dedicaremos La Columna completa al tema que sacudió ayer al estado con la detención de nueve elementos de la Comisión Estatal de Seguridad acusados de robar, privar de la libertad a un adolescente y asesinar a su padre, en una cronología de horror que empezó en enero, siguió en marzo con el homicidio y continúa ahora.
Ese solo hecho es tétrico, de espanto e indignante. Leamos parte de la nota presentada por El Diario el 22 de marzo cuando el padre del muchacho apareció muerto pero no se volvió a saber de él hasta ahora.
“El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la madrugada de este domingo dentro de un vehículo en el Periférico Camino Real… Fue encontrado a las dos de la mañana en el asiento posterior de un auto marca Focus… A la víctima se le apreciaron algunas heridas en el pecho, pero hasta el momento se desconoce si fueron ocasionadas con arma de fuego o arma blanca”.
Pasaron más de dos meses para conocer la identidad de la persona, de 34 años de edad: José Ángel M. M. La siniestra historia ahora sabemos que empezó al menos un par de meses antes; se originó con la detención de su hijo y fue ocultada por el Gobierno del Estado.
Oficialmente ayer la Fiscalía General estatal aclaró un poco las cosas en un comunicado. Explicó que los hechos adjudicados a los policías “ocurrieron la tarde del pasado 30 de enero del 2020, cuando los servidores policiacos a bordo de al menos tres unidades oficiales, ejercieron violencia sobre un menor de edad”.
El detenido fue llevado a un domicilio que fue saqueado por los policías. Se llevaron una caja fuerte, facturas, escrituras, pedimentos, joyería, dinero, botellas de alcohol, teléfonos celulares y hasta ropa. Ratearon sin misericordia, según la propia descripción de la Fiscalía.
Al muchacho le cargaron algo de droga y lo consignaron como vendedor de narcomenudeo. José Ángel M. M., interpuso la denuncia en la Fiscalía. Insistió en conseguir justicia por el robo y la detención de su hijo. Esto le costó la vida. En marzo su cuerpo fue abandonado en el Camino Real.
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El pasado 26 de mayo llenó el gobernador, Javier Corral Jurado, de medallas el pecho de su secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz, por la detención en Jiménez del jefe de La Línea en aquella región, Gibrán S.R. “El Fresa” o “El Mocho”, su novia Daniela y varios miembros más de la banda.
Bajo el suelo que ambos pisaban reventaba con el caso impune de los policías ahora detenidos. Ni Corral ni García pusieron la menor atención a la denuncia ni del robo ni de la posterior muerte de José Ángel. Ni cómo aceptar hoy su conducta apática y cómplice de ayer.
García Ruiz tomó el mando de la Secretaría de Seguridad precisamente en enero y con ella le fue conferida la jefatura de las fuerzas estatales o Comisión Estatal de Seguridad (CES), dirigida entonces por Óscar Aparicio Avendaño desde que Corral tomó protesta como gobernador, en octubre del 2016.
Los antecedentes de Aparicio al frente de las CES guardan relación con lo sucedido en Juárez: policías sentenciados por desaparición forzada, acusado por ligas con el crimen organizado, huachicoleo, arbitrariedades, etc…
Nadie sabe en qué momento pero ahora entendemos porqué desapareció de un día para otro el sureño jefe de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, Rafael Martínez Ruiz quien, junto con Aparicio, Corral y García Ruiz, conocían a detalle el expediente sobre el caso que hoy nos ocupa.
Podríamos mencionar en este contexto al fiscal general del Estado, César Peniche Espejel, pero su poder y su capacidad de maniobra fueron disminuidos desde que el gobernador le permitió a Aparicio imponer a Martínez Ruiz como jefe de Asuntos Internos y desplazar a quien le había antecedido y había mantenido a raya a los malos policías, Erika Jasso. La despidió personalmente el gobernador.
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El comunicado de prensa girado ayer por la Fiscalía no lo dice pero quien desarrolló la investigación, o mejor dicho, quien debió juntar los pedazos de información y rearmar el expediente, fue la Dirección de Asuntos Internos de la propia institución.
En algún momento de este año, no sabemos cuándo porque no hubo ni ha habido ningún boletín oficial, fue nombrada como nueva jefa de ese órgano, Edna Edith Alvídrez Manquero.
Ella forma parte de un cuadro institucional y excepcional de la Fiscalía que agarró vuelo y se formó bajo la estricta escuela de la exprocuradora, Patricia González Rodríguez. Fue condiscípula también de su antecesora Jasso. Tenemos una foto suya en la versión digital de La Columna.
Nada que ver Alvídrez entonces con los cuadros pasalones y negligentes que acompañan al gobernador en algunas áreas de asesoría jurídica y procuración de justicia.
Alvídrez tomó este y otros muchos casos que convenientemente tuvo abandonados Martínez con los primeros resultados descritos.
Desde luego es ahijada de alguien y responderá a los intereses del respectivo padrinazgo pero por ahora queda claro que no forma parte del equipo directo del gobernador y ello le permite actuar al menos con la autonomía básica para impedir que crezca la corrupción entre las corporaciones policiacas estatales.
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“Estamos juntos en el empeño de combatir a los enemigos de la paz”, dijo el gobernador Corral el 26 de mayo que colgó las susodichas medallas a su secretario de Seguridad por la detención de “El Mocho”.
Otros enemigos de la paz estaban atrás de sus espaldas y seguían trabajando en las calles como policías bajo su mando. El felicitado secretario recibió los aplausos sin ningún remordimiento, a sabiendas del terrorífico caso que él mismo se empeñó en ocultar.
Sería mucho pedir pero es evidente que si bien los policías fueron detenidos, la responsabilidad alcanzan con toda claridad al exjefe de Asuntos Internos, ahora localizable en una área similar del gobierno de Oaxaca; al exjefe de las CES, Óscar Aparicio Avendaño, hoy integrante del área de inteligencia de la Guardia Nacional en Chihuahua; al propio secretario de Seguridad, y en máxima instancia el gobernador.
Son muchos los delitos cometidos desde la detención del adolescente en enero y la posterior muerte de su padre, un par de meses después.
Hay autores materiales detenidos pero varios meses después de los sucesos y tras evidentes pretensiones de ocultarlos por parte de sus jefes. Ni modo que los 400 mil pesos y las joyas robadas al difunto y a su familia se las hayan repartido nomás los policías acusados.
