Un tribunal federal de apelaciones dividido dictaminó el viernes que el presidente Donald Trump está construyendo ilegalmente un enorme nuevo salón de baile en la Casa Blanca, lo que posiblemente prepare el terreno para un enfrentamiento de alto riesgo sobre el asunto ante la Corte Suprema.

“Que se construya o no un salón de baile masivo es algo que corresponde decidir al Congreso y no es un asunto para la autoayuda del Ejecutivo”, dijo el Tribunal de Apelaciones del Circuito de la ciudad de Washington en un fallo 2-1 a favor del principal grupo de preservación histórica del país, que demandó por el proyecto el año pasado.

“El National Trust ha demostrado, de manera convincente, que el Congreso no ha cedido una autoridad irrestricta al Poder Ejecutivo para rediseñar, remodelar y reconstruir de forma drástica la Casa Blanca —la Casa del Pueblo— para ajustarla a los deseos de un presidente en particular”, escribió el tribunal en su opinión no firmada.

Sin embargo, el Circuito de Washington suspendió la implementación de su fallo durante dos semanas para darle a Trump tiempo de apelar ante la Corte Suprema.

Los jueces que fallaron en contra de Trump son Patricia Millett, designada por el expresidente Barack Obama, y Brad Garcia, designado por el expresidente Joe Biden. La jueza Neomi Rao, designada por Trump, disintió.

La opinión mayoritaria —que abarca más de 100 páginas— es la más reciente y contundente reprimenda judicial en la saga legal sobre la decisión de Trump de demoler el Ala Este de la Casa Blanca el año pasado para hacer espacio para el salón de baile.

El caso del salón de baile también es uno de varios desafíos legales presentados contra los diversos proyectos predilectos de Trump en el Distrito. Otras demandas que ponen en duda su renovación del Reflecting Pool, su impulso para construir una versión estadounidense del L’Arc de Triomphe de París y sus planes de convertir un campo de golf público en un club privado de alto nivel siguen en curso.

En abril, un juez federal en la ciudad de Washington ordenó a Trump detener toda construcción sobre el nivel del suelo hasta que el Congreso aprobara sus planes. Pero el tribunal de apelaciones le permitió continuar con el proyecto por ahora mientras el tribunal consideraba el caso. El fallo del viernes revoca esa decisión anterior y deja claro que todo el proyecto requiere aprobación del Congreso.

Rao dijo en su disenso que consideraba que el National Trust no tenía el derecho legal —conocido como “legitimación” (standing)— para presentar el caso en primer lugar, coincidiendo con los argumentos impulsados por los abogados de Trump desde el año pasado.

Criticó al juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Richard Leon, quien primero falló en contra del proyecto la primavera pasada, por elevar “el desagrado estético” del grupo con el proyecto por encima del argumento de Trump de que es necesario por razones de seguridad nacional.

“El tribunal de distrito se apropió de la supervisión de la construcción en la Casa Blanca, y mis colegas confirman este exceso judicial”, escribió Rao.

La construcción sobre el nivel del suelo del salón de baile comenzó en la primavera y ha avanzado considerablemente. Imágenes publicadas por Trump a principios de esta semana revelan múltiples niveles de columnas de soporte de concreto y varillas de refuerzo de metal en medio de una cantidad significativa de equipo de construcción, incluida una grúa torre.

El presidente ha estado personalmente involucrado en los detalles del salón de baile, desde los planos de planta hasta la selección de mármol. El amplio proyecto del salón de baile tiene un tamaño estimado de aproximadamente 8.200 metros cuadrados, según el arquitecto principal Shalom Baranes. En contraste, la estructura principal de la Casa Blanca, la Mansión Ejecutiva, tiene solo 5.100 metros cuadrados.

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Trump ha sostenido que el proyecto no está sujeto a ninguna supervisión y que debería poder continuar con él sin ningún escrutinio serio. Ha dicho que estará completo en el verano de 2028, un cronograma acelerado para finalizarlo meses antes de que deje el cargo.

“El proyecto está dentro del costo y sustancialmente adelantado al cronograma”, dijo Trump en su publicación del miércoles.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN. Mientras un abogado del Departamento de Justicia que defendía el proyecto presionaba en junio al tribunal de apelaciones para que revocara el fallo de Leon, impulsó una visión expansiva del poder ejecutivo que incluía la afirmación de que ningún tribunal tenía autoridad para detener la construcción, incluso si se consideraba ilegal.

“¿Si esto fuera una completa falta de legalidad por parte del gobierno, no podría detenerse?”, preguntó Millett, a lo que el abogado, Yaakov Roth, respondió: “Según estas teorías, creo que así es”.

En su opinión del viernes, el tribunal dijo que esa postura es rotundamente errónea.

“La audaz afirmación de que el Ejecutivo puede actuar con total falta de legalidad, destruyendo preciados monumentos nacionales y perjudicando los intereses de las personas, y que ningún tribunal puede detenerlo, desafía nuestro orden constitucional”, dijeron los jueces de la mayoría.