Eduardo Arredondo. Por años, el discurso oficial en Chihuahua insistió en que la seguridad fronteriza era una responsabilidad federal y que las decisiones sobre migración correspondían exclusivamente a la relación entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la aparición pública del memorándum firmado entre Texas y Chihuahua en 2023 demuestra que la realidad política iba por otro lado.
El documento, exhibido ahora por el propio gobierno estatal, confirma que la administración de María Eugenia Campos aceptó coordinar acciones directas con el gobernador texano Greg Abbott, uno de los personajes más duros y polémicos de la política estadounidense en materia migratoria.
No se trata de una fotografía diplomática ni de un simple acuerdo de cortesía. El memorándum establece compromisos concretos para reforzar vigilancia, intercambio de información y operaciones destinadas a contener tanto el tráfico de drogas como el paso de migrantes hacia territorio norteamericano.
La pregunta inevitable es por qué el documento permaneció prácticamente fuera del debate público durante tanto tiempo.
Mientras Abbott construía su narrativa política acusando al gobierno mexicano de no frenar la migración y desplegaba retenes, alambre de púas y operativos militares en la frontera, Chihuahua avanzaba paralelamente en una estrategia de cooperación que hoy genera incomodidad política.
Porque el tema no es únicamente seguridad. El fondo del debate tiene que ver con soberanía, presión internacional y el papel que juegan los gobiernos estatales mexicanos frente a las exigencias de Washington y Texas.
La administración estatal sostiene que el acuerdo busca proteger a Chihuahua del crimen organizado y fortalecer la seguridad regional. Sus críticos, en cambio, ven una subordinación política a la agenda texana y un intento por convertir al estado en muro de contención migratoria.
La revelación del memorándum también ocurre en un momento delicado: la migración continúa creciendo, el tráfico de fentanilo sigue siendo prioridad para Estados Unidos y la frontera norte permanece bajo tensión política permanente.
Lo cierto es que el documento ya abrió una discusión incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno estatal mexicano en acuerdos de seguridad con autoridades extranjeras? ¿Qué facultades reales se comprometieron? ¿Y quién supervisa esos compromisos?
Porque más allá de los discursos, el memorándum deja una señal clara: Chihuahua y Texas llevan años colaborando mucho más de lo que públicamente se reconocía.
¿Qué medidas de seguridad incluye el acuerdo fronterizo?
Para cumplir con el objetivo de sellar la frontera y evitar actividades ilícitas, el memorándum obliga al estado de Chihuahua a desplegar infraestructura tecnológica y policial de alto nivel. Entre las acciones más destacadas se encuentran:
Uso de drones en el Río Bravo
- Se establece el patrullaje aéreo no tripulado a lo largo de la frontera fluvial con Texas, con el fin de detectar y disuadir el cruce de migrantes indocumentados.
Monitoreo desde la Torre Centinela
- Se utilizará la infraestructura de este moderno complejo policial para vigilar estratégicamente el transporte de carga.
Rutas seguras de exportación
- La vigilancia se concentrará en las rutas que recorren los camiones de carga desde los complejos industriales hasta los cruces fronterizos, garantizando que no sean utilizados para el contrabando.
