Michael Williams, CNN
La historia de Francisco y Julia comenzó en los confines de la Tierra.
La pareja, ambos científicos investigadores, se conoció por primera vez mientras trabajaban en la Antártida en enero de 2024. Su relación avanzó rápidamente a medida que se turnaban para visitar los hogares del otro, el de él en Chile y el de ella en Estados Unidos. El verano pasado, después de que Francisco conociera a la familia de Julia, comenzaron a planificar seriamente su futuro.
“Decidimos que queremos pasar el resto de nuestras vidas juntos”, dijo Francisco.
La pareja, que habló con CNN con la condición de que solo se publicaran sus nombres de pila, se casó el año pasado, y Francisco solicitó una “green card” que le permitiría vivir y trabajar permanentemente en el país. Se reunieron con varios abogados que dijeron que Francisco podría solicitar cambiar su estatus migratorio mientras vivía con Julia en Estados Unidos en lugar de regresar a su hogar en Chile.
Sin embargo, los recientes mensajes contradictorios del Gobierno de Trump sobre su política de “green card” amenazaron con interrumpir sus vidas, tanto como pareja como familia. Julia espera gemelos a finales de este año.
“Yo estaría sola con dos recién nacidos”
Una directiva anunciada la semana pasada amenazó con exigir que la mayoría de los solicitantes de residencia permanente esperen el proceso en su país de origen.
Sin embargo, apenas una semana después del anuncio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) intentó retractarse, afirmando que simplemente era un recordatorio de que los funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) tenían discreción sobre las decisiones que tomaban en casos individuales.
En su interpretación más simple, el cambio simplemente otorga a los funcionarios más discreción para determinar si los inmigrantes que solicitan un ajuste de estatus pueden permanecer en EE.UU. mientras se resuelve el proceso. En su interpretación más amplia, podría haber obligado a la mayoría de las personas con solicitudes pendientes, como Francisco, a abandonar repentinamente Estados Unidos y dejar atrás a sus familias y sus vidas.
“Este cambio de política nos coloca en una situación en la que tomamos una decisión familiar basada en una expectativa política específica, y ahora eso se ha modificado retroactivamente”, dijo Julia. “Estamos considerando la posibilidad de que, si esto se aplicara a nuestro caso, yo me quedaría sola con dos recién nacidos en un trabajo de tiempo completo”.
“Da mucho miedo pensar en estar separados cuando los niños son pequeños”, añadió. Julia y Francisco hablaron con CNN antes de que el DHS intentara revertir la interpretación más amplia de la directiva.
En declaraciones públicas al anunciar la política, USCIS, la agencia gubernamental encargada del sistema de inmigración legal del país, afirmó que el cambio permite que el sistema de inmigración de Estados Unidos sea “más justo y eficiente” al tiempo que elimina lagunas que podrían permitir que los inmigrantes “pasen a la clandestinidad” y vivan ilegalmente en el país si se les niega la residencia.
El anuncio público inicial de la política pareció adoptar una postura más restrictiva que la propia política. El anuncio dice que las excepciones se concederían solo en “circunstancias extraordinarias” sin detallar qué exactamente puede hacer que las circunstancias de alguien sean extraordinarias.
CNN habló con media docena de abogados de inmigración, todos los cuales dijeron que es demasiado pronto para saber cuán amplios serían finalmente los cambios. Los abogados dijeron que están dejando claro a sus clientes que esto representa simplemente un cambio de política, no de ley, y que la política casi con seguridad sería impugnada en los tribunales.
“No espero una serie masiva de denegaciones; además, no hay manera de que puedan aplicar este memorando de forma retroactiva”, dijo Charles Kuck, un abogado de inmigración con sede en Atlanta. “Apuesto a que hay un millón de solicitudes de ajuste pendientes, fácilmente. No se les puede decir ahora a ese millón de personas: ‘Gracias por su dinero, necesito que vayan a su país de origen y reinicien todo el proceso’. Ningún juez respalda eso, ninguno”.
