del gobierno estadounidense contra esas redes, incluidos procesos penales por apoyo material al terrorismo, sanciones financieras, combate al tráfico de armas, desmantelamiento de redes en línea y recompensas para llevar a líderes criminales ante la justicia.

México aparece como una pieza central del diagnóstico estadounidense. En la página 148, dentro de “The National Southwest Border Counternarcotics Strategy”, el gobierno de Estados Unidos señala que la frontera terrestre de casi 2 mil millas con México sigue siendo el principal corredor de las drogas ilícitas que representan la mayor amenaza para la vida de los estadounidenses.

En ese mismo capítulo, la estrategia afirma que la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2025 identifica la producción y tráfico masivo de drogas sintéticas, principalmente fentanilo y metanfetamina, por cárteles mexicanos, como la amenaza relacionada con drogas más importante para Estados Unidos.

También sostiene que las organizaciones criminales transnacionales que operan en México y fueron designadas como terroristas son los actores dominantes de ese tráfico.

Según el texto, esos grupos controlan redes que van desde la compra de precursores químicos en China e India hasta la producción clandestina en México y el posterior contrabando hacia territorio estadounidense.

El señalamiento más fuerte sobre México aparece también en la página 148. Ahí, el gobierno estadounidense afirma que esas organizaciones “operan con un nivel de impunidad en partes de México que desafía directamente la soberanía del Estado”, mediante violencia extrema para controlar corredores de contrabando hacia Estados Unidos.

La estrategia advierte que la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no es sólo simbólica, sino que cambia el enfoque de Washington frente a esos grupos: pasan de ser tratados como un problema tradicional de aplicación de la ley a una amenaza de seguridad nacional.

Ese cambio, según el plan, permite usar herramientas diplomáticas, informativas, militares y económicas contra sus redes financieras y logísticas. En la página 149, agrega que la mayoría de opioides ilícitos, metanfetamina y cocaína, particularmente fentanilo, ingresan por puertos oficiales de entrada, ocultos en vehículos particulares o mezclados con mercancía legal en camiones de carga.

En el capítulo 2, “Securing the Global Supply Chain from Foreign Terrorist and Transnational Criminal Organizations”, el gobierno estadounidense aborda el control de cadenas globales usadas para mover precursores químicos, drogas terminadas y equipo para fabricar drogas sintéticas. En ese apartado, plantea que buscará que México incaute precursores, reduzca la producción y elimine la capacidad de los cárteles para amenazar el territorio y la seguridad estadounidense.

Sanciones financieras y procesos penales contra empresas y directivos 

La estrategia también prevé imponer costos a empresas que faciliten la producción o tráfico de drogas. En la página 24, señala que Estados Unidos podrá aplicar sanciones financieras y procesos penales contra compañías o directivos que, de forma deliberada o por omisión, faciliten el comercio ilícito de drogas o precursores químicos.

El plan incluye además una “Global Campaign Against Transnational Criminal and Foreign Terrorist Threats”, en el capítulo 4. Ahí, Washington plantea investigar, procesar y desmantelar redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, lavado de dinero, armas y otros delitos, incluso bajo cargos relacionados con terrorismo cuando corresponda.

En ese capítulo, Estados Unidos señala que buscará desarticular a esas organizaciones desde sus liderazgos hasta distribuidores de bajo nivel, incautar activos ilícitos y destruir sus redes logísticas para que dejen de representar una amenaza estratégica para su seguridad nacional.

El documento también fija metas cuantificables. En el Apéndice B, sobre objetivos y sistema de evaluación, la estrategia toma como base 807 mil 131 libras de drogas ilícitas incautadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en 2024, y plantea elevar esa cifra a 887 mil 844 libras en 2026.

En cuanto a precursores, la estrategia toma como base 11 incidentes reportados en 2024 por China, Colombia, India y México sobre incautaciones de precursores, sustancias relacionadas y equipo, y plantea subir a 48 en 2026 y 208 en 2029.

El texto no hace señalamientos directos contra políticos mexicanos, gobernadores, partidos o funcionarios del gobierno federal. Lo que sí menciona es al gobierno de México, a cárteles que operan en territorio mexicano, a organizaciones designadas como terroristas extranjeras y a la asistencia antidrogas condicionada a resultados medibles.