Chihuahua desatado
Por Eduardo Arredondo
Catorce homicidios en un solo día no son una estadística más. Son catorce vidas truncadas, catorce familias marcadas por la violencia y un recordatorio de que Chihuahua sigue atrapado en una crisis de seguridad que no admite discursos triunfalistas.
Hay cifras que retratan mejor a un gobierno que cualquier campaña publicitaria. Catorce homicidios en un solo día son una de ellas.
Mientras los discursos oficiales hablan de coordinación, inteligencia y resultados, la realidad volvió a sacudir a Chihuahua. El reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana colocó al estado como el más violento del país durante la jornada del 22 de julio: 14 personas asesinadas. Más que Sinaloa, más que Guanajuato, más que cualquier otra entidad.
No es un asunto de percepción. Son datos del propio Gobierno Federal.
La pregunta obligada es: ¿quién está gobernando la seguridad en Chihuahua?
Porque cuando una entidad concentra más de la cuarta parte de los homicidios registrados en el país en un solo día, resulta imposible sostener el discurso de que la estrategia funciona. Algo está fallando. Y está fallando de manera estrepitosa.
Las mesas de seguridad abundan. Las fotografías de funcionarios reunidos tampoco faltan. Los boletines hablan de operativos exitosos, decomisos históricos y detenciones relevantes. Sin embargo, la violencia sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana. Los grupos criminales parecen moverse con una capacidad que desmiente el optimismo gubernamental.
Lo más grave no es únicamente el número de muertos. Es la costumbre. Chihuahua corre el riesgo de acostumbrarse a leer cifras de dos dígitos como si fueran parte del paisaje. Esa normalización representa una derrota mucho más profunda que cualquier estadística.
Cada asesinato refleja un fracaso institucional. Fracasa la prevención. Fracasa la inteligencia. Fracasa la investigación. Fracasa la capacidad del Estado para garantizar el derecho más elemental: vivir.
Y mientras eso ocurre, la discusión política suele desviarse hacia la búsqueda de culpables entre niveles de gobierno. La Federación culpa al Estado. El Estado señala a la Federación. Los municipios alegan falta de recursos. Al final, todos tienen argumentos… pero los ciudadanos siguen poniendo los muertos.
La seguridad no puede seguir administrándose con discursos ni con conferencias de prensa. La ciudadanía no mide el éxito por el número de patrullas desplegadas o armas decomisadas. Lo mide por algo mucho más simple: regresar a casa con vida.
Catorce homicidios en una jornada deberían provocar una sacudida política inmediata, una revisión profunda de la estrategia y una exigencia pública de resultados. En cambio, existe el riesgo de que mañana otra cifra ocupe el lugar de la anterior y el ciclo vuelva a repetirse.
Eso es lo verdaderamente alarmante.
Porque cuando un estado deja de escandalizarse por la violencia cotidiana, el crimen organizado ya ganó una parte de la batalla. No solo disputa territorios. También conquista la indiferencia de una sociedad cansada de esperar que alguien, por fin, haga su trabajo.
Porque detrás de cada cifra hay una historia interrumpida. Y mientras el estado siga encabezando los reportes de violencia, cualquier discurso sobre recuperación de la paz quedará rebasado por una realidad que se escribe, todos los días, con sangre.