“Así que les digo a mis clientes: ‘Relájense, dejen que esto siga su curso, sigan el plan que su abogado les ha indicado y todo saldrá bien’”, añadió.
Si bien el USCIS describió el ajuste de estatus como una “laguna”, el proceso existe en una ley creada por el Congreso y no puede ser desmantelado unilateralmente mediante una política administrativa.
“Cuando el Congreso modifica y mejora una ley 20 veces, es difícil llamarlo una laguna legal, como hizo el USCIS en este anuncio”, dijo Kuck. “Es la ley, y la ley seguirá permitiendo el ajuste de estatus para las personas que cumplan con los requisitos dentro de Estados Unidos”.
Los funcionarios del USCIS parecen estar aplicando ya algunos aspectos de la política. Una solicitud de pruebas en un caso pendiente de ajuste de estatus, obtenida por CNN, pide a los solicitantes que especifiquen si alguno de una docena de factores que los adjudicadores podrían considerar al evaluar el beneficio del solicitante podría aplicarse a ellos, como las dificultades que sufriría la familia del solicitante si se les negara la solicitud, la evidencia de valor o servicio a la comunidad y la fluidez o dominio del inglés.
Confusión generalizada
No cabe duda de que el mensaje ha sembrado el caos entre millones de inmigrantes, tanto los que esperan la resolución de su solicitud de ajuste de estatus como los que consideraban solicitar la residencia permanente.
Ese era probablemente el objetivo, según varios abogados de inmigración.
“Quieren que sea arbitrario y caprichoso”, dijo el abogado de inmigración, Jim Hacking.
“Quieren que la gente tenga miedo, y quieren que la gente se vaya de EE.UU.
voluntariamente”.
Esto representa la última estrategia del Gobierno de Trump para restringir las vías de inmigración legal —no solo la ilegal—, que incluye la reducción significativa de las solicitudes de asilo; la limitación del estatus de protección temporal que permite a quienes huyen de desastres naturales o guerras vivir en Estados Unidos sin temor a la deportación; la suspensión de casi todas las admisiones de refugiados; y la restricción de visas de trabajo y de estudiante.
“Creo que esto es otra clara señal de que se trata de una campaña nacionalista, no solo una campaña para poner en orden el servicio de inmigración”, declaró Maureen Sweeney, profesora de derecho de la Universidad de Maryland y directora del Centro Chacón para la Justicia de los Inmigrantes de la universidad.
“No creo que a este Gobierno le haya interesado nunca un sistema de inmigración funcional”, añadió. “Creo que decidieron desde el principio que les convenía políticamente restringir la inmigración al máximo. Creo que decidieron que las iniciativas antiinmigrantes —cuanto más llamativas, mejor— les benefician políticamente, y esto es lo que están haciendo”.
El Departamento de Seguridad Nacional declinó responder a la solicitud de comentarios de CNN sobre esas críticas.
Esos esfuerzos por recortar la inmigración legal ya han provocado una importante fuga de cerebros en Estados Unidos entre científicos, médicos e ingenieros altamente calificados que, de otro modo, se habrían quedado para trabajar o estudiar en el país. Los trabajadores de la industria tecnológica, en particular, estuvieron entre quienes lamentaron la nueva política de “green card” tras su anuncio la semana pasada.
Julia y Francisco, ambos con doctorados y activos en sus comunidades, pueden convertirse en los ejemplos más recientes de esa fuga de cerebros. Francisco también es ciudadano de la Unión Europea, y la pareja está sopesando alternativas.
“Tenemos opciones, y estamos luchando para quedarnos en Estados Unidos y contribuir económicamente al país”, dijo Julia. “Pero si eso no es una posibilidad, somos competitivos en otros mercados, y no tendremos otra opción que llevar a nuestra familia a otro lugar”.
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