Polémica en caso ARAS: acusan irregularidades judiciales y conflicto de intereses
Chihuahua, Chih.— La audiencia celebrada el pasado 30 de abril en torno al caso ARAS ha desatado una fuerte controversia, luego de que se señalara al Juez de Ejecución, Juan Carlos Erives, por presuntas irregularidades en el manejo del proceso y decisiones que han generado indignación entre víctimas y especialistas en derecho.
Durante la sesión, el juez ordenó el regreso de inmuebles previamente decomisados a la empresa ARAS, señalada por el mega fraude que afectó a más de cuatro mil personas. Esta determinación ha sido duramente cuestionada, no solo por las víctimas, sino también por diversos actores jurídicos que advierten posibles conflictos de interés y falta de imparcialidad.
Testigos de la audiencia describieron un ambiente caótico, marcado por gritos, interrupciones y ausencia de control por parte de la autoridad judicial. “Más que una audiencia formal, fue un desorden total donde nadie respetó turnos ni se tuvo claridad sobre el desarrollo del proceso”, señalaron asistentes.
Otro punto que ha generado controversia es la actuación del abogado Felipe Acosta, representante de víctimas, quien —según denuncias— no habría informado de manera oportuna a sus clientes sobre los acuerdos y decisiones que se estaban gestando en la audiencia.
Asimismo, se ha señalado que abogados vinculados a la defensa de ARAS, como Luis Alberto Benavides, Alexis Benavides y Alejandro Esquer, ahora tendrían participación directa en la administración y posible venta de los bienes restituidos, situación que ha sido calificada por críticos como un grave conflicto de interés al asumir, en los hechos, un papel dual dentro del proceso.
La decisión judicial de permitir que los bienes sean entregados a representantes legales ligados a la empresa acusada para su eventual comercialización ha encendido alarmas sobre la transparencia del procedimiento y la protección de los derechos de las víctimas.
Especialistas consideran que este tipo de resoluciones debilitan la confianza en las instituciones de justicia y podrían sentar un precedente preocupante en casos de alto impacto social.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido una postura oficial detallada respecto a los señalamientos. En tanto, víctimas continúan exigiendo claridad, rendición de cuentas y garantías de que sus intereses serán realmente protegidos.
