¿Ya está arreglada la elección judicial en lo local? eduardo aredondo periodista
Hay preocupación entre sectores del foro jurídico por la intención de Francisco Javier Acosta Molina de repetir como Magistrado del Tribunal de Disciplina, a pesar de su cuestionado historial. Molina, exasesor jurídico de Palacio, estuvo involucrado en una polémica designación irregular del fiscal anticorrupción, una facultad que constitucionalmente le corresponde al Congreso y no al Ejecutivo. Esta acción, lejos de traerle consecuencias, fue denunciada pero quedó sin sanción alguna, presuntamente por sus vínculos personales con altos mandos del gobierno estatal, incluida la actual titular del Ejecutivo, con quien compartió aulas en la UACH.
Lo más alarmante es la actitud con la que presume su “segura reelección”. Según diversos testimonios, Molina asegura que no necesita hacer campaña, formar redes ni promover su postulación, porque su reelección está “amarrada”. Incluso se menciona que ya se encuentra cabildeando al sucesor de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, en una muestra clara de su convicción de continuidad y control interno.
Además, su trato hacia colegas y trabajadores deja mucho que desear. Es conocido por referirse a algunos de sus compañeros como “Godinitos” o “Jsimitos”, términos peyorativos que utiliza abiertamente en conversaciones informales, lo que demuestra un marcado desprecio por quienes no pertenecen a su círculo cercano.
La posible ratificación Francisco Javier Acosta Molina
de un perfil con estas características, lejos de fortalecer al Poder Judicial, pone en riesgo su legitimidad e independencia. Nos preguntamos:
¿Está verdaderamente garantizado un proceso de elección judicial transparente e imparcial?
¿O será que —al igual que a nivel federal— ya todo está decidido por acuerdos de poder tras bambalinas?
