Por Eduardo Arredondo | EGO Chihuahua
¡DOBLE FRENTE JUDICIAL Y UNA TORMENTA POLÍTICA EN CHIHUAHUA! César Jáuregui Moreno, exfiscal general del estado, enfrenta procesos judiciales relacionados con el escándalo del operativo contra un presunto narcolaboratorio en El Pinal, donde se investiga la participación de agentes estadounidenses vinculados con la CIA.
De acuerdo con la información , al exfuncionario le imputan cargos por partida doble en el caso: un frente federal relacionado con la presunta traición a la patria y otro procedimiento ante autoridades estatales por presuntos delitos vinculados con el ejercicio del servicio público.
El caso abre una interrogante que sacude los círculos del poder: ¿Jáuregui responderá únicamente por sus propias decisiones o las investigaciones también aclararán qué sabían y qué hicieron otros funcionarios?
La gobernadora Maru Campos ha calificado de imperdonable la actuación atribuida al exfiscal. Sin embargo, el deslinde político no responde automáticamente todas las preguntas sobre lo ocurrido dentro de las instituciones estatales.
¿Quién autorizó las actuaciones cuestionadas? ¿Qué información recibió el gobierno? ¿Quién conocía la participación de agentes extranjeros y bajo qué condiciones se desarrolló el operativo?
No se trata de declarar culpable a la gobernadora sin pruebas. Se trata de exigir que las investigaciones aclaren los hechos y determinen, de manera individual, las responsabilidades que correspondan.
Porque una cosa es señalar al exfiscal y otra muy distinta esclarecer toda la cadena de decisiones.
¿CUÁNTOS AÑOS DE PRISIÓN PODRÍA ENFRENTAR?
El Código Penal Federal contempla penas de prisión para distintas modalidades de traición a la patria. El artículo 123 establece un rango de cinco a 40 años, mientras que el artículo 124 prevé de cinco a 20 años para determinadas conductas específicas.
Pero estos rangos no significan que Jáuregui vaya a recibir automáticamente la pena máxima. La sanción dependerá del delito que formalmente se le impute, de los hechos acreditados y de la resolución del tribunal.
Además, el procedimiento estatal constituye un frente distinto, cuyas consecuencias dependerán de los cargos concretos y de las pruebas correspondientes.
¿El caso llegará hasta el fondo o terminará con un exfiscal señalado y una cadena de interrogantes sin respuesta?
Chihuahua merece conocer la verdad. La justicia debe determinar las responsabilidades sin privilegios, sin condenas anticipadas y sin que los deslindes políticos sustituyan las pruebas.
Eduardo Arredondo
