· A Corral se le rebelan las bases.
· El despido del doctor Salayandía: violación a los derechos fundamentales.
El día 1 de junio del presente año ocurrió en el PAN lo que se veía venir: “una verdadera rebelión de las bases”, como ha sido catalogada por Luis Medina presidente del Comité Municipal de ese partido en Jiménez, quien junto con los dirigentes municipales panistas de Chihuahua, Juárez, Delicias, Camargo, Madera, Balleza y Bocoyna, entre otros, mediante un oficio firmado en forma colectiva solicitaron de manera formal a Rocío Reza, dirigente del panismo en el Estado, que obtenga y someta a consideración de los órganos partidistas de deliberación y decisión la información correspondiente a la iniciativa de reforma electoral que el gobernador Javier Corral pretende presentar en estos días ante el Congreso del Estado.
Es pertinente recordar que dicho proyecto de reforma ha sido cuestionado bajo diversos argumentos tanto por medios periodísticos como por actores políticos, pues su principal propuesta, consistente en imponer de manera obligatoria a partidos políticos y candidatos independientes la realización de elecciones primarias, abiertas y simultáneas, para la selección de candidatos, es considerada por algunos como una acción que además de ser ilegal e inconstitucional, resulta violatoria de la autonomía de los partidos políticos, mientras que otros ven en ella un claro intento del gobernador por tratar de impedir que la alcaldesa de la capital, María Eugenia Campos, obtenga la candidatura panista a la gubernatura el año próximo, en perjuicio de la aspiración del senador Gustavo Madero, quien es considerado por muchos como el precandidato favorito de Corral.
Al respecto, el diputado y también el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Bazán, ha anunciado que se dispone a presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa para cuestionar la legalidad del titular del Poder Ejecutivo para reglamentar la Ley Electoral e incidir en los procesos internos de los partidos políticos; “le decimos en pocas palabras que quien tiene la facultad reglamentaria son los órganos electorales”, aclaró el líder priista. Por su parte, el senador de MORENA, Cruz Pérez Cuéllar, ha dicho que es posible que la propuesta de Corral resulte inconstitucional ya que la Constitución Federal no contempla el tema de las elecciones primarias, y además tal iniciativa viola la autonomía que los partidos políticos tienen para decidir cómo realizar sus procesos internos para designación de candidatos.
La bancada de MORENA en el Congreso local también ha sido clara al fijar su postura en relación a la iniciativa de Corral, tal como lo reveló el diputado Miguel Ángel Colunga, coordinador de los legisladores morenistas, quien afirmó a los
medios de comunicación que al momento de someterse a su consideración el citado proyecto de reforma electoral el bloque legislativo que él coordina votará en contra de manera unánime, por considerar que tal iniciativa es inconstitucional y generaría la posibilidad de intervención de agentes externos en la autonomía de su partido.
Por lo que respecta a las huestes del PAN, es evidente que la postura política asumida por los dirigentes municipales –al parecer una veintena- que piden a la dirigente estatal Rocío Reza el análisis y toma de acuerdos sobre dicha propuesta por parte del Consejo Estatal y la Comisión Permanente de ese partido, permite ver con claridad que al interior del panismo la lucha por la candidatura gubernamental -entre marucampistas y corralistas- ha comenzado, y que en el instituto blanquiazul el gobernador Corral no tiene el control de “todos los hilos”.
Llama la atención el reciente despido del doctor José Ángel Salayandía, quien al solicitar a su jefe inmediato insumos para la protección contra el coronavirus fue expulsado de su puesto de trabajo en la Secretaría de Salud, luego de 15 años de servicio. No es la primera vez que en la administración del gobernador Javier Corral suceden represalias de esta índole. Son varios los casos de este tipo que a lo largo del quinquenio se han registrado en detrimento de los derechos laborales y humanos de los afectados.
Hace tres años, y estando a punto de ser contratado para el desempeño de cierto puesto dentro de la administración estatal, después de haber cumplido las entrevistas, requisitos y demás formalidades que se le habían pedido con tal objeto al aspirante a dicho puesto, éste fue informado en el último momento, por parte del funcionario encargado del trámite, que se había recibido la orden de cancelar su contratación, porque sus superiores se enteraron de su parentesco consanguíneo con un articulista político que frecuentemente señala en sus colaboraciones editoriales los errores del Gobierno del Estado.
Lo ocurrido al doctor Salayandía, así como a muchas y muchos otros chihuahuenses que han sufrido atropellos a su dignidad y sus derechos por parte del gobierno en turno, no debe quedar fuera de la acción de la justicia, y debe ser una advertencia para la observancia de la ética y la legalidad por parte del mandatario Corral y todos sus colaboradores, así como para quienes en los próximos años habrán de sucederlos –independientemente del partido al que pertenezcan-. Cuando un gobierno no solo es intolerante ante las libertades y derechos fundamentales que todos tenemos para disentir, pedir, expresarnos, trabajar con seguridad, y exigir el cuidado de nuestra salud, sino que además los reprime –como ha acontecido en el caso del médico Salayandía y de otras personas-, comete graves violaciones a los derechos humanos. En este tema, como en otros igualmente importantes, el gobernador Corral y su equipo de gobierno han decepcionado a los chihuahuenses.
